| Según
varios medios, el constructor Enrique Ortiz podría haber obtenido
unos beneficios de al menos 80 millones de euros por la revalorización
de los terrenos que posee en diversos sectores de Alicante o la recalificación
de otros en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
la ciudad, al que el Ayuntamiento renunció hace unos meses. Así
se desprende de un informe remitido por agentes del Grupo de Blanqueo de
Capitales adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, al
que ha tenido acceso Efe.
Los agentes
entregaron en el juzgado una nueva remesa de informes que constatan las
supuestas irregularidades cometidas en la redacción del planeamiento
urbanístico, por las que están imputados el propio Ortiz
y los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre
una veintena de implicados. La Policía reitera en ellos que el constructor
dispuso de «información privilegiada» y accedió
a planos del PGOU antes de que éste saliese por primera vez a exposición
pública, en octubre de 2008, gracias a su «influencia»
sobre los citados políticos y un contacto con el arquitecto Jesús
Quesada, contratado por el Consistorio para la confección del plan.
Ese privilegio
le permitió supuestamente acaparar grandes cantidades de suelo en
sectores que iban a ser recalificados, para ser convertidos en urbanizables,
o en zonas que iban a ser catalogadas parque natural, por las que debería
ser compensado con mayores aprovechamientos o aumentos de edificabilidad
en otros lugares.
En un informe
se deja constancia de que Díaz Alperi cobró cerca de 189.000
euros de cinco empresas a través de una sociedad calificada por
los investigadores como «instrumental» y «sin ninguna
actividad», Andarx Business SL, por supuestos asesoramientos cuando
era diputado autonómico del PP. El constructor Enrique Ortiz también
está imputado en el 'caso Gürtel-Valencia'.
La Policía
reitera en los informes que el constructor dispuso de "información
privilegiada" y accedió a planos del futuro PGOU antes de que éste
saliese por primera vez a exposición pública en octubre de
2008, gracias a su "influencia" sobre los citados políticos y un
contacto directo con el arquitecto Jesús Quesada, contratado por
el Consistorio para la confección del plan.
Ese privilegio
le permitió supuestamente acaparar grandes cantidades de suelo en
sectores que iban a ser recalificados, para ser convertidos en urbanizables,
o en zonas que iban a ser catalogadas parque natural, por las que debería
ser compensado con mayores aprovechamientos o aumentos de edificabilidad
en otros lugares, de acuerdo con la investigación.
En uno de los
informes, que consta de casi 700 páginas, la UDEF repasa diversas
operaciones que reportaron o iban a reportar al empresario investigado
"pingües beneficios".
Entre estas
operaciones se encuentra la compra de terrenos en la partida de Aguamarga;
en el sector Cerámica-La Florida; la recalificación para
uso comercial del estadio José Rico Pérez, propiedad de su
firma dueña del Hércules, Aligestión Integral SL,
y sus terrenos en el sector Condomina-Torres de la Huerta.
Según
los documentos de los registros públicos, protocolos de adquisición
de parcelas y material informático intervenido durante los registros
de los domicilios y empresas de Ortiz, éste llegó a controlar
junto con sus socios de la extinta CAM, en su caso a través de una
sociedad participada por ésta, Dreamview, un conjunto de fincas
situadas en los saladares de Aguamarga que fueron compradas por 8,9 millones
y cuya valoración actual es de 22,5.
Por otro lado,
una finca ubicada en el sector La Cerámica-La Florida, pasó
a revalorizarse 9 millones de euros en apenas seis años, desde el
1,5 millones que costó en 2004 a los 10,5 millones calculados en
2010.
Aunque esta
zona no fue calificada como urbanizable en el nuevo PGOU, sí desapareció
en ella la superficie de protección especial de clase forestal,
lo que según la Policía "mantiene abierta la puerta a una
recalificación futura más plausible".
Los investigadores
también describen cómo el empresario acaparó suelo
entre los años 2004 y 2006 en otro sector, el de La Condomina-Torres
de la Huerta, en el que invirtió 70,7 millones de euros cuando era
rústico y que pasó a estar valorado en 127,5 millones tras
su reclasificación como urbanizable tras la aprobación provisional
del futuro planeamiento.
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