El equipo
de gobierno mantiene que el fallo "no tendrá consecuencias" para
los vecinos ni para el equipamiento, que alberga un supermercado y una
veintena de tiendas. "Es más una cuestión formal que de fondo",
tratan de tranquilizar desde el área de Urbanismo. "Los magistrados
consideran que las licencias de las viviendas y del centro comercial son
válidas y están consolidadas", sostienen. Sí reconocen,
no obstante, que los particulares podrían reclamar al promotor por
los daños y perjuicios causados. Ahora mismo, según fuentes
jurídicas, la última incidencia pasará a formar parte
de la historia registral de la parcela.
El Ayuntamiento
cree que las licencias de las 117 viviendas y los 10.000 metros cuadrados
de la superficie comercial están «legalizadas y consolidadas».
Estima que sólo habría que aprobar el trámite medioambiental.
Para ello habría que pasar por el Consejo Asesor de Planeamiento
y por el pleno, donde el PSE es ahora la segunda fuerza política.
El abogado del demandante, por su parte, mantiene que serán los
jueces los que determinen qué pasos proceden.
En opinión
del actual equipo de gobierno, la solución pasa por realizar de
nuevo los trámites ambientales y darles carta de naturaleza en pleno.
Aunque esta salida se ve también condicionada por el nuevo escenario
político resultante de las pasadas elecciones locales del 24 de
mayo.
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