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concretamente y en la línea defendida por el equipo de gobierno
desde hace tiempo de apoyar la llegada de Ikea pero no del macrocentro
comercial asociado al proyecto tal y como se presentaba inicialmente, el
informe pide a la Generalitat «modular» su magnitud y «reducir»
su uso comercial para «evitar desequilibrios territoriales».
Así, considera que debe ser el Parque Científico Empresarial
quien disfrute de esa superficie de suelo para que «realmente tenga
relevancia en la actividad económica del municipio» y se convierta
en «el verdadero eje vertebrador» de la ATE.
El ayuntamiento
estimaba que la documentación presentada, en lo referente a gestión
urbanística, tampoco cuenta «con el rigor ni las determinaciones
mínimas» necesarias para su ejecución, ya que ni siquiera
«se concreta de manera precisa cual es la administración responsable».
Por ello, exigía
que sea el ayuntamiento quien establezca los criterios a los que debe ajustarse
el proyecto, supervise su ejecución, que quiere se haga efectiva
en un plazo no superior a 10 años, y tramite y apruebe el proyecto
de urbanización.
Para los sistemas
viarios se señala la necesidad de integrar los accesos propuestos
en el sistema viario de la ciudad y conectar la rotonda de la A-77/A-70
con la Vía Parque.
En lo que se
refiere al área de Atención Urbana, el informe cifra en 5,6
millones de euros al año los costes de mantenimiento a asumir por
el ayuntamiento, lo que supondría un incremento del 8,65 por ciento
en la partida destinada a esta concejalía, que ha contado en 2015
con más de 65 millones.
También
considera obligatorio ante cualquier tramitación posterior la redacción
de tres proyectos técnicos con carácter independiente al
proyecto de urbanización: un parque público metropolitano,
jardines y zonas verdes y un proyecto de abastecimiento y red de riego
con agua regenerada.
Por su parte,
el área de Comercio considera que la falta de determinación
de la distribución de los espacios comerciales hace «imposible»
realizar un «análisis riguroso y exhaustivo de las consecuencias»
de la ATE.
Para hacer
viable el proyecto, el ayuntamiento proponía modificar las formas
de gestión del mismo, contemplando fórmulas público-privadas
para el parque metropolitano previsto, entre otros puntos.
También
solicita, como garantía de efectividad, el compromiso firme de Ikea
u otras firmas de que se implantarán dentro del ámbito de
actuación de esta ATE.
Como sugerencia,
plantea un área comercial basada en «centros de tamaño
medio o grande con marcas reconocidas y especializadas que no repliquen
la oferta existente», es decir, diseñar un proyecto comercial
basado en «formatos diferenciadores».
En esta semana,
la organización Ecologistas en Acción ha presentado un denso
documento de alegaciones contra el proyecto de actuación en la zona
de Rabassa en Alicante, donde insiste en diversos aspectos para rechazar
este proyecto en su globalidad. De principio ya rechazan que el proyecto
de Alicante Avanza cumpla con los requisitos que establece la Ley para
que sea considerada como una Actuación Territorial Estratégica
ya que consideran que no reúne todos los requisitos exigidos por
la normativa vigente. Entre otros incumple, según los ecologistas,
varias directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana,
«al promover un urbanismo disperso y la implantación de un
terciario comercial alejado del casco urbano y de los principales nodos
del transporte público», según han hecho público
en un comunicado.
Como aspecto
destacado consideran muy deficiente la descripción y estudio de
los valores naturales, flora y fauna y una deficiente elaboración
del inventario ambiental y territorial presente en el sector. La inclusión
en el sector de las Lagunas de Rabassa no está justificada, sino
es como «treta» de Enrique Ortiz para conseguir las parcelas
más apetitosas del sector (las que acogerían el macrocentro
comercial) en el proceso de reparcelación. Aportan diversas referencias,
bibliografías y estudios propios que pretenden contrarrestar lo
que consideran un menosprecio de los valores naturales de la zona, que
no estudiarían en profundidad la presencia de especies y hábitats
de interés europeo (hábitat 1510 estepas salinas mediterráneas).
También incluyen la deficiente consideración de las relaciones
ecológicas con otros espacios mediante el estudio de corredores
naturales o ecológicos, denunciando una "visión urbanita
y mercantilista del espacio, e incompatibilidad manifiesta de la propuesta
de un Parque Metropolitano de las Lagunas de Rabassa con la conservación
de los valores naturales". Por el contrario defienden la inclusión
de esa zona en el Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas y
su declaración como Paraje Natural Municipal.
Otro problema
ambiental destacado sería el Estudio Acústico, ya que, según
Ecologistas en Acción, plantean que los límites de los niveles
sonoros que se imponen en el Estudio Acústico 65 dB(A) durante el
día y 55 dB(A) durante la noche, son los que proceden de la Ley
de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica, cuando existen unos límites más estrictos
en la Normativa Urbanística del PGMOU y en una Ordenanza Municipal
del Ayuntamiento de Alicante (Ordenanza Municipal sobre protección
contra ruidos y vibraciones ).
Ecologistas
en Acción no sólo denuncia las deficiencias en el aspecto
ambiental sino que entra a cuestionar otros aspectos como la necesidad
de la implantación de más superficies comerciales con comercios
de atracción en el espacio metropolitano Alacante-Elche ya que la
ATE no justificaría la necesidad de una nueva implantación
terciaria-comercial en la ciudad de Alicante. Además, plantean que
la ATE de Alicante Avanza no es de interés general y que los
datos que se presentan de creación de centenares de puestos de trabajos
directo y miles indirectos no se contrastan con la pérdida de empleo
que se produciría en el comercio de proximidad, además de
que la calidad del empleo creado sería muy deficiente, por su precariedad
y malas condiciones laborales. Así pues, concluyen que el ATE de
Alicante Avanza para la implantación de Ikea en Alicante no estaría
justificado en base a la creación de empleo duradero y de calidad,
ya que quedaría demostrado la volatilidad y precariedad del empleo
creado por esta multinacional, sujeta a las ventas en términos globales
por el conjunto de centros, la destrucción de empleo en las zonas
urbanas de Alicante y San Vicente del Raspeig separadas del centro comercial
y la falta de correlación entre producción y venta con la
creación de empleo.
Ecologistas
en Acción, desde una perspectiva global también denuncia
que el estudio presentado no evalúa de forma correcta la «huella
de carbono» de la actuación, planteando que uno de los contenidos
del estudio habría de ser el estudio de los principales y probables
efectos significativos sobre el medio ambiente, y entre ellos está
«su incidencia en el cambio climático, en particular, una
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa».
Ya que, uno de los principales impactos ambientales de la implantación
de grandes superficies comerciales alejadas de los cascos urbanos de las
ciudades es la emisión de gases de efectos invernadero debido al
aumento de la movilidad que induce y a que la mayoría de los nuevos
desplazamientos serán en vehículos motorizados. La "huella
del carbono" real del ATE en la fase de funcionamiento calculadas por Ecologistas
en Acción (110.000 t) casi triplicaría las estimaciones del
ATE (39.000 toneladas de CO2/año).
Precisamente
con respecto a la movilidad, los ecologistas consideran que es contradictorio
con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Ayuntamiento
de Alicante, ya que la aprobación de la ATE supondría ahondar
las patrones de movilidad insostenible de la ciudad de Alicante y sería
contradictoria con la Ley de Economía Sostenible y con la Ley Valenciana
de Movilidad.
Finalmente,
también plantean que la creación de un nuevo Parque Científico
Empresarial en el ATE Alicante Avanza sería innecesario al existir
un proyecto propio de la Universidad de Alicante en terrenos de su ampliación,
que ese proyecto privado duplicaría de forma innecesaria las posibles
instalaciones y perjudicaría gravemente el proyecto público
de la Universidad y Ayuntamiento de Alicante que ya está en pleno
desarrollo.
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