La Gerencia
Municipal de Urbanismo ya había recibido toda la documentación
necesaria para iniciar la modificación puntual del Plan Especial
del Puerto de Sevilla, en sus áreas AP5 y AP18: los informes de
diferentes administraciones públicas solicitados y la contestación
a todas las alegaciones presentadas, incluida la de CLH. No obstante, fuentes
municipales aseguraron ayer que resolver una alegación que se refiere
a riesgos industriales es competencia de la Junta de Andalucía.
El alcalde
de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que Sevilla Park constituye
un «proyecto estratégico» para la ciudad y considera
que el siguiente paso para su desarrollo lo ha de dar la Junta de Andalucía,
«que es la competente en seguridad», para analizar la posible
afectación de la cercanía de las instalaciones de CLH. Insiste
en que es un proyecto «estratégico» para la ciudad,
que se ha estado tramitando «en silencio, de la mano del Puerto de
Sevilla». Zoido insiste en que «el problema de seguridad no
es del Ayuntamiento, sino de la Junta, que habrá de analizar si
se preservan o no las condiciones de seguridad».
El argumento
que ha llevado al Ayuntamiento a frenar esta iniciativa privada, la seguridad,
ya parecía salvado con un informe de la Abogacía del
Estado y también del Puerto. El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria
mantienen posiciones contrarias sobre la compatibilidad del complejo de
ocio y las instalaciones de la compañía de hidrocarburos.
Un informe de la Gerencia de Urbanismo planteó en junio de 2014
que había que justificar esta convivencia, mientras que el Puerto
resolvió el pasado mes de julio que no había problemas de
seguridad y recordó que, de hecho, en la zona ya hay viviendas cercanas
en la avenida Juan Pablo II y que allí se celebra la Feria, sin
que se haya cuestionado la seguridad en ningún momento.
Ante este conflicto
de intereses, pues CLH había alegado que su instalación
es de interés general y es estratégica, una única
alternativa sería una expropiación para propiciar el traslado
de la compañía con la que se habrían entablado unas
primeras conversaciones para una posible mudanza a suelos portuarios del
Cuarto, más al sur. Según ha podido saber este periódico,
CLH pretendería salir indemne de este proceso.
La empresa
apunta en su alegación que ya hay un plan de emergencia aprobado
en 2009 y que habría que fijar una distancia de 40 metros para garantizar
la seguridad, un perímetro que se respeta según los informes
técnicos. La Autoridad Portuaria opina que estos suelos del Puerto
han quedado sumidos en una zona urbana, donde se están proyectando
actividades compatibles, y que si la compañía considera que
debe haber un mayor círculo de seguridad sería más
lógico negociar un traslado o ampliar sus suelos.
El trámite
se inició en abril de 2014, cuando el Puerto solicitó formalmente
al Ayuntamiento la modificación puntual de su plan especial y se
dio a conocer la iniciativa. En julio se aprobó el documento inicial
y se abrió el periodo de información pública. Durante
el proceso, el proyecto recibió cuatro alegaciones, una de ellas
favorable, que se resolvieron en seis meses. Quienes alegaron en contra
fueron Ecologistas en Acción, el arquitecto José García
Tapial y CLH. El Puerto también aportó informes, todos favorables,
de la Junta de Andalucía, desde las consejerías de Medio
Ambiente a Fomento, Comercio, Turismo y Ordenación del Territorio.
Y ya el abogado del Estado había informado positivamente sobre el
proyecto. Una salvedad reseñada en varios de los informes, incluido
uno de Urbanismo, es la necesidad de un plan de movilidad que facilite
la circulación y los accesos. Una cuestión que habría
que resolver en los sucesivos trámites.
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