| La superficie
de actuación del convenio, suscrito el 4 de noviembre de 2005, era
de 1,1 millones de metros cuadrados y como en los casos anteriores, otros
tres convenios para construir residenciales en las pedanías de Coy,
Aviles, Zarcilla de Ramos y Almendricos, los jueces obligan al consistorio
a devolver el dinero porque el desarrollo del convenio no salió
adelante en los tres años siguientes a su firma.
Estos cuatro
convenios forman parte de un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno
municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado
para desarrollo urbano en el que construir 87.000 viviendas y de los cuales
ninguno llegó a desarrollarse. Los convenios fueron aprobados en
solitario por el PSOE, que entonces gobernaba con mayoría absoluta,
y en el pleno el PP se abstuvo de la votación e IU-V votó
en contra.
Desde 2013
estos convenios han vuelto a primer plano de la actualidad local después
de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar por
la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza
(un 40% del total) a la firma del acuerdo.
El ayuntamiento
recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos acuerdos,
pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos
los trámites urbanísticos en un plazo de tres años
y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma
de los intereses y de las costas judiciales.
Estos convenios
está siendo investigado de oficio por la Fiscalía de la Región
de Murcia, que en diciembre de 2013 abrió "diligencias de investigación
penal" en torno a las posibles irregularidades de aquellos acuerdos. Las
cuatro sentencias judiciales condenatorias obligan al ayuntamiento al pago
de 1,2 millones de euros.
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