| Estos convenios
garantizan a los afectados por las órdenes judiciales de demolición
la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto,
una indemnización fijada por un árbitro independiente, y
el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández , ha destacado que buscan "un equilibrio" entre
los derechos de los propietarios de las casas y los intereses de la Administración.
El consejero
ha explicado que la cuantía de las posibles indemnizaciones económicas
aún no se ha valorado, ya que ese trámite se abordará
con posterioridad, en el momento oportuno, según avancen los procesos.
Fernández
ha reconocido que, pese a que se han aprobado estas propuestas de convenio,
aún quedan "flecos" en el caso de las 17 viviendas de Cerrias que
han de demolerse, porque la idea es presentar a la Justicia un planteamiento
que conjugue distintos intereses de vecinos, y para unas casas de Argoños
cuyo derribo es responsabilidad exclusiva del Consistorio.
Pero para el
Gobierno de Cantabria , "el núcleo del problema ha quedado prácticamente
resuelto" en virtud de las 350 propuestas de convenio aprobadas por el
Consejo de Gobierno y gracias a las 450 autorizaciones provisionales.
Fernández
considera que se resuelve "el problema social de las familias", mientras
que el económico "queda encauzado" esta legislatura que está
a punto de terminar y quedaría la decisión de los jueces
sobre las autorizaciones provisionales y las licencias.
Las propuestas
de convenio que ha ido aprobando el Consejo de Gobierno se refiere a sesenta
viviendas de La Arena (Arnuero), que no pueden legalizarse, y a otras 30
del edificio Las Torres (Escalante), que tienen ya autorización
provisional y que se quieren regularizar con el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana.
Estos dos supuestos
de Arnuero y Escalante suponen los dos modelos de convenios que se están
impulsando, distinguiendo entre urbanizaciones que se van a tener que derribar
y las que se espera poder legalizar.
A los propietarios
de las primeras, el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa
de características similares a la suya y, si no cumple con ello,
les indemnizará por el importe que fije un tasador independiente.
Además
de La Arena, en Arnuero, los casos en los que no se va a poder eludir la
demolición con las 17 viviendas de Cerrias y unas casas de Argoños
del Camino del Portillo.
En el segundo
supuesto -el del modelo de Escalante- se espera poder dar nueva licencia
a las viviendas conforme a nuevos planeamientos, y si esta intención
no prospera se ofrecerá elegir entre la sustitución de vivienda
por vivienda o por una indemnización fijada por un perito independiente.
Éste
es el caso de Escalante y también de la inmensa mayoría de
las viviendas de Argoños y de otras de Piélagos.
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