Además,
el cambio de la ley facilitará tener más seguridad jurídica
en el planeamiento territorial, de tal manera que el Cabildo podrá
continuar la aprobación de los planes territoriales que ha iniciado
ya, sin tener que incluirlos en el Plan Insular de Ordenación del
Territorio (PIOT).
La consejera
insular de Planificación Territorial, Pino de León, explicó
que se trata de instalaciones que, aunque tienen esos permisos "en vigor",
sus camas no fueron autorizadas a lo largo del tiempo, de ahí que
calificara las construcciones como alegales.
A este problema
se suma que los parámetros turísticos sectoriales "han cambiado"
con los años y la normativa ahora reformada establecía que
para acogerse a los incentivos por la renovación de los complejos
había que cumplir esos requisitos. Como se trata de hoteles y apartamentos
con licencias urbanísticas concedidas antes de 2001, la responsable
del área especificó que los alojamientos "no los podían
cumplir" por ser simplemente edificaciones.
Como tampoco
podían beneficiarse de esas ayudas, se producía "un círculo
vicioso por el que los empresarios no querían mejorar sus instalaciones".
La opción que quedaba era cerrar los negocios "con el consiguiente
impacto negativo en el empleo", añadió el presidente del
Cabildo, para posteriormente citar como ejemplo la urbanización
Ten Bel, en Arona.
La cuestión
era que la Ley Turística imponía el cumplimiento de los estándares
urbanísticos actuales a pesar de que muchos hoteles y apartamentos
fueron construidos con planeamientos de ordenación anteriores, y
"obligarlos a cumplir eso era imposible". Por este motivo, "se prefiere
que inviertan o amplíen la categoría" de los establecimientos,
facilitándoles además "obtener la licencia definitiva tanto
urbanística como de explotación", añadió Carlos
Alonso.
En la normativa
turística, además, también se han incluido modificaciones
que permiten agilizar los planes territoriales aprobados inicialmente por
los cabildos y sometidos a consulta. Pino de León informó
al respecto que con los cambios de la Ley Territorial lo seis instrumentos
que se tramitan en la Isla no podían seguir desarrollándose
a pesar de los "esfuerzos humanos y de recursos" que implican. Pero la
reforma de una de las disposiciones posibilita ahora que esos instrumentos
puedan seguir su curso ampliándose el plazo de uno a dos años,
lo que supone "un avance importantísimo", subrayó.
Esto significa
que los planes de los trenes del Norte y del Sur, el de transporte, el
del Complejo Ambiental de Arico, el Plan de Telecomunicaciones o el Plan
Territorial Especial de la Plataforma Logística del Sur deberán
aprobarse definitivamente antes de ese plazo sin que se tenga que someter
a revisión el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).
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