| La mayor parte
de estos convenios urbanísticos fueron impugnados judicialmente
por el Partido Popular de Almuñécar, comunidades o ciudadanos
y, salvo aquellos que no se admitieron por motivos formales, «todos
los convenios urbanísticos han sido anulados», según
informan desde el actual gobierno municipal, que señala que ya hay
más de quince sentencias firmes que declaran nulos de pleno derecho
esos convenios. Otros tantos procesos están pendientes de ser resueltos
pero son idénticos a los que ya se han juzgado.
Como Almuñécar
no ha aprobado un Plan General de Ordenación Urbana en estos diez
años, no puede cumplir ni uno solo de esos convenios apalabrados
al futuro y por eso particulares y promotoras están reclamando los
importes entregados al Ayuntamiento.
El portavoz
del grupo popular en el Ayuntamiento, Juan José Ruiz Joya, recordó
que el PP ya avisó de estos convenios en 2005 y que los denunció.
«Ahora la justicia no ha dado la razón al Consistorio y la
manera de gestionar de Juan Carlos Benavides va a suponer la ruina de muchas
familias, que pidieron préstamos para hacer frente esos pagos por
adelantado, y la ruina del propio Ayuntamiento que tendrá que pagar
ahora ocho millones de euros». Para Ruiz Joya no hay justificación
para «gastar el dinero antes de unas elecciones municipales a lo
loco» y se teme que ahora todos los almuñequeros tendrán
que pagar por aquellos convenios que la justicia está anulando.
El Partido
Andalucista de Benavides explica que los acuerdos «fueron consecuencia
directa de los convenios de planeamiento aprobados por el pleno con los
votos andalucistas y populares. En ellos se contemplaba la adquisición
por los propietarios de los terrenos del 10% de aprovechamiento que le
corresponde al Ayuntamiento». Para garantizar dicho acuerdo, «los
propietarios adelantaron el 5% de su importe, que fue destinado íntegramente
a las inversiones en equipamientos e infraestructuras contemplados en los
mismos, según evidencian los informes emitidos por la intervención
municipal», recuerda el PA.
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