| En el caso
de Málaga, en el ámbito del Guadalhorce, el expediente ha
recibido el rechazo de la práctica totalidad de los parques empresariales
del lugar así como de negocios y propietarios de naves y suelos
a título particular, incluidos empresarios de Mercamálaga.
«El valor
de nuestro patrimonio ha caído y caerá todavía más
cuando se apruebe definitivamente el plan que contiene el peligro de inundación.
Eso repercute negativamente, por ejemplo, a la hora de poder avalar un
préstamo», explicó Sergio Cuberos, presidente de Apoma.
Asimismo, denunció que todo esto les obligará a contratar
seguros especiales de responsabilidad civil para poder desarrollar su actividad
en unos sectores con riesgo de inundación.
Los polígonos
Guadalhorce, Santa Teresa, Villa Rosa, La Huertecilla, Santa Cruz, Azucarera
y Santa Bárbara, que agrupan a más de tres mil empresas y
dan empleo a más de cuarenta mil personas, han presentado alegaciones
al plan de riesgo de inundaciones solicitando que se anule puesto que consideran
que debería fundamentarse en unos mapas de peligrosidad que aún
no han sido aprobados, que falta información técnica en función
de la cual podrían permitirse edificaciones o no, y que no se prevén
medidas correctoras concretas para revertir el peligro de inundación.
Las alegaciones
presentadas consideran que los estudios en los que se basa el expediente
carecen de rigor puesto que no tienen en cuenta las últimas obras
hidráulicas realizadas, como el encauzamiento de los arroyos Merino,
Carambuco y Prado Jurado, que finalizaron en 2012 con una inversión
de más de seis millones de euros.
El presidente
de Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio
Cuberos, resaltó que la situación que padecen desde que el
Gobierno andaluz está tramitando y tomando en consideración
para sus informes los mapas de inundabilidad del Guadalhorce «es
muy grave». «Ya ha habido inversores que, al conocer la situación
administrativa que tenemos encima, se han echado para atrás a la
hora de desarrollar proyectos que querían implantar aquí.
El riesgo de inundación que la Junta atribuye a nuestros suelos
es un freno total para las inversiones», remarcó Cuberos,
quien consideró que la Junta de Andalucía «debe tomar
conocimiento del problema que se ha generado y los partidos políticos
tienen que moverse para buscar soluciones».
Una de las
cuestiones que más preocupa a los empresarios y propietarios de
suelos de las zonas afectadas por el riesgo de inundación que maneja
el Gobierno andaluz es qué va a implicar su confirmación
oficial para las edificaciones que ya existen. Resulta claro que, a no
ser que se ejecuten proyectos para evitar el riesgo de inundación,
gran parte de los suelos que todavía no se han desarrollado tendrán
que considerarse por el momento como no urbanizables. Pero ¿qué
sucede con lo que ya está construido desde hace años? En
la Gerencia Municipal de Urbanismo entienden que únicamente podrán
concederse permisos para obras que supongan una conservación o mantenimiento
de lo que existe, pero no para ampliaciones o construcciones nuevas. No
obstante, ello dependerá de que la zona en cuestión se vea
afectada por un determinado periodo de retorno o de probabilidad de avenidas.
Así, por ejemplo, para un periodo de 50 años no se permite
construcción alguna, y en el de 100 años, solo en función
del calado y la velocidad del agua, parámetros que aún no
se han definido exactamente por parte de la Administración regional,
según critican desde la Asociación de Polígonos.
Las actuaciones
más prioritarias son la adaptación del puente de la Azucarera
a la obra de encauzamiento de la desembocadura que se hizo hace una década,
una asignatura aún pendiente que merma considerablemente la eficacia
de esta actuación en la que se gastaron casi cien millones de euros;
la construcción de la presa de Cerro Blanco (río Grande)
prevista en el Plan Hidrológico Nacional, el encauzamiento del arroyo
Campanillas y la reparación del canal del encauzamiento en la margen
izquierda del Guadalhorce, cuestión que también perjudica
a la capacidad de desagüe de toda la zona.
El concejal
de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, también
ha presentado una alegación rechazando, entre otras cuestiones,
que se tome en consideración un riesgo de avenidas de 500 años
para prohibir construcciones.
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