Según
el concejal de Urbanismo, Darío Dolz, "es un paso fundamental para
que, por fin, podamos desbloquear las obras de este aparcamiento que se
empezó a construir en la anterior legislatura y solucionar así
el problema que están padeciendo vecinos y comerciantes de la zona
desde que la empresa paralizó en mayo de 2012, no por problemas
económicos con el Ayuntamiento, sino por descuerdos en torno a la
titularidad del suelo".
Dolz "va a
enviar un último requerimiento urgente a la empresa para que de
forma inmediata retome las obras"; De lo contrario, anunció que
el Consistorio "emprenderá todas las acciones necesarias para reclamar
a la empresa daños y perjuicios, rescindirá el contrato y
encargará un proyecto para restituir el patio del IES Alfonso VIII
y la calle Astrana Marín".
Este contencioso
se inició en noviembre de 2012, cuando "Sogecom S.L." interpuso
ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Cuenca un recurso
contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, solicitando que se considerase
nulo el contrato de concesión para la construcción y explotación
de un aparcamiento en el subsuelo de la calle Astrana Martín, firmado
por el Equipo de Gobierno del PP en julio de 2010, por incompetencia municipal
sobre la superficie del terreno objeto de la concesión. La empresa
solicitó una indemnización de más de cinco millones
de euros.
El 22 de abril
de 2013, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cuenca
concluyó que "tal declaración de nulidad pretendida no es
procedente, por cuanto el Ayuntamiento de Cuenca, en el pliego de condiciones,
refiere que los suelos propuestos para el desarrollo de la concesión
de obra pública son puestos a disposición del Ayuntamiento
por medio de un convenio de cesión formalizado con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha". Además, añadía que "los participantes
en el procedimiento debían conocer que el Ayuntamiento no era titular
de parte de dichos terrenos y que lo que existía era esa simple
puesta a disposición". Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha ha ratificado ese fallo.
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