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EJECUCIÓN DE SENTENCIAS URBANÍSTICAS EN GALICIA.
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales. Un tema que se analiza en esta guía es la ejecución de sentencias de demolición por parte de los ayuntamientos. La estrategia común es recurrir y pasar la patata caliente al siguiente alcalde. El caso del derribo del edificio Fenosa en A Coruña se enfrenta a un plazo judicial de  seis meses para que el Concello redacte y apruebe el proyecto para la demolición, ordenada en sentencia firme. 
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¿Pero es real?. El demandante señalo que ya en mayo 2012, la misma sala había establecido un tope temporal claro, noviembre del mismo año, para ejecutar el fallo, plazo del que nada se sabe dos años y cinco meses después.

Para el demandante, el fallo incurre en una "radical contradicción" con la anterior resolución del mismo tribunal el 24 de mayo de 2012, que sentenciaba: "llegado el día 15 de septiembre de 2012 sin que se hubiera otorgado la licencia de legalización, se ordenará la demolición de las obras de rehabilitación para que el edificio quede en la situación en la que se encontraba antes del otorgamiento de la licencia anulada".

El nuevo auto desestima la petición de suspensión de ejecución presentada por la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento hasta que el Tribunal Constitucional ponga fin judicial a la situación del inmueble de Fernando Macías. Sin embargo, recuerda el demandante, no resuelve su petición de que se les impongan las costas, pese a "que la ley es clarísima al respecto".

A pesar de que la última sentencia rechaza sus argumentos, el Gobierno local persiste en mostrar un discurso de satisfacción por el resultado en el Tribunal Superior. El edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado, que asegura desconocer de qué tipo son las obras que habrá que hacer, manifiesta que estas darán "tranquilidad" a los vecinos. Ante sí, la perspectiva de que los propietarios del edificio puedan emprender acciones en los juzgados para pedir ser indemnizados, con una nueva carga millonaria para las arcas públicas, de no revertirse sobre la constructora y los actores políticos que dieron origen a la situación de ilegalidad.

"Serán las obras que haya que hacer, algunas serán de demolición, otras de construcción o reconstrucción... Lo que ha dicho el tribunal es que hagamos un expediente de legalización, que es el que dirá las obras que hay que hacer", respondió el concejal en Radio Coruña, que se negó a hablar con este diario, al igual que el número dos y portavoz del Gobierno local, Julio Flores, después de que sí atendieran a otros medios de comunicación a lo largo de la mañana. El auto de los magistrados en ningún momento habla de proyecto de legalización sino de "demolición de las obras de rehabilitación". Fernández Prado sostuvo en COPE Coruña que el fallo, aunque en contra de lo que solicitaban, darán "tranquilidad" a los residentes y "el resto de ciudadanos" porque van a estar "ejecutadas y validadas" por el tribunal. "El edificio quedará legalizado y los residentes quedarán tranquilos", augura.