27
de febrero de 2015
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EL AVAL
DEL ESTADO QUE FINANCIÓ LAS RADIALES
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conocimiento en valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de financiación de infraestructuras.
Hay padres que avalan a sus hijos al comprar un piso y acaban pagando el
piso. Esto es lo que puede suceder al estado por haber avalado a las concesionarias
de las autopistas. El problema que tiene Fomento es que, si liquidan las
concesionarias de las autopistas, el Estado tendría que afrontar
la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA),
con lo que tendría un problema con Europa ya que 4.000 millones
de euros (como mínimo) se contabilizarían como deuda pública.
Fomento no consigue convencer a Hacienda y el asunto sigue encallado. Por
otra parte, Ferrovial, OHL y Abertis están en contra de la liquidación
porque causaría una mala imagen en el exterior para el sector. Los
grandes acreedores, que son bancos especialmente con los extranjeros (ING,
BES o Credit Agricole), no quieren ni hablar de quitas y prefieren pleitear
y recuperar todo lo prestado. Fomento, a través de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) firmó un convenio
que incluía quitas excesivas, así que los acreedores contrarios
fueron al juez y ya tienen un auto que en la práctica hace imposible
una solución extrajudicial.
Herramienta
práctica > Guías
prácticas
El Gobierno
aprobó el año pasado una reducción de la Responsabilidad
Patrimonial de la Administración (RPA) en aquellas concesiones de
autopistas en las que Fomento se vea obligado por los tribunales a pagar
expropiaciones por la insolvencia de las concesionarias. La ministra, Ana
Pastor, explicó tras al Consejo de Ministros que se trata de "no
pagar dos veces la compra de suelo".
El sobreprecio
por las expropiaciones, la caída del tráfico y la construcción
de vías paralelas gratuitas son los factores que han contribuido
a la quiebra de las autopistas. Los propietarios de los terrenos ganaron
ante los tribunales justiprecios que disparaban los costes inicialmente
previstos.
La RPA es un
derecho de cobro en caso de liquidación de los contratos concesionales.
Los beneficiarios son los accionistas de las concesionarias, pero pignoraron
la propia RPA como garantía para obtener los créditos que
sirvieron para construir las autopistas. Por tanto, los destinatarios finales
son los bancos que financiaron los proyectos, entre ellos el Santander,
BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell.
La responsabilidad
patrimonial de Fomento en caso de liquidación de las nueve autopistas
en concurso supera los 4.000 millones de euros. El Gobierno también
se plantea restar a la RPA los créditos participativos y cuentas
de compensación. Con estas decisiones, el Gobierno reduciría
la factura a 2.000 millones si las nueve autopistas acaban en liquidación.
El juzgado
de lo Mercantil nº6 de Madrid ha dictado un auto contra el convenio
diseñado por Seittsa para evitar la liquidación de la concesionaria
Accesos de Madrid (Radial 3 y 5). El problema es que incluye quitas de
deuda de entre el 50% y el 100%, para crear una empresa nacional de autopistas.
El auto concede a Fomento dos meses para subsanar graves errores y exige
que se acredite que el Consejo de Ministros autoriza la financiación
de la propuesta para adquirir en concesión las ocho autopistas en
crisis. En detalle, autorización del máximo órgano
de decisión del Gobierno o por el Ministerio de Hacienda para emitir
deuda a 30 años destinada a reestructurar el pasivo de las sociedades
concesionarias. En la práctica el gobierno buscará la solución
más barata que conlleva no liquidar, sin embargo la banca internacional
acreedora prefiere liquidar y trasladar el problema de la responsabilidad
al Estado
Seittsa que
presente autorización del Consejo de Ministros
El juez también
obliga a rectificar la quita sobre el 100% de la deuda de los acreedores
subordinados/accionistas (Abertis, ACS, Sacyr y Bankia), que asciende a
57 millones, y la abone íntegramente.
Se requiere
a Fomento a subsanar nueve defectos de su propuesta, lo que pone de manifiesto
la precipitación y el trabajo incompleto del Gobierno a la hora
de presentar su propuesta de convenio a finales de noviembre de 2014.
La resolución,
que es recurrible por la Abogacía del Estado, indica que el Gobierno
debe ser más claro a la hora de fijar el instrumento (bono a 30
años) con el que va a pagar a los acreedores determinando “su valor
nominal, nacionalidad, rendimiento”.
ANTECEDENTES
15 de enero
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
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JORNADAS
inmoley.com SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
(RPA) EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE.
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conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com de la obra pública y guía de expropiaciones urbanísticas.
La responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en las
autopistas de peaje afecta a los supuestos en los que el Estado se vea
obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas
de peaje por el impago de la concesionaria en concurso.
Herramienta
práctica > Guías prácticas
El sobrecoste
de las expropiaciones, la crisis y la existencia en muchas ocasiones de
carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias
autopistas de peaje al concurso de acreedores.
Es el caso
de las cuatro autopistas radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), del Eje
Aeropuerto; de la AP41, que conecta Madrid y Toledo; la AP36, que discurre
entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia)
y Vera (Almería).
Fomento
negocia desde hace tiempo con constructoras, concesionarias y entidades
financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa
Nacional de Autopistas (ENA).
Inicialmente,
el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase
el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante sería
controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
(Seittsa).
Los sobrecostes
en las expropiaciones y las compensaciones por la caída del tráfico
suman 1.260 millones y si se imputa directamente al RPA afecta al déficit
público, ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a
Bruselas.
La solución
pasa por los bancos acreedores ya que los accionistas de las empresas cedieron
los derechos de cobro a las entidades en garantía por los préstamos
con los que construyeron las carreteras.
El Ministerio
de Fomento sigue sin dar una solución al problema de las autopistas
en quiebra y 2014 ha concluido sin acuerdo.
Estando
el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la secretaría
de Estado de Infraestructuras se planteó la quita del 50% sobre
los casi 5.000 millones de euros de deuda que arrastran las autopistas
y negociar el tipo de interés que debe fijarse para devolver la
deuda en 30 años. El interés que devengará esta deuda
se sitúa entre el 1,1% que está dispuesto a reconocer Fomento
y el 2% que como mínimo reclaman los bancos extranjeros.
El problema
que tiene Fomento es que, si dejan quebrar las autopistas, el Estado tendría
que afrontar la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA), con lo que los 4.000 millones de euros se contabilizarían
como deuda pública.
Ferrovial,
OHL y Abertis, tres de las constructoras implicadas, se han mostrado totalmente
en contra de la liquidación, ya que consideran que sería
una decisión que aportaría una mala imagen para el sector.
Máxime cuando todas las empresas afectadas están presentes
en el extranjero y gestionan otras autopistas en Canadá, EEUU, Latinoamérica
y Europa donde, en ningún caso, se ha producido una situación
similar.
Ahora Fomento
quiere unificar la solución, pero ninguna de las autopistas tiene
la misma deuda, tampoco el mismo tráfico e incluso la financiación
extranjera es diferente.
El caso
es que esta fórmula permite unificar todos los concursos de acreedores
de las ocho autopistas de peaje en un solo juzgado de Madrid y al tener
que votarse las propuestas de convenio a la vez, es posible que los concursos
de acreedores se retrasen hasta 2016.
A finales
de 2014, el Ministerio de Fomento comunicó por escrito el rechazo
a la última propuesta realizada por la banca acreedora que, a cambio
de aceptar una quita y de reestructurar la deuda actual en bonos, pedía
una remuneración equivalente al bono español a 30 años,
actualmente situada por debajo del 3%. La oferta del Ministerio de Hacienda
limitaba la rentabilidad al 1%. Los bancos internacionales, entre los que
figuran ING, BES o Credit Agricole, se niegan a aceptar un descuento tan
grande e igual para todos. La principal garantía de estas entidades
es la RPA en caso de que el activo entre en liquidación.
Si no hay
acuerdo, y se inicia una liquidación ordenada de los activos, responsabilidad
estatal podría ascender 5.700 millones. Esta cantidad sale de la
suma de las garantías contractuales (Responsabilidad Patrimonial
de la Administración) y de sucesivas medidas de apoyo que el Gobierno
aprobó por ley (préstamos participativos y cuentas de compensación).
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