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SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ESPAÑOLES ANTE LOS TERREMOTOS.
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com de ingeniería de la edificación. La USGS o la NASA advierten de que las actividades industriales, extractivas, inyecciones de fluidos, las grandes infraestructuras y los agresivos cambios en los patrones hídricos y climáticos provocan perturbaciones en la corteza que tarde o temprano se reajusta y lo sentimos como terremoto. La Norma de Construcción Sismorresistente es la normativa que regula la construcción de estructuras sismorresistentes en España. Actualmente está vigente la NCSE-02 (año 2002 y en proceso de revisión) que establece un método de cálculo basado en la resistencia pero existe un importante parque inmobiliario de edificios construido con la anterior NCSE de 1994 
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La NCSE-02 fue publicada en el BOE el 11 de octubre de 2002, cuando sustituyó a la NCSE-94. Propone un método de cálculo basado en la resistencia, por lo que sus comprobaciones sólo son válidas en estado límite último. Esto implica que la norma trata solamente de la estabilidad de la estructura, ignorando los daños que se puedan producir en el resto de materiales y elementos del edificio. Un edificio que resiste a un seismo según NCSE puede perder todos sus muros, instalaciones y demás elementos, siempre y cuando su estructura permanezca en pie.

Las fallas españolas activas aparecen implícitas en nuestra norma sismorresistente (NCSE02) vigente desde 2002, pero en revisión después del terremoto de Lorca. Las que consideramos inactivas no se contemplan. Las primeras afectarían a un total de 2618 localidades situadas en zonas con riesgo sísmico, en 724 se aglomeran más de 5000 habitantes, una población de más de 20 millones de personas. El caso más grave fue el terremoto de Andalucía de 1884 con cerca de 1200 muertos y una destrucción que llegó al grado X, ha conformado también nuestra amnesia sísmica.

La norma española se actualizará al Eurocódigo 8 de 2010. "Esta norma se aplica a edificios según la importancia del mismo, siendo de obligado cumplimiento para los inmuebles especiales como hospitales, parques de bomberos, comunicaciones, transportes o grandes centros comerciales", comenta Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid en declaraciones al periódico el Mundo.

"Para los edificios de importancia normal", continúa el experto, "la normativa es obligatoria en zonas con una aceleración sísmica superior o igual a 0,08g, es decir, en Huelva, Málaga, Granada, parte de Jaén, Almería, Murcia, Alicante, Lérida y norte de Huesca".

También la legislación se exige para edificios desfavorables a un seísmo en las zonas con una aceleración sísmica igual o superior a 0,04g (Andalucía, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, costa, Pirineo Catalán, norte de Aragón, norte de Navarra, este del País Vasco, este de Galicia y pequeñas zonas limítrofes de Albacete y Badajoz). Según Méndez, la NCSE-02 es óptima, "aunque es importante tener en cuenta que establece un método de cálculo basado en la resistencia". Esto es, sólamente contempla la estabilidad de la estructura, no así el resto de elementos del edificio como muros, instalaciones, cubierta, etc. y, por tanto, los daños que se puedan producir en ellos. Para el Colegio de Aparejadores de Madrid, el edificio puede resistir a un seísmo no habiendo riesgo estructural y permaneciendo en pie, pero perder todos sus muros, instalaciones y demás elementos.

Asimismo, existe un importante parque inmobiliario de edificios construido con la anterior NCSE de 1994 o incluso alguno más antiguo en los que no se han tenido en cuenta los parámetros contemplados en estas normas. Es por ello, insiste Méndez, que sería conveniente revisar, actualizar y reforzar las estructuras de estas edificaciones en base a los requisitos actuales, sobre todo en las zonas geográficas de mayor riesgo.