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19
de febrero de 2015
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EL CURIOSO
CASO DE UNA EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA EN ZAMORA
Convertir
conocimiento en valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de expropiaciones urbanísticas.
Esta expropiación lleva paralizada una década y va para largo.
El ayuntamiento debe expropiar un edificio porque está junto a una
muralla, pero impone como condición que se no haya cargas, entendiendo
por cargas que no haya arrendatarios. Como esta condición no la
pueden cumplir los propietarios pues el tema lleva años paralizado.
Así que el depósito de los 1,2 millones de la expropiación
por el Ayuntamiento no se ejecutará hasta que el titular acredite
que el bloque está libre de cargas
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La expropiación
de los ocho pisos pendientes en el número 11 de la avenida de la
Feria de Zamora se encuentra a expensas de que los titulares acrediten
que la propiedad está libre de cargas y no ocupadas. Solo entonces
el Ayuntamiento procederá a la demolición de las viviendas
para liberar un nuevo tramo de muralla.
La expropiación,
obligada por sentencia judicial, implica un desembolso de 1,2 millones
de euros. La cuantía económica está reservada en los
presupuestos municipales de este año, en el apartado de inversiones,
si bien el depósito del montante no se hará "hasta que esté
libre de cargas", expone el concejal de Obras en la institución
municipal, Manuel Hernández. El proceso es independiente a que los
propietarios hayan decidido continuar la vía judicial para recurrir
la tasación de la comisión de justiprecio.
Hay 2 sentencias
judiciales que en los últimos años han fallado a favor de
particulares que solicitaban la expropiación de sus inmuebles con
arreglo a la normativa estatal y al Plan Especial del Casco Histórico.
El primer caso fue para el inmueble de la avenida de la Feria, número
31, por la que el Ayuntamiento tuvo que pagar 300.000 euros en 2008, además
de las costas del juicio, lo cual sentó precedente. El segundo y
último es precisamente el caso del número 11, aún
a la espera, que salió a la luz en 2013 a raíz de una sentencia
del TSJ que obligaba al Ayuntamiento a expropiar el bloque. Fueron los
propios particulares los que solicitaron la expropiación del inmueble
ante su escaso valor en la situación del mercado inmobiliario actual.
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