| Pero el TC
ha fallado y estimado la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad
que planteó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la modificación
de la Ley del Suelo que introdujo esta nueva figura urbanística.
La cuestión
se refiere a la primera de las autorizaciones que se concedió, la
del Ayuntamiento de Escalante para las viviendas de Las Torres y tras ella,
la Sala del TSJ presentó otras siete, de las que una está
aún pendiente de admisión.
El Constitucional
considera "indudable" que, con el artículo sobre las autorizaciones
provisionales (65.bis.1), la regulación autonómica crea una
causa de suspensión que los órganos judiciales no pueden
eludir, al estar prevista en una norma con rango de ley, y que "merma la
competencia que para la ejecución de las sentencias les corresponde".
La sentencia
señala que se trata, en definitiva, de una norma de contenido procesal
y advierte de que la legislación procesal es competencia exclusiva
del Estado y que Cantabria, que no la ha asumido en su Estatuto de Autonomía,
carece de ella.
REACCIONES
Tras conocerse
el fallo, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), lo
ha calificado como "un palo" para los afectados y para Cantabria, que tendrá
que buscar una solución distinta.
En un encuentro
con periodistas, Revilla ha asegurado que el Gobierno regional acatará
la sentencia del Constitucional y que los servicios jurídicos comenzarán
a estudiar de forma inmediata los contenidos de la resolución para
"dar una solución" al problema planteado.
La vicepresidenta
regional, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha asegurado que lo primero que
va a hacer el Gobierno cántabro es "proteger a las familias", dentro
de lo que marquen los tribunales.
Por eso se
va a estudiar la resolución para intentar solucionar el problema
planteado.
Además,
ha avanzado que se pondrá en contacto en los próximos días
con la asociación de afectados por sentencias de derribo para trabajar
con ellos en la búsqueda de una solución.
En Cantabria
hay más de 600 viviendas afectadas por sentencias de demolición
firmes, en diversos municipios como Arnuero, Argoños, Piélagos,
Escalante o Miengo.
El exconsejero
de Urbanismo de Cantabria Javier Fernández ha considerado la normativa
de esta comunidad sobre autorizaciones provisionales como una figura "de
sentido común", y ha enviado un mensaje de tranquilidad a los afectados
por los derribos, por los convenios que "garantizan" el patrimonio.
Fernández
lo ha dicho en una nota de prensa, tras conocerse que el Tribunal Constitucional
ha declarado nula las autorizaciones provisionales para mantener las edificaciones
con sentencias de derribo.
El exconsejero
ha explicado que la sentencia del Constitucional anula las autorizaciones
provisionales en los casos que afectan a las viviendas que tienen sentencia
firme por la vía procesal.
Y apunta que
esta figura se mantendría para viviendas con órdenes de demolición
en la vía administrativa, desde el punto de vista de que el Constitucional
ha estimado que el Parlamento de Cantabria no tiene competencias para legislar
en materia procesal, sino que esa capacidad le corresponde al Estado.
Fernández
ha resaltado que "hay que acatar" la sentencia del Tribunal Constitucional.
El exconsejero
ha indicado que este es el momento oportuno para que las Cortes Generales
que resulten elegidas el próximo 20 de diciembre "busquen una solución
a este tipo de cuestiones".
"Estamos hablando
de una cuestión muy importante desde el punto de vista económico,
no solo en Cantabria, sino en el resto de España", ha subrayado
Javier Fernández, quien ha considerado la normativa de Cantabria
sobre autorizaciones provisionales como "una figura de sentido común".
En su opinión,
ahora puede producirse "una especie de carrera diabólica para ver
si se acaba primero el plan general o se derriban primero las viviendas"
Y es que, según
ha añadido, se puede contemplar el supuesto de que "haya que tirar
una serie de edificaciones, pero el plan general que se está tramitando
las permita" y se pueda volver a construir la misma vivienda.
"No tiene mucha
lógica en un Estado de Derecho y por eso pensábamos que esta
figura iba a pasar el filtro de la constitucionalidad", ha aseverado.
Fernández
ha transmitido un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas por
los derribos, pues, según ha recordado, "se han firmado más
de 400 convenios que garantizan su patrimonio".
ANTECEDENTES
27 de abril
de 2015
NOTICIA
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PROCESO
DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES EN CANTABRIA
¿Qué
aprendo?
La situación
de las viviendas ilegales se analiza en la guía práctica
inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales
y en la guía del urbanismo de Cantabria. El Gobierno de Cantabria
ha concluido la fase de presentación de propuestas de convenio a
los afectados por sentencias de derribo al aprobarse 350, que se espera
que se suscriban en las próximas semanas y que se unen a las 450
autorizaciones provisionales concedidas hasta ahora. De los 350 convenios,
ya se han firmado 100 correspondientes a las viviendas de Las Torres en
Escalante y La Arena en Arnuero. Otros 200 son de Arnuero y 50 de Piélagos
(Entrelindes, L05 y Cerrias).
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conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Estos convenios
garantizan a los afectados por las órdenes judiciales de demolición
la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto,
una indemnización fijada por un árbitro independiente, y
el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández , ha destacado que buscan "un equilibrio" entre
los derechos de los propietarios de las casas y los intereses de la Administración.
El consejero
ha explicado que la cuantía de las posibles indemnizaciones económicas
aún no se ha valorado, ya que ese trámite se abordará
con posterioridad, en el momento oportuno, según avancen los procesos.
Fernández
ha reconocido que, pese a que se han aprobado estas propuestas de convenio,
aún quedan "flecos" en el caso de las 17 viviendas de Cerrias que
han de demolerse, porque la idea es presentar a la Justicia un planteamiento
que conjugue distintos intereses de vecinos, y para unas casas de Argoños
cuyo derribo es responsabilidad exclusiva del Consistorio.
Pero para
el Gobierno de Cantabria , "el núcleo del problema ha quedado prácticamente
resuelto" en virtud de las 350 propuestas de convenio aprobadas por el
Consejo de Gobierno y gracias a las 450 autorizaciones provisionales.
Fernández
considera que se resuelve "el problema social de las familias", mientras
que el económico "queda encauzado" esta legislatura que está
a punto de terminar y quedaría la decisión de los jueces
sobre las autorizaciones provisionales y las licencias.
Las propuestas
de convenio que ha ido aprobando el Consejo de Gobierno se refiere a sesenta
viviendas de La Arena (Arnuero), que no pueden legalizarse, y a otras 30
del edificio Las Torres (Escalante), que tienen ya autorización
provisional y que se quieren regularizar con el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana.
Estos dos
supuestos de Arnuero y Escalante suponen los dos modelos de convenios que
se están impulsando, distinguiendo entre urbanizaciones que se van
a tener que derribar y las que se espera poder legalizar.
A los propietarios
de las primeras, el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa
de características similares a la suya y, si no cumple con ello,
les indemnizará por el importe que fije un tasador independiente.
Además
de La Arena, en Arnuero, los casos en los que no se va a poder eludir la
demolición con las 17 viviendas de Cerrias y unas casas de Argoños
del Camino del Portillo.
En el segundo
supuesto -el del modelo de Escalante- se espera poder dar nueva licencia
a las viviendas conforme a nuevos planeamientos, y si esta intención
no prospera se ofrecerá elegir entre la sustitución de vivienda
por vivienda o por una indemnización fijada por un perito independiente.
Éste
es el caso de Escalante y también de la inmensa mayoría de
las viviendas de Argoños y de otras de Piélagos.
31 de marzo
de 2015
NOTICIA
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450 VIVIENDAS
ILEGALES PODRÍAN SER LEGALIZADAS EN CANTABRIA
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de la inspección urbanística y viviendas ilegales, y guía
del urbanismo de Cantabria. El Gobierno de Cantabria asegura que todas
aquellas viviendas con posibilidad de ser legalizadas, unas 450, tendrán
su autorización provisional y 400 acuerdos de compensación
que garanticen el patrimonio de los propietarios. El Gobierno sostiene
que el plan de ejecución de sentencias está llegando a "soluciones
reales", pues 450 viviendas podrán tener autorizaciones provisionales
y licencias, y habrá acuerdos compensatorios, con una estimación
de coste para las arcas públicas de unos 30 millones, un 10 % de
lo inicialmente calculado.
Herramienta
práctica > Guías prácticas
El consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier
Fernández,cree que las familias afectadas cuentan con "soluciones
reales, efectivas y concretas", que terminarán con "su calvario".
Según
los cálculos del Ejecutivo, el coste para las arcas públicas
podría situarse en unos 20 o 30 millones, una cifra inferior a los
300 millones que se habían barajado y que eran resultado de la demolición
de todas las viviendas más las indemnizaciones. Como Fernández
espera salvar 450 casas, "un 80 % quedaría resuelto", y el coste
se limitaría a la compensación y la construcción por
las viviendas que haya que demoler.
El Gobierno
y los ayuntamientos están impulsando autorizaciones provisionales
y la modificación de los planes generales de ordenación urbana
para las 450 viviendas que se pueden legalizar de acuerdo con el plan y,
según Fernández, a día de hoy ya se ha concedido la
práctica totalidad de esas autorizaciones -en torno a 430-.
Las autorizaciones
provisionales se corresponden con viviendas de Escalante, Argoños,
Miengo o Piélagos, que quedan "amparadas por la ley" hasta que se
cuenten con una nueva licencia conforme a los planeamientos.
Fernández
ha indicado que en el caso de Escalante es posible que se pueda contar
con nuevas licencias ya este año 2015, dado que se espera aprobar
de forma definitiva el plan general de ordenación urbana en mayo.
En total,
el plan de ejecución de sentencias recoge 621 viviendas, de las
cuales habría que demoler las de La Arena (Arnuero), 17 de Cerrias
(Piélagos) y algunas del Camino del Portillo (Argoños), además
de las del Alto del Cuco (también en Piélagos). Los propietarios
de viviendas contarán con acuerdos de compensación para resarcir
la responsabilidad de la Administración.
E el Gobierno
de Cantabria ha firmado ya con 44 familias los primeros acuerdos de compensación
que les garantizan la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la
suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro
independiente.
Se están
tramitando convenios para casos diferentes que reflejan distintas situaciones
en las que se encuentran las viviendas con sentencia firme de derribo en
la región.
Así,
está el caso de La Arena (Arnuero), en el que no cabe la legalización,
y el del edificio Las Torres (Escalante), que tiene ya autorización
provisional y se quiere regularizar con el nuevo plan general. A los primeros,
el Gobierno se compromete a entregarles una nueva casa de características
similares a la suya y, si no cumple con ello, les indemnizará por
el importe que fije un tasador independiente. Se estima que las nuevas
casas estén construidas en 2019.
En el caso
de Escalante, también se asumen estos compromisos, pero como "seguro"
o "garantía" por si el procedimiento no termina en la legalización,
porque el primer objetivo es salvar las viviendas a través de las
nuevas licencias.
El Gobierno
espera extender estos dos modelos al resto de supuestos y, de hecho, esta
semana se prevé que el Consejo de Gobierno apruebe propuestas de
convenio para la L-05 y Entrelindes (Piélagos), mientras que en
dos o tres semanas se enviarán las propuestas para varios casos
de Argoños. De esta manera, la previsión que baraja el Ejecutivo
es que hasta mayo se puedan suscribir entre 300 y 400 acuerdos con propietarios.
El del
Alto del Cuco es un caso aparte, porque allí no había familias
afectadas, y lo que está previsto es derribar lo construido este
año y que el Gobierno y el Ayuntamiento de Piélagos compensen
a la constructora por la anulación del plan parcial.
11 de febrero
de 2015
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INDULTO
TEMPORAL URBANÍSTICO DE CANTABRIA
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conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com del urbanismo de Cantabria. El gobierno de Cantabria está
concediendo 'autorizaciones provisionales' a las viviendas con sentencia
de derribo susceptibles de ser legalizadas. Tras la reforma de la Ley del
Suelo de Cantabria se concede una especie de indulto temporal, que será
definitivo cuando los ayuntamientos afectados aprueben sus nuevos planes
generales de ordenación urbana. En el ejemplo que analizamos se
da el caso de que hace más de tres años que el Tribunal Supremo
desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Piélagos
y la constructora -Martinsa Fadesa-, obligando entonces a la Administración
pública a derribar las viviendas y a restaurar el monte protegido
sobre el que fueron levantadas.
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La última
reforma relevante fue la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la
que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial
en materia urbanística, para poder indemnizar a los propietarios
antes de los derribos. Se trataba de cumplir la resolución del Parlamento
de Cantabria de julio de 2010 para introducir las modificaciones normativas
necesarias por las que se garantice a los propietarios sobre los que pesan
sentencias firmes de derribo la indemnización del perjuicio patrimonial
con carácter previo a la efectiva demolición del inmueble.
Para su cumplimiento, se introduce en primer lugar un mecanismo que pretende
dotar de mayor seguridad al tráfico jurídico inmobiliario,
propiciando la mayor publicidad de los litigios que se susciten en el ámbito
urbanístico, a fin de evitar mayores perjuicios a los terceros adquirientes.
Así, los servicios jurídicos de la Administración
autonómica tienen la obligación de promover la publicidad
registral de los procedimientos en los que se impugnen actos de naturaleza
urbanística cuando se advierta que pueden derivarse perjuicios para
terceros. En segundo lugar, se pretende incorporar a la legislación
urbanística de Cantabria una previsión, dentro del marco
establecido por la legislación estatal, que permita el abono de
la indemnización con carácter previo al derribo efectivo
de los inmuebles. Se trata de evitar que a los propietarios afectados se
les prive de sus inmuebles sin que por la administración responsable
del perjuicio se atiendan sus legítimas pretensiones de forma inmediata,
dando una rápida respuesta a su petición resarcitoria y evitando,
al mismo tiempo, que el perjudicado tenga que esperar a verse privado del
inmueble para incoar un largo proceso ante las administraciones y tribunales
para conseguir el resarcimiento patrimonial.
Esta ley
introduce un mecanismo que, sin alterar la configuración general
del instituto de responsabilidad patrimonial, permite la sustanciación
del procedimiento de forma anticipada, sujetando la eficacia de la resolución
indemnizatoria a la condición suspensiva de que el propietario del
inmueble afectado ponga éste a disposición de la administración
obligada a materializar el derribo.
Por otro
lado, la norma articula un mecanismo de intervención de todas aquellas
administraciones que se les imputa el daño, ofreciendo así
las herramientas para una mejor resolución del procedimiento que
permita una adecuada identificación de la administración
que resulte responsable.
La presente
Ley introduce un mecanismo que, sin alterar la configuración general
del instituto de la responsabilidad patrimonial, incide sobre la sustanciación
del expediente, en el convencimiento de que una rápida respuesta
de la Administración Pública, si bien no minorará
los indudables perjuicios causados a los particulares, al menos no empeorará
su situación. Por ello, la norma se limita a permitir la sustanciación
del procedimiento de forma anticipada, sujetando la eficacia de la resolución
indemnizatoria a la condición suspensiva de que el propietario del
inmueble afectado ponga éste a disposición de la Administración
obligada a materializar el derribo.
Por otro
lado, cuando el daño se imputa a varias administraciones, se pretende
también articular un mecanismo que permita la intervención
de todas ellas, ofreciendo así las herramientas para una mejor resolución
del procedimiento que permita una adecuada identificación de la
Administración que resulte responsable.
Las previsiones
legales no alteran en modo alguno el régimen general de responsabilidad
patrimonial, ni prejuzgan la Administración responsable, ni desde
luego inciden sobre las diversas modalidades indemnizatorias que puedan
existir al margen del sistema de responsabilidad patrimonial, a través
de fórmulas urbanísticas que, como transferencias de aprovechamiento,
garanticen la indemnidad del patrimonio de los particulares. Estos extremos
se recogen en la normativa general, en cuyo marco se incardina la presente
regulación. Se trata, por tanto, de previsiones que se incorporan
al ordenamiento autonómico de índole exclusivamente procedimental,
encontrando acomodo en las competencias autonómicas sobre urbanismo
y vivienda, organización administrativa propia, y especialidades
procedimentales derivadas de la propia organización (artículo
24, apartados 1 y 3, y artículo 32 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria).
EJEMPLO.
LA DEMOLICIÓN DEL ALTO DEL CUCO
El Gobierno
de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Consistorio, anunció
que el derribo se haría efectivo durante el año 2014, cosa
que no ha sucedido, y ahora todo apunta a que será el próximo
Gobierno el que haga frente a la ejecución de la sentencia. Así
se desprende de las palabras del consejero de Urbanismo, Javier Fernández,
que ha comparecido este lunes en rueda de prensa para hacer una recapitulación
del estado del Plan de Derribos.
Durante
su comparecencia, Fernández ha manifestado que la intención
del Ejecutivo autonómico es "impulsar" durante el 2015 la demolición
del Alto del Cuco que, según sus cálculos, tendrá
un coste de entre 300.000 y 500.000 euros. Gobierno y Ayuntamiento han
de elaborar el pliego de condiciones, sacar a concurso público los
trabajos de demolición y adjudicarlos, algo que casi con toda probabilidad
no sucederá antes de mayo, cuando hay elecciones, con que el derribo
quedará en manos del próximo Gobierno.
De momento,
la prioridad del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego es conceder todas
las 'autorizaciones provisionales' a las viviendas con sentencia de derribo
que, a juicio del Gobierno, son susceptibles de ser legalizadas. Con esta
figura urbanística, aprobada a través de una modificación
de la Ley del Suelo, se concede una especie de indulto temporal, que será
definitivo cuando los ayuntamientos afectados aprueben sus nuevos planes
generales de ordenación urbana.
El Gobierno
ya ha concedido 183 autorizaciones provisionales -41 en Piélagos,
32 en Escalante y 110 en Miengo- y tiene en tramitación otras 262.
Con ello, espera tener aprobadas durante el mes de marzo 449 licencias
provisionales sobre las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia
firme de derribo.
Estas licencias
quedarán a expensas de lo que decidan los tribunales de Justicia,
ya que está previsto que sean recurridas por el demandante, la asociación
ecologista ARCA. Es decir, que el veredicto final no se conocerá
hasta dentro de dos o tres años, según ha reconocido el propio
consejero.
De forma
paralela, el equipo de Fernández está desarrollando junto
a AMA -la asociación formada por los afectados- un acuerdo que determine
la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
ante los compradores.
En las
130 viviendas ubicadas en Arnuero que no son susceptibles de ser legalizadas
y que tienen que ser demolidas, el Gobierno ofrece a los damnificados otra
vivienda de similares características que se les entregará
antes de que la ilegal sea demolida o la indemnización en el modo
fijado por los tribunales, que corresponde al precio de la escritura más
la actualización del IPC, una valoración no compartida con
los afectados, que denuncian que perderán casi la mitad de lo que
invirtieron.
Este acuerdo,
que el Gobierno espera cerrar entre abril y mayo, también se está
ofreciendo a las viviendas con autorizaciones provisionales, si bien el
Ejecutivo cántabro confía que "muy pocas" familias se acojan
a él dado que hay "fundadas esperanzas" que pueden ser legalizadas.
Preguntado
por la cuantía a la que ascenderá el desarrollo del Plan
de Derribos -las indemnizaciones, demoliciones y construcción de
nuevas viviendas-, Fernández ha recordado que a comienzos de legislatura
el Gobierno de Cantabria realizó un estudio que cifraba el coste
entre 150 y 250 millones de euros, bastante inferior a los cerca de 350
millones que estima AMA. No obstante, el consejero ha subrayado que la
cifra será "sustancialmente más baja" porque confía
en que la mayoría de las viviendas sean legalizadas.
Fernández
ha detallado que el Gobierno ha consignado una partida de 500.000 euros
en los presupuestos de 2015, con la que prevé hacer frente a la
indemnización de las cerca de cinco familias que ya han reclamado
el pago. El consejero también ha dicho que con este fondo el Gobierno
licitará las obras de demolición del Alto del Cuco, estimadas
entre 300.000 y 500.000 euros.
Fernández
ha indicado que en la "mayoría" de los casos la responsabilidad
patrimonial es compartida entre el Gobierno y los Ayuntamientos, aunque
ha explicado que será el Ejecutivo el que inicialmente asuma los
costes, de modo que actuará a modo de prestamista con los ayuntamientos,
que tendrán que ir devolviendo el préstamo anualmente. Para
el consejero, ésta cuestión es "indiferente" a los afectados,
que lo que les preocupa es recuperar su patrimonio. "Las Administraciones
ya se arreglarán entre ellas", ha espetado.
EJECUTAR
LAS SENTENCIAS
La legalidad
o no de las autorizaciones provisionales será determinada por el
Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión
de inconstitucionalidad al entender que la reforma de la Ley del Suelo
de Cantabria -aprobada en junio de 2013- puede vulnerar las competencias
del Estado. El fallo no se espera hasta dentro de unos dos años.
Las licencias
definitivas aprobadas a través de los nuevos planes generales también
se espera que sean recurridas por ARCA. En este caso, como cada ayuntamiento
aprobará su plan general en periodos distintos, la sentencias llegarán
en fechas distintas aunque también transcurrirán varios años.
En este sentido, el portavoz de los afectados, Antonio Vilela, cree que
la solución a las viviendas con sentencia de derribo se prolongará
durante dos legislaturas más.
El consejero
de Urbanismo ha asegurado que no habrá por parte del Gobierno "más
intentos de legalización" y "se respetará" la decisión
que tomen los jueces sobre cada una de las licencias. De esta forma, se
demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de
los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente
a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción
de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.
ANTECEDENTES
9 de enero
de 2015
CANTABRIA
ACELERA SU NUEVA LEY DEL SUELO
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conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com del urbanismo de Cantabria. En el primer trimestre de 2015,
el Gobierno llevará al Parlamento la reforma de la Ley del Suelo.
La quinta de esta legislatura. Esta vez no se limitará a un cambio
puntual como ha sucedido en ocasiones anteriores, según dijo en
su momento el consejero de Urbanismo, Javier Fernández. El Ejecutivo
regional pretende abordar una renovación «global e integral»,
que va a hacer que la comunidad tenga un urbanismo «más real,
más eficaz y más eficiente».
Herramienta
práctica > Guías prácticas
El Gobierno,
que también quiere unificar toda la normativa urbanística
de la región en un solo documento, no introducirá esta vez
cambios -ni pequeños ni grandes- sobre los derribos. El protagonista
de la reforma será el suelo urbano, después de que el rústico
lo fuese en 2012, permitiendo disparar la construcción de viviendas
unifamiliares y la reforma de otras tantas en su primer año de vigencia.
El Gobierno
de Cantabria ha advertido a las empresas con permisos para hacer 'fracking'
en Cantabria otorgados por el anterior Gobierno central que declarará
"ilegal cualquier uso" que signifique llevar a cabo esta técnica
fuera de suelos de suelos rústicos de especial protección
minera, tal y como establece la Ley del Suelo, o que sean incompatibles
urbanísticamente.
Paralelamente,
con motivo de esta reforma se revisará la disciplina urbanística,
para que sea "más justa", ya que se medirá "un poco más"
el régimen sancionador, ha apuntado el responsable de la Consejería.
Con todo
ello, la nueva reforma de la Ley del Suelo será "muy importante"
en materia urbanística, más si se tiene en cuenta que la
propia norma contemplará la necesidad de aprobar un texto refundido
y único que aclare la situación jurídica del urbanismo
en Cantabria.
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