| Para Juan
Antonio Gómez-Pintado, presidente de la asociación nacional,
“resulta inexplicable que en España contemos con más de 100
normas urbanísticas autonómicas y más de 5.000 ordenanzas
municipales que afectan a nuestro sector. Esto sólo conlleva una
terrible inseguridad para los inversores y para los compradores que no
saben cuándo obtendrán su vivienda”.
El primer acceso
a la vivienda es otra de las preocupaciones de la asociación nacional.
Para ello proponen que los gobiernos estatal y autonómicos avalen
la financiación de una parte del precio de la vivienda que no haya
sido cubierto con el préstamo hipotecario. De esta manera los jóvenes
que accedan a su primera vivienda sólo tendrían que disponer
de una cantidad más pequeña para comprar. A este respecto,
Gómez-Pintado afirma que “los Gobiernos deberían de ofrecer
una garantía a la entidad que concede el crédito en torno
al 15-20%, lo que posibilitaría a la entidad financiera ampliar
el préstamo hasta el 95%. El comprador sólo debería
de disponer de un 5% para poder acceder a la vivienda”.
Por último,
los promotores consideran imprescindible adoptar medidas para paliar el
principal problema que obstaculiza la reactivación de la producción
de vivienda, la financiación, a través, entre otras medidas,
de la reactivación de las titulizaciones hipotecarias, el acceso
a la financiación no bancaria (crowdfunding, la fiducia inmobiliaria,
acceso al MAB y MARF), la divulgación de las distintas formas de
financiación a través de fondos estructurales españoles
y europeos, como el recientemente creado European Fund for Strategic Investment
(EFSI), y, finalmente, el freno al embalsamiento del stock de suelo.
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