| Según
el Supremo, el fallo es muy claro y lo que solicita el Ayuntamiento es
una explicación de las sentencias, lo que a su juicio está
fuera de lo previsto en la ley.
Tras conocerse
las tres sentencias que dictaminaron con idénticos razonamientos
la anulación del PGOU de 2010, tanto el Ayuntamiento de Marbella
como la Junta de Andalucía anunciaron que solicitarían sendas
aclaraciones de sentencia sobre aspectos sobre los que a su juicio era
necesario despejar dudas antes de decidir qué camino seguir.
Los servicios
jurídicos de la Junta desistieron finalmente de solicitar
esa aclaración, y el Ayuntamiento sí lo hizo y en dos direcciones:
sobre ejecución de sentencias contra viviendas construidas en su
día fuera de norma y sobre la afirmación que realiza el Supremo
en el sentido de que no está en manos de los autores del plan alterar
o desfigurar el concepto de Suelo Urbano Consolidado.
Sobre la primera
cuestión, el Ayuntamiento pidió al Supremo que aclarara si
en los casos en los que existen pronunciamientos judiciales que anulan
licencias urbanísticas debe ser la administración municipal,
en el ejercicio de sus competencias de restablecimiento de la legalidad,
la que ejecute los mismos o si es función del juez resolver de qué
manera se ejecuta esa sentencia.
Esta solicitud
de aclaración se motivaba en la existencia de un importante número
de sentencias por irregularidades urbanísticas que ordenan la restitución
de la legalidad anterior a la aprobación de una licencia ilegal
y que podrían interpretarse en algún caso como que su ejecución
supondría el derribo. Estas actuaciones fueron paralizadas en su
día al existir un marco legal, el PGOU ahora anulado, que daba cobertura
a las viviendas.
Ahora, aunque
el Supremo rechaza la solicitud de aclaración, excluye al Ayuntamiento
de cualquier decisión sobre estos inmuebles, al recordar que la
potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde a los tribunales.
Recuerda también que el órgano administrativo competente,
en este caso el Ayuntamiento, podría plantear la concurrencia de
causas de imposibilidad material o legal para ejecutarlas.
El Ayuntamiento
también planteó una segunda cuestión a aclarar, relativa
a la afirmación que se incluye en la sentencia de que «no
está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto
de Suelo Urbano Consolidado (SUC)». Los servicios jurídicos
municipales plantearon que es confusa la conclusión de «si
el concepto de Suelo Urbano Consolidado es disponible para el planificador
cuando la consolidación de los servicios urbanísticos que
denotan la pertenencia al suelo urbano procede de actuaciones irregulares».
El Supremo
también rechaza realizar esa aclaración al considerar que
la jurisprudencia a la que apela no es la correcta.
El ayuntamiento
de Marbella ha aprobado nuevas licencias urbanísticas en Marbella,
por un total de 6.391.791 euros, “dejando patente que la actividad urbanística
continúa adelante en la ciudad, pese a la anulación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010”.
Así
lo ha anunciado el portavoz municipal, Javier Porcuna, quien ha explicado
que “si a esta cantidad le sumamos el montante del último semestre
desde que el Equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, a finales
de año superaremos los 85 millones de euros en inversiones urbanísticas”.
En concreto,
las licencias aprobadas hoy se refieren a un proyecto de ejecución
de vivienda unifamiliar y piscina en urbanización Marbella por 761.701
euros, otro proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar en la
urbanización Cascada de Camoján por 1.289.238 euros y otro
proyecto de ejecución de ocho viviendas plurifamiliares y piscina
en la urbanización Señorío de Marbella por 2.031.235
euros.
Asimismo, se
ha dado luz verde al proyecto de ejecución de demolición
de una vivienda unifamiliar en la urbanización Guadalmina por 859.957
euros, así como a una licencia de obra de un proyecto básico
de ejecución de una vivienda unifamiliar en la urbanización
Altos de Los Monteros por 924.718 euros y a un proyecto de ejecución
de una vivienda unifamiliar en la urbanización Santa Clara por 524.942
euros.
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