| La sentencia,
a la que ha tenido acceso este diario, indica que en julio de 2007 Mercadona
firmó un contrato para arrendar un solar situado en este municipio
pero que estaba clasificado como suelo urbano e industrial según
el Plan General de Ordenación Municipal, por lo que sólo
se podían desarrollar actividades comerciales directamente relacionadas
con las industrias que se ubicasen. A petición del Ayuntamiento,
la Direcció General de Comerç de la Generalitat informó
que no era posible construir un supermercado más plazas de aparcamiento
en esta parcela según el plan urbanístico del municipio.
El tribunal
destaca que el arquitecto municipal «informó hasta en tres
ocasiones» la solicitud de la licencia de obras de Mercadona para
hacer el supermercado «sin poner de manifiesto que no era posible
su concesión» ya que lo prohibía varios planes de ordenamiento
urbanístico de la localidad que fueron aprobados por la Comisión
Territorial de Urbanismo.
El condenado
«informó favorablemente» de la licencia de Obras Mayores
si tener la de actividades, aunque, según el tribunal, conocía
que la legislación obliga a tener la segunda para obtener la primera.
Además, indica que en octubre de 2008 la Junta de Govern Local del
municipio aprobó la concesión de la licencia de obras a Mercadona
atendiendo el informe del condenado. Respecto al ex secretario municipal,
el tribunal destaca que estaba obligado a emitir un informe jurídico
en el expediente de licencia de Obras Mayores «y pese a tener conocimiento
de su obligación de informar, incumplió la misma siendo conocedor
de que su otorgamiento era imposible por contravenir abiertamente la normativa
urbanística aplicable».
La sentencia
destaca que este condenado incumplió «su obligación
de garante de la legalidad» ya que no alertó a la Junta de
Gobierno Local de que la concesión era ilegal. Mercadona solicitó
la licencia de actividades del supermercado y aunque el jefe de obras del
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento emitió un informe desfavorable,
el secretario certificó otro documento en el que se indicaba que
esta actividad comercial era «compatible con el planeamiento urbanístico
vigente». Las obras del supermercado acabaron en enero de 2009. La
Fiscalía de Medio Ambiente, que coordina el fiscal Antoni Pelegrin,
pidió una condena para los dos procesados.
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