Las nuevas
políticas y medidas son:
• Creación
de un Fondo Nacional para la Rehabilitación de inmuebles: estará
a cargo de la rehabilitación y gestión de un parque de viviendas,
desde inmuebles públicos hasta edificios procedentes de fondos privados,
para su posterior puesta en el mercado de alquiler social.
Estás
viviendas saldrán al mercado de arrendamiento a un precio asequible.
El Gobierno podrá recuperar la inversión inicial en un medio
plazo y los propietarios con viviendas vacías obtener un beneficio.
• Financiar
“alrededor de 25 planes de acción local para rehabilitar las zonas
urbanas”. La intención es intervenir en los centros históricos
y las zonas desfavorecidas.
• Revisar los
contratos de arrendamiento, adecuando las rentas de los edificios al estado
de conservación de los mismos. Con ello se tratará de fomentar
la rehabilitación y fomentar la concesión de préstamos
por parte de los bancos para ese uso.
• Simplificar
las normas y procedimientos para acelerar el comienzo de las obras de conservación
y regeneración urbana.
• Simplificar
y reducir los costes relacionados con los procesos de desalojo.
• Completar
la aplicación de los programas PIMP (Plan de Intervención
a Medio Plazo) y PER (Programa Especial de Realojamiento), reanudar el
PER para familias y crear un programa similar a los edificios en ruinas.
• Fortalecer
la inversión, a través de fondos de la UE, para la rehabilitación
y la mejora de la eficiencia energética en el parque de viviendas
sociales existente, así como la rehabilitación de edificios
entregados para su uso como vivienda social.
• Crear una
red de alojamientos de apoyo para personas con bajos recursos económicos,
en situación de aislamiento o exclusión social, especialmente
los ancianos. Una especie de casas sociales para estos ancianos que por
su situación social, psicológica o psiquiátrica no
pueden acceder a un alojamiento compartido.
• Revisar el
Impuesto Municipal sobre la Propiedad (IMI):
- teniendo
en cuenta su progresividad, dependiendo de los ingresos de los propietarios;
- restablecer
la cláusula de salvaguardia, evitando aumentos de más de
75 euros al año cuando la zona de la propiedad se ha revalorizado,
mientras sea la vivienda habitual del propietario y provenga de un valor
bajo.
• Revisar el
Impuesto Municipal sobre Transmisiones Patrimoniales (IMT).
• Prohibir
las ejecuciones hipotecarias sobre las viviendas habituales cuando la deuda
sea inferior al valor del inmueble.
• Crear un
grupo de trabajo sobre la política de vivienda, créditos
para la vivienda y los Impuestos sobre el Patrimonio Inmobiliario.
El grupo estará compuesto por representantes de los partidos con
representación parlamentaria partidarios del nuevo Ejecutivo (PS,
BE, PCP y PEV) y el ministro que supervisa la cartera, con presentar informes
semestrales.
• Disponer
de los edificios públicos para su venta a bajo coste con el compromiso
de que estos edificios sean rehabilitados y destinados al alquiler social,
sobre todo para los jóvenes durante un mínimo de años.
• Crear un
seguro de ingresos para proteger a los propietarios en caso de un posible
impago por los inquilinos.
• Poner fin
al sistema de incentivos fiscales para los fondos de inversión inmobiliaria,
manteniendo solo los beneficios a los promotores que se dediquen a la regeneración
urbana.
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