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18 de diciembre de 2015
 

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RETIRADA A ORTIZ DE SU CONDICIÓN COMO AGENTE URBANIZADOR DEL PLAN PARCIAL ARMANELLO EN BENIDORM ¿Qué aprendo? Se analiza en la guía práctica inmoley.com del agente urbanizador, en la guía de planes parciales y en la guía del urbanismo de la Comunidad Valenciana. Enrique Ortiz reclama al ayuntamiento de Benidorm un total de 1.786.648 euros por la rescisión de su contrato de urbanizador del PAI Armanello, que le fue adjudicado hace catorce años. Ortiz adjunta una relación de los gastos efectuados durante la tramitación del PAI, que cifra en 1,78 millones, por cuestiones como tasas de notaría y registro, honorarios técnicos, gastos de gestión del programa o gastos financieros. Y ello sin contabilizar «otros conceptos susceptibles de indemnización por daños y perjuicios como el beneficio industrial y el del urbanizador». Aunque el Ayuntamiento aprobó en 2002 el Plan Parcial, su ejecución estuvo paralizada de facto por varios recurso judiciales hasta el año 2010 en que el Ayuntamiento de Bernidorm lo reactivó, pero entonces la crisis inmobiliaria y los pagos que el urbanizador exigía a los dueños del suelo volvió a llevar el plan a los tribunales. Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas

 

Ortiz ha anunciado que recurrirá ante los tribunales si el ayuntamiento de Benidorm rechaza pagarle los 1,78 millones de euros que Ortiz reclama como gastos realizados en la tramitación. La Administración local desestima esa reclamación "por no estar suficientemente justificada ni motivada cada una de las cantidades y conceptos por los que se reclama la indemnización". Es más, Benidorm exige varios cargos al urbanizador 179.181 euros por actuaciones de los servicios técnicos municipales y mantenimiento e inversión en el sector a urbanizar que considera que corresponden a la empresa, más 21.714 euros de intereses de demora. Esas diferencias sobre la liquidación pueden acabar en el contencioso-administrativo, aunque el Ayuntamiento tiene en su poder un arma disuasoria para intentar forzar un acuerdo. Con la liquidación ha aprobado "mantener la retención de la fianza constituida por el urbanizador" que supone 2,53 millones.    ANTECEDENTES 30 de octubre de 2015  NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © LA INDEMNIZACIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR PAI ARMANELLO  ¿Qué aprendo?  Se analiza en la guía práctica inmoley.com del agente urbanizador y en la guía del urbanismo de la Comunidad Valenciana. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha decidido no abonar 1,7 millones que reclama el agente urbanizador (Enrique Ortiz) para liquidar el contrato sobre el PAI Armanello, que fue anulado el pasado mes de julio por incumplimiento de obligaciones del agente urbanizador. El agente urbanizador reclama esta cantidad por la valoración que presentó para liquidar el contrato alude a una serie de tasas y de gastos de gestión, además de a la redacción de una serie de proyectos en relación a este Plan Parcial. El ayuntamiento se basa en que los planes no se han llegado a utilizar, pero el agente urbanizador sostiene que a pesar de ello ha tenido que pagar a los técnicos. El ayuntamiento se ampara en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que anuló las cargas impuestas por el urbanizador del PAI Armanello a los propietarios del suelo al ser consideradas como excesivas.  Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas   16 de octubre de 2015  NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © ¿HAY QUE INDEMNIZAR AL AGENTE URBANIZADOR DEL PAI ARMANELLO?  ¿Qué aprendo?  Se analiza en la guía práctica inmoley.com del agente urbanizador y en la guía del urbanismo de la Comunidad Valenciana. En marzo de este año, el pleno del Ayuntamiento de aprobó por unanimidad remitir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) la propuesta para retirarle a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos la condición de agente urbanizador del PAI Armanello, el más grande de los que quedan por desarrollar en la ciudad. En septiembre se notificó la revocación del carácter de agente urbanizador. El programa del Plan de Actuación Integral (PAI) Armanello estaba anulado desde marzo de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) porque el urbanizador había impuesto a los propietarios unas cargas de urbanización que sobrepasaban el 10 % legal. En "ejecución" de las sentencias del TSJCV, el ayuntamiento requirió al agente urbanizador que presentara un nuevo programa en el que incluyera la oferta de 17,5 millones de euros que hizo en su día para ser adjudicatario, pero excluyendo la repercusión de esta carga a los propietarios. Sin embargo, el urbanizador eliminó esos 17,5 millones de euros en el nuevo programa. Actualmente, Enrique Ortiz está preparando un recurso contencioso- administrativo contra el Ayuntamiento de Benidorm por haberle retirado la condición de agente urbanizador del PAI Armanello y estima en 1,7 millones el desembolso realizado en gastos de tramitación del PAI y pide un compromiso de colaboración al ayuntamiento para retirar las acciones judiciales.  Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas     Ortiz presentó la semana pasada un escrito de manifestaciones de discrepancia con el acuerdo de la resolución de la condición de agente urbanizador del PAI Armanello, adoptada por acuerdo plenario el 3o de julio de 2015 (aunque no se le notificó hasta el 2 de septiembre), en el que le reclama al Ayuntamiento 1.786.648,20 euros por la liquidación del contrato de urbanización del sector. El escrito, redactado en términos inaceptables para una Administración pública no tiene desperdicio. En el mismo, el representante legal de Ortiz, Miguel Carratalá,  asegura que “dicho acuerdo propone una resolución contractual culpable por motivos imputables a esta mercantil [Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, SA.], cuando, a nuestro juicio, sería el Ayuntamiento el responsable de los incumplimientos contractuales (…)”. Es más, la empresa asegura que frente a dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, “se interpondrá, en breve, el oportuno contencioso administrativo, con el objeto de que dicho acuerdo sea revisado ante los tribunales”.  Según un documento citado, Ortiz estima que «no se ha dado ninguna circunstancia que pudiera haber generado daño o perjuicio para el Ayuntamiento o terceras personas» porque «no se ha ejecutado obra alguna» en este sector que fue adjudicado hace casi 15 años y que cuenta con un largo historial de batallas judiciales. Además Ortiz alega también que tampoco se ha girado ninguna cuota de urbanización. Por otra parte, y ante la incoación del expediente para liquidarle el contrato remite una valoración de los gastos que ha supuesto para la empresa toda la tramitación previa del PAI desde que se le adjudicó hasta la fecha de resolución del contrato. Gastos en honorarios profesionales para redactar proyectos, gastos de notaría y otros gastos de gestión que Ortiz cifra en 1.786.648 euros y que debería reembolsarle el consistorio si le liquida el contrato. Todo ello, como bien recuerda el empresario en su misiva, sin cuantificar con lo que económicamente supondría una indemnización por daños y perjuicios «cuya exigencia nos reservamos para el momento procesal oportuno». Sin embargo, Ortiz e Hijos reitera su voluntad de alcanzar un «compromiso de colaboración» que permita resolver estos expedientes y el proceso de ejecución de dos sentencias de 2012 «en las mejores condiciones de seguridad jurídica para las partes», es decir, «sin que esta mercantil tenga que sufrir nuevos daños y perjuicios». En caso de conseguir el «consenso institucional» y llegar al citado acuerdo que garantizara dichas condiciones de seguridad y siempre y cuando «el desarrollo del sector fuera factible en términos de solvencia jurídica y económica», entonces Ortiz valoraría desistir del «mantenimiento de acciones judiciales». Respecto al futuro del programa, por cuya cancelación aboga la mayor parte de la Corporación Municipal y del Consejo Asesor de Escena Urbana, la mercantil, que es propietaria de más del 50% del suelo de Armanello, propone adoptar un sistema de gestión indirecta mediante selección pública de urbanizador. Los técnicos municipales están elaborando el escrito contradictorio a la reclamación de Ortiz en el que, independientemente de que se le reclamen los 17,5 millones que ofreció como mejora.

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