| En tres sentencias
distintas el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios
y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, TSJA, que rechazaron sus impugnaciones contra
el nuevo plan. Las tres sentencias del Supremo llegan a la misma conclusión:
el planeamiento vigente de Marbella es nulo de pleno derecho por varios
motivos, como que el PGOU no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente
construido; que no cumple las normas de evaluación de los efectos
medioambientales; y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.
El plan de
2010, redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras, tuvo
el apoyo consensuado de los dos principales partidos, PP y PSOE, pero resultó
controvertido desde el principio y contó con decenas de impugnaciones.
La mayoría de los recursos tenían que ver con el sistema
de compensaciones que estableció el PGOU para normalizar la situación
irregular en la que se encontraban miles de viviendas que habían
sido construidas contraviniendo el planeamiento entonces vigente, de 1986.
El plan contemplaba legalizar hasta 16.500 viviendas mediante el pago de
compensaciones económicas y en suelo. Dejó fuera de la ordenación
otras 1.500 y hay sentencias que han declarado ilegales construcciones
que el plan normalizaba y propietarios que no aceptan pagar compensaciones.
El Supremo
admite en sus resoluciones el “excepcional” el contexto en el que se aprobó
el PGOU marbellí y asegura ser consciente de “la situación
de generalizada ilegalidad urbanística” existente en el municipio,
como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo “al margen
—o contra—" lo previsto en el anterior plan. “Igualmente —dada la generalizada
amplitud de ilegalidad— somos conscientes de la excepcionalidad de la situación
creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política
de la ciudad”, señalan los jueces en referencia a la disolución
del Gobierno municipal de Marbella por parte del Ejecutivo central en 2006.
El Supremo alude también a las condenas judiciales contra exalcaldes,
funcionarios y promotores urbanísticos del municipio.
Los jueces
de la Sala de lo Contencioso también aseguran ser conscientes del
intento municipal y autonómico, la Junta apoyó la revisión
del plan y dio el visto bueno al documento definitivo, para la regularización
del modelo urbanístico de la ciudad. Pero advierten que su obligación
es controlar la legalidad de ese documento y sostienen que no pueden avalarlo.
Las razones por las que se anula el plan son varias. La primera, porque
el Supremo cree que el Ayuntamiento no tenía la potestad para legalizar,
a través del PGOU, miles de viviendas construidas ilegalmente.
Las viviendas
que el plan regulariza ya habían sido declaradas ilegales por los
tribunales y la potestad para decidir si se ejecuta o no una sentencia
“corresponde exclusivamente” a los jueces, advierte el Supremo. “No resulta
de recibo pretender blindar jurídicamente situaciones de infracción
judicialmente declaradas al socaire de un nuevo planeamiento”, señala
el tribunal, que sostiene que el plan que el Ayuntamiento y la Junta concibieron
para Marbella no pretende “hacer ciudad”, sino “rehacer ciudad”. “Rehacerla
no porque se pretenda su rehabilitación (...) sino porque la hecha
en el pasado lo ha sido de forma ilegal. Su razón de ser, no es
futuro de Marbella, sino su pasado”, concluye el tribunal.
Además,
el Supremo apunta que el nuevo PGOU incumple la exigencia de la directiva
europea sobre evaluación medioambiental y carece de un informe de
sostenibilidad económica.
La anulación
del PGOU deja en el aire de nuevo la situación de las 16.500 viviendas
que regularizó. El Ayuntamiento y la Junta estudiarán en
los próximos días las sentencias para conocer sus “implicaciones”
y buscar una solución, según adelantó este miércoles
el alcalde, el socialista José Bernal, a través de una nota
de prensa.
JUSTIFICACIONES
Las razones
por las que se anula el plan son varias. La primera, porque el Supremo
cree que el Ayuntamiento no tenía la potestad para legalizar, a
través del PGOU, miles de viviendas construidas ilegalmente.
Las viviendas
que el plan regulariza ya habían sido declaradas ilegales por los
tribunales y la potestad para decidir si se ejecuta o no una sentencia
“corresponde exclusivamente” a los jueces, advierte el Supremo. “No resulta
de recibo pretender blindar jurídicamente situaciones de infracción
judicialmente declaradas al socaire de un nuevo planeamiento”, señala
el tribunal, que sostiene que el plan que el Ayuntamiento y la Junta concibieron
para Marbella no pretende “hacer ciudad”, sino “rehacer ciudad”. “Rehacerla
no porque se pretenda su rehabilitación (...) sino porque la hecha
en el pasado lo ha sido de forma ilegal. Su razón de ser, no es
futuro de Marbella, sino su pasado”, concluye el tribunal.
Además,
el Supremo apunta que el nuevo PGOU incumple la exigencia de la directiva
europea sobre evaluación medioambiental y carece de un informe de
sostenibilidad económica.
La anulación
del PGOU deja en el aire de nuevo la situación de las 16.500 viviendas
que regularizó. El Ayuntamiento y la Junta estudiarán en
los próximos días las sentencias para conocer sus “implicaciones”
y buscar una solución, según adelantó este miércoles
el alcalde, el socialista José Bernal, a través de una nota
de prensa.
REACCIONES
El alcalde
de Marbella, José Bernal, aseguró que los agentes interesados
en invertir en el municipio cuentan "con total seguridad jurídica"
en materia de urbanismo, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo.
Bernal agregó
que "sea lo que sea que marque la resolución, tenemos claro que
el Ayuntamiento irá de la mano con el sector hacia adelante para
seguir garantizando inversiones en el municipio" y aseguró que han
recibido la noticia con "total tranquilidad". El regidor manifestó
que miembros de las asesorías jurídicas y técnicos
de Urbanismo ya tienen la sentencia para estudiarla y "saber cómo
tenemos que proceder en materia de ordenación urbanística".
También señaló que el Consistorio marbellí
mantiene una "fluida relación" con la Junta para intercambiar "impresiones".
Juan José
González Presidente del CIT: «Aprovechemos para hacer un plan
bien hecho, que cuando lo tengamos aprobado nadie lo pueda impugnar con
posibilidades de éxito. Que sea manejable y permita una gestión
del suelo ágil».
Ramón
Dávila Presidente de Promotur: «El problema que se plantea
es grave porque deja a la ciudad en un vacío leal y urbanístico
extraordinario, ya que en principio habría que volver al plan del
86, y eso es prácticamente imposible».
Ricardo Arranz
Pte. Asociación Nacional de Urbanizadores: «El plan se hizo
de prisa y corriendo, por arquitectos que no conocían Marbella ni
su mercado, y por unas administraciones que con una responsabilidad grave
aprobaron algo que sabían que no servía».
Tanto el presidente
de CIT Marbella, Juan José González, como el máximo
responsable de Promotur, Ramón Dávila, pusieron el acento
sobre la repercusión negativa que la sentencia tiene para la imagen
de Marbella, al regresar una suerte de inseguridad jurídica que,
a juicio de ambos juristas, tan sólo se resuelve con la elaboración
de un nuevo plan general que lógicamente llevará su tiempo.
«Es muy
problemática la situación que esta sentencia plantea y muy
graves los efectos que puede producir en la actividad inmobiliaria en Marbella
y en la imagen de la ciudad, y en general de Andalucía, ahora que
estaba mejorando la situación», indica Dávila. No obstante,
para el abogado gaditano las razones jurídicas que señala
el Tribunal Supremo son claras e irrebatibles. «No creo que sea el
momento de abordar ahora una discusión jurídica sobre la
sentencia –prosigue–, pero el problema que se planeta es realmente grave
porque deja a la ciudad en un vacío legal y urbanístico extraordinario,
ya que en principio habría que volver al Plan del 86, y eso es prácticamente
imposible».
El presidente
de la Asociación Nacional de Urbanizadores, Ricardo Arranz, aprueba
la anulación de la revisión del PGOUal considerarla «justa
y esperada». «Era un plan ingestionable, absurdo en todo su
contenido que había empezado a ahuyentar a los inversores»,
asegura el empresario, quien arremete no solo contra quienes diseñaron
el planeamiento de 2010, sino contra las administraciones que le dieron
el visto bueno. «Se hizo de prisa y corriendo, por arquitectos que
no conocían absolutamente nada de lo que era Marbella y de lo que
pedía el mercado de la ciudad. Y todo ello respaldado por unas administraciones
que tuvieron la responsabilidad grave de aprobar un plan que sabían
perfectamente que no servía para nada».
Arranz llega
a hablar de «desastre económico» derivado del desarrollo
del documento que, asegura, viene «ahuyentando a los fondos y a inversores
porque no hay seguridad jurídica ante un plan que es absolutamente
ingestionable». Defiende que desde su aprobación ha derivado
en situaciones «injustas», especialmente para cerca de 15.000
personas que –indica– ahora se encuentran «en la ilegalidad pero
que compraron viviendas legales en su día, con sus inscripciones
en los registros de la propiedad y la firma de los notarios».
Considera el
empresario que «lo lógico» sería iniciar la redacción
de un nuevo plan de ordenación urbanística, aunque reconoce
que ello será «complicado y problemático» con
un Ayuntamiento gobernado por «cuatro partidos» si bien apunta
a la «buena sintonía» del alcalde con la Junta de Andalucía.
¿QUÉ
HACER?
Para el presidente
de Promotur la respuesta pasa por un acuerdo de carácter inmediato
y transitorio entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía
que dé un mínimo de seguridad mientras se elabora un nuevo
PGOU. La solución que plantea Dávila ya ha sido abordada
en otras localidades que han sufrido la anulación de su plan por
el Supremo, caso del municipio gaditano de Chiclana.
En la misma
línea se pronuncia el presidente de la patronal marbellí,
para quien el PGOU de 2010 tenía «cosas reprochables»
que promotores, constructores, arquitectos y abogados habían denunciado
en la fase de aprobación inicial y provisional del documento y que
ha generado demandas en las más altas esferas jurídicas.
González insiste en que la sentencia no es una buena noticia, pero
subraya que la ciudad no puede perder la oportunidad para contar con un
plan gestionable. «Puesto que el Supremo ya se ha pronunciado y es
una cuestión inamovible, aprovechemos la circunstancia para hacer
un plan bien hecho, que cuando lo tengamos aprobado nadie lo pueda impugnar
con posibilidades de éxito, y sobre todo que sea manejable, que
permita una gestión del suelo ágil, porque hasta ahora no
lo era», subraya el presidente del CIT.
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