Lo más
probable es que prorrogue más allá del 31 de diciembre el
plazo que tienen esos 2.061 edificios de la capital palentina para presentar
la evaluación sobre su estado de conservación, sus condiciones
básicas de accesibilidad universal y su eficiencia energética.
Este tiempo
extra, además, permitirá al Consistorio materializar sus
ayudas económicas. Desde el Ayuntamiento se asegura que se está
trabajando con el Colegio de Arquitectos para llegar a un acuerdo y ofrecer
sus servicios para la emisión de las inspecciones técnicas
a aquellos propietarios con una situación económica compleja.
Una de las
ideas que se han barajado es la creación de una especie de arquitecto
de oficio. El Ayuntamiento, a través de un convenio de colaboración
con el Colegio de Arquitectos, asignaría un profesional a aquellos
propietarios que cumplieran una serie de requisitos. Éste realizaría
el informe y cobraría del Consistorio.
Son los propietarios
de los edificios los que están obligados a elaborar este Informe
de Evaluación. Dicho de otra forma, la obligación recae sobre
quien ostenta la propiedad del inmueble, bien a título individual
o a través de una comunidad de propietarios o la agrupación
de varias comunidades de propietarios.
No obstante,
la Ordenanza contempla que los arrendatarios de los inmuebles puedan reclamar
de la Administración la realización del Informe de Evaluación
en el caso de que el propietario incumpla su obligación.
La Ordenanza
incluye sanciones de 1.000 a 10.000 euros, así como la posibilidad
de una ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, tanto si
los propietarios de un inmueble no llevan a cabo el Informe de Evaluación
como si, tras resultar desfavorable, no acometen las obras necesarias para
solventar las deficiencias.
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