| Durante su
intervención ante la Cámara, el consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado que
la norma dará seguridad jurídica a titulares de viviendas
localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden
ejercer acciones disciplinarias, al abrir la posibilidad de aplicarles
el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO).
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
calcula que entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta
medida. De acuerdo con los cambios introducidos, las edificaciones residenciales
aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la
legalidad urbanística podrán regularizar su situación
siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no
estén situadas en zonas inundables o de especial protección
y no estén afectadas por expedientes administrativos. Los propietarios
podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad
y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Asimismo, deberán
adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos
o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos
hídricos.
En el caso
de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos,
la regularización se realizará a través de la incorporación
de los mismos al planeamiento urbanístico. Además de la modificación
de los artículos, la norma incluye también tres disposiciones
adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de
edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información
de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización.
En la primera de estas disposiciones se establece que los ayuntamientos
deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción
del avance de planeamiento, instrumento necesario para la identificación
de las viviendas y la aplicación del régimen AFO.
La segunda
obliga a las corporaciones a responder en un plazo máximo de dos
meses a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación
al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones
en suelo no urbanizable. Finalmente, la tercera introduce un régimen
complementario al del AFO con el fin de poder hacer efectivo el trámite
del registro de las propiedades regularizadas. PP-A Ve una solución
"muy parcial" En el turno de intervención de los grupos, la diputada
del PP-A Patricia Navarro ha dicho que este proyecto de ley es una solución
"muy parcial" a una problemática "demasiado amplia y casi global",
cuyo "principal responsable" es la Junta. Ha insistido en que el alcance
de la norma es "limitado", supone "matar moscas a cañonazos" y es
fruto de las "cortas miras" del Ejecutivo de Susana Díaz. Navarro
ha dicho que su formación se congratula por las más de 25.000
familias que con esta nueva ley se pueden quedar "más tranquilas"
aunque su vivienda siga sin ser legal. No obstante, ha advertido de que
hay otras 275.000 familias para las que este proyecto supone "un agravio
comparativo y una vulneración del derecho a la igualdad, tal y como
se recoge en el dictamen del Consultivo". La diputada de Podemos Mercedes
Barranco ha dicho que este proyecto de ley es un "parche a una herida que
no deja de sangrar" y que se pretende "tapar las vergüenzas" del Gobierno
andaluz y dar "amparo" a quienes incumplieron la ley. En su opinión,
lo urgente no debería ser dar amparo a estas personas, sino acabar
con la especulación y dar una solución real a los afectados.
Así, ha abogado por estudiar "caso a caso" y no por un "amnistía
generalizada". Por su parte, la diputada de C's Irene Rivera ha dicho que
esta Cámara no puede seguir ignorando los errores del pasado en
materia urbanística y ha abogado por olvidarse de las siglas de
los partidos y ofrecer soluciones a los afectados. "Las leyes no pueden
ser inamovibles, sino que tienen que adaptarse a la realidad social", ha
añadido Rivera, quien ha aplaudido esta modificación normativa
aunque su formación teme que pueda quedarse "corta".
ANTECEDENTES
23 de septiembre
de 2014
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA REFORMA
DEL LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA PARA AMNISTIAR LA RESPONSABILIDAD
POR INSPECCIÓN URBANÍSTICA.
Convertir
conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com de la inspección urbanística, viviendas ilegales,
y guía del urbanismo de Andalucía. El Parlamento andaluz
ha aprobado una modificación de la ley del suelo de Andalucía
para regularizar viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable
para las que ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad.
Se trata de dar una solución a la existencia de un importante número
de edificaciones construidas, en suelo no urbanizable, y para las que ha
prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística,
y por las que ninguna administración o inspección urbanística
se responsabiliza. Se modificará el artículo 185 de la Ley
de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) lo que resulta
insuficiente para resolver el problema generalizado de ausencia de suministro
eléctrico en la viviendas. El origen del problema está en
la dejación de la competencia de inspección urbanísima
por la Junta de Andalucía con el urbanismo ilegal. Esta reforma
afectará a 250.000 viviendas ilegales y aisladas que hay en
Andalucía en suelos no urbanizables, entre los que hay subparcelaciones
ilegales para poder vender por parcelas.
Herramienta
práctica > Guías prácticas
Con esta
amnistía se libera a la construcción ilegal en suelo rústico
y en especial la subparcelación o reparcelación ilegal y
bastará pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido
por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar.
Los socialistas
argumentan que el decreto aprobado hace dos años por la entonces
Consejería de Obras Públicas y por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable,
ha carecido de "efectividad" en cuanto a la regularización de las
viviendas aisladas prescritas ubicadas en suelo no urbanizables "para las
que aún pueden adoptarse medidas de protección de la legalidad
urbanística".
"El legislador
no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, la gran mayoría
construidas hace ya un número considerable de años, y debe
dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad
jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones
parecidas", señalan.
Por otra
parte, Ecologistas en Acción ha lamentado el anuncio de la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para la reforma del
artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas
ilegales construidas en suelo rústico.
En una
nota, la organización ecologista ha considerado "incongruente" que
se justifique esta decisión porque "las viviendas ilegales construidas
en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica".
En este
punto, ha recordado que tal "limbo" lo ha creado la propia Junta de Andalucía
con "su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y
con la especulación y corrupción urbanística".
"El limbo
jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido
los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias
reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará
nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de
todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin
precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los
intereses de los que las han infringido", señala Ecologistas en
Acción.
Por esto,
según explica, por lo que "los delincuentes ilegales se han manifestado
pidiendo una moratoria para las órdenes de demolición", porque,
a su juicio, "la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la
esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio
de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará".
Con esta
decisión, la organización apunta que "la Junta demuestra
su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes"
e indica que "los que la hacen tienen premio".
Según
explica Ecologistas en Acción, ahora "la Junta pretende regularizar
las viviendas construidas en auténticas urbanizaciones ilegales,
montadas por tramas de especulación y corrupción".
"Estamos
hablando de subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por
parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica,
de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en
un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano",
ha subrayado.
Para IU,
la razón de su oposición descansa en que no es una propuesta
consensuada, de la que no tiene suficiente información y que contraviene
su apuesta por un urbanismo sostenible. IU defiende la "legalidad" frente
a la "realidad" de la que habla la presidenta Susana Díaz: la de
miles de casas ya construidas. El asunto, de hecho, hubiera sido muchísimo
más polémico hace 10 años cuando la sociedad andaluza
estaba mucho más concienciada ante la proliferación de parcelaciones
ilegales.
El vicepresidente
de la Junta, Diego Valderas (IU), abogó por "sopesar con cautela"
la modificación de la ley. En declaraciones a los periodistas en
Huelva, antes de iniciar su programa de rendición de cuentas a la
ciudadanía, que se desarrollará con el lema Explicar, compartir,
escuchar, Valderas se refirió al voto en contra de IU a esta propuesta
durante el Debate sobre el estado de la Comunidad. Señaló
que cuestionarle por el "no" de su formación es lo mismo que si
él pregunta por qué "el PSOE ha votado en contra de cinco
propuestas de IU". "Lo importante es lo que suman", indicó, y recordó
que los socios de gobierno han coincidido "en más del 90 por ciento
de las propuestas" de resolución presentadas en el debate. Valderas
entiende que esta cuestión "tiene que tener una reflexión
más que necesaria y seguro que el Gobierno la va a tener por su
responsabilidad".
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