El principal
objetivo de este plan es “asegurar que el crecimiento económico
español sea sostenible a través de la promoción de
una economía que utilice más eficazmente los recursos, sea
más verde y competitiva”, tal como detalla la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su Carta Local. El
27% de la cifra global se destinará a los consistorios.
El 38% del
total (2.98 millones) se empleará en “promover una economía
baja en carbono” que limite la emisión de gases de efecto invernadero
“en todos los sectores”. Es decir, a “incrementar las energías renovables,
buscar la eficiencia energética en viviendas y edificios e infraestructuras
públicas, reducir las emisiones de vehículos, etc.”.
Al desarrollo
urbano sostenible se destinarán 1.1012 millones (un 18% de la ayuda
total), para “avanzar hacia ciudades más inteligentes”. A la mejora
de la calidad del agua se dedicarán 695 millones (un 12% del total),
para completar las infraestructuras de depuración –España
afronta multas por incumplir la Directiva–.
|