| La portavoz
ha asegurado que Ikea no contemplan ningún "plan B", y ha solicitado
a las administraciones implicadas -Ayuntamiento de Alicante y Consejería-,
que "clarifiquen" el proyecto de la Actuación Territorial Estratégica
(ATE) para su implantación. Ha considerado que el espacio que ofrece
Rabasa se ajusta al "tamaño que necesita la provincia". En su opinión,
el pequeño comercio no se vería afectado por un macrocentro
comercial que incluiría "marcas internacionales" ya que se "complementarían".
Como ejemplo ha citado los centros comerciales existentes en Jerez y Valladolid
como que el modelo que se instalaría en Alicante.
La representante
de Ikea ha recordado que se trata de un proyecto de 250 millones de euros
que supondría la creación de unos 4.000 puestos de trabajo,
entre directos e indirectos, contando con los que se crearían durante
la edificación más la futura plantilla. Además, han
recalcado que la superficie del complejo sería de unos 125.000 metros
cuadrados, 42.000 de tienda y unos 83.000 más de centro comercial.
Enrile ha añadido que clientes alicantinos se han gastado en los
últimos tres años 100 millones de euros en las tiendas de
Valencia y Murcia y da por descontado que el establecimiento de Rabasa
se constituiría en un gran polo de atracción para clientes
de toda la provincia y áreas limítrofes como Albacete.
La postura
de Ikea es contraria a la postura política de la Generalitat y el
Ayuntamiento, incluido el grupo popular que lidera la oposición
y que durante la campaña electoral se manifestó favorable
a la ubicación pero no a la instalación de un macrocentro
anexo.
El pleno del
Consell surgido tras las elecciones aprobó en su primera reunión
paralizar el plan de actuación que suponía la instalación
de IKEA en Alicante, una decisión que se adoptó de acuerdo
con el consistorio.
El Ayuntamiento
de Alicante aprobó en el pleno de 30 de julio una declaración
institucional para solicitar la retirada de la ATE, lo que justificó
en la necesidad de que la implantación de IKEA se materializara
a través de otra figura urbanística "desvinculada de cualquier
sospecha de corrupción", según señaló en su
momento el concejal de Urbanismo de Alicante, Miguel Ángel Pavón.
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