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23 de octubre de 2015
 

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MADRID DEROGA LA LEY DE VIVIENDAS RURALES SOSTENIBLES SIN ESPERAR AL CONSTITUCIONAL. ¿Qué aprendo? Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. Nos referimos al recurso de inconstitucionalidad n.º 1883-2013, contra los artículos 1, 2, 4, 5 y 7, de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles, y a la resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles. El urbanismo madrileño no espera al constitucional y deroga, a propuesta de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la derogación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas

 

En sus tres años de vigencia de la ley se han autorizado únicamente ocho licencias y otras 14 estaban en tramitación, apunta Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. La mayoría de interesados se concentran en Pozuelo de Alarcón. En este sentido, la Asociación de Amigos del Monte de Pozuelo ha presentado más de 40.000 firmas para derogar la normativa. Los servicios jurídicos de la Comunidad también cuestionaron la ley por “la ausencia de elementos suficientes para apreciar y valorar los motivos de oportunidad y necesidad del anteproyecto, circunstancia relevante dado que nos hallamos ante una normativa especial”. Y recalcaron que tampoco se concretaban las materias primas que se podrían utilizar en las futuras residencias campestres. El colegio de Ingenieros de Montes advirtió, por su parte, de que la potencial dispersión de viviendas por el campo haría “aumentar exponencialmente el riesgo de incendios forestales”, además de “dificultar y limitar extraordinariamente los trabajos de extinción”. La Ley de Viviendas Rurales Sostenibles permite edificar a los propietarios de las 13.102 parcelas rústicas de más de seis hectáreas que no están protegidas ambientalmente y que se reparten por la región. Las casas no pueden ocupar más del 1,5% de la superficie del terreno ni superar los 3,5 metros de altura. Además, deberían estar a una distancia de al menos 250 metros de la construcción más cercana. Los propietarios del suelo correrían con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos.

 
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