| Según
ha explicado el consejero tras el Consejo de Gobierno, los planes hidrológicos
recogen 594 proyectos en unos 28.662 kilómetros cuadrados, que supone
el 36,4% de la superficie total de Andalucía y concentra el 43,79%
de su población. Las medidas programadas se dirigen a paliar el
déficit que presenta la Cuenca Mediterránea Andaluza y a
garantizar el mantenimiento del equilibrio hídrico en las del Guadalete-Barbate
y Tinto-Odiel-Piedras. De la inversión prevista, Fiscal ha detallado
que 473 millones corresponden a la aportación de la Junta y el resto
a las Administraciones central y local y otros entes locales y privados.
Por cuencas, el plan de mayor envergadura para este periodo corresponde
a la Mediterránea, con 982 millones de euros, mientras que en la
del Guadalete-Barbate se invertirán 152 millones y en la del Tinto-Odiel-Piedras
303 millones.
En materia
de saneamiento destacan los proyectos de la agrupación de vertidos
de la Bahía de Algeciras, la ampliación de la depuradora
de San Roque-Palmones y las construcción de las de Guaro, Guadalhorce
Norte, Bajo Guadalhorce, La Viñuela y Nerja. Otras obras relevantes
son las del cubrimiento del canal principal de riego y abastecimiento de
Málaga, la reutilización de aguas en esta ciudad, la mejora
de la red de riegos antiguos del Guadalhorce, la primera fase de las conducciones
derivadas de la presa de Rules, la mejora de la desaladora del Campo de
Dalías y la conexión de la presa de Cuevas del Almanzora
y el Poniente almeriense.
Cuenca Guadalete-Barbate.
Entre las obras programadas destacan las relativas a la ampliación
de la depuradora de Arcos de la Frontera y a las mejoras en las de Barbate,
Caños de Meca, Sanlúcar de Barrameda, Zahara de los Atunes
y El Palmar, así como en los colectores que dan servicio a estos
dos últimos núcleos. Además, se realizarán
intervenciones para paliar la regresión de la costa.
Cuenca Tinto-Odiel-Piedras.
Destacan en este plan los proyectos de mejora de las depuradoras y colectores
de El Cerro del Andévalo-Calañas, Campofrío, Minas
de Riotinto-Nerva y Moguer, además del incremento de la capacidad
del Canal del Piedras, el inicio de la construcción del Canal de
Trigueros y la continuación de las obras de la presa de Alcolea.
El Consejo
de Gobierno también ha aprobado los planes de gestión de
riesgo de inundaciones para las tres cuencas intracomunitarias, que se
aplicarán en las 257 áreas de riesgo potencial (177 se sitúan
en zonas continentales y el resto en el litoral). Los planes incluyen 544
proyectos en un territorio de más de 28.000 metros cuadrados, lo
que afectará a casi la mitad de la población andaluza. Las
medidas abarcan todos los posibles tipos de intervención, desde
la protección hasta la recuperación de las zonas afectadas,
con prioridad para aquellas más sostenibles desde el punto de vista
medioambiental, económico y social. Entre las principales obras
programadas destacan las relativas a la regulación del río
Antas y el encauzamiento del Adra; los trabajos de defensa de avenidas
en el arroyo Molinillo, río Ubrique y zona de Pruna; y las intervenciones
con este mismo fin en San Juan del Puerto.
Respecto a
los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, estos documentos
establecen un sistema de prevención y respuesta para episodios como
desbordamientos de ríos, torrentes de montaña y demás
corrientes de agua continuas o intermitentes, así como daños
causados por el mar en las zonas costeras y por su acción conjunta
con los ríos en las áreas de transición. Las medidas
abarcan todos los posibles tipos de intervención, desde la protección
hasta la recuperación de las zonas afectadas, con prioridad para
aquellas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental,
económico y social.
Entre las principales
obras programadas destacan las relativas a la regulación del río
Antas y el encauzamiento del Adra (Cuenca Mediterránea Andaluza);
los trabajos de defensa de avenidas en el arroyo Molinillo, río
Ubrique y zona de Pruna (Cuenca del Guadalete-Barbate) y las intervenciones
con este mismo fin en San Juan del Puerto (Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras).
Los proyectos
de defensa y protección se llevarán a cabo en los tramos
urbanos de los cauces y también en aquellas zonas alejadas de las
poblaciones pero que pueden influir en la aparición de avenidas
e inundaciones. Básicamente, se trata de obras de encauzamiento,
ampliación de la capacidad de desagüe y construcción
de diques y represas, con el objetivo común de suavizar las pendientes,
proteger las márgenes y reducir la velocidad y el efecto erosivo
de las escorrentías. Estas intervenciones se completan con un programa
específico de repoblaciones forestales destinado a favorecer la
fijación de los terrenos y aumentar su capacidad de absorción
de agua.
Asimismo, los
planes incluyen limitaciones de uso con carácter vinculante en zonas
inundables, medidas de agilización de los trámites de informes
hídricos para los planeamientos urbanísticos y previsiones
para la defensa de núcleos de población con especial riesgo
en zonas concretas, como el bajo Guadalhorce o el río Antas.
De las 259
zonas de riesgo identificadas como de intervención prioritaria,
la mayor parte (182) se localiza en la Demarcación Mediterránea,
especialmente expuesta por la mayor irregularidad de las lluvias y su orografía
más accidentada. Entre ellas figuran enclaves situados en las cuencas
del Palmones y el Guadarranque (Cádiz), Guadalhorce (Málaga)
y Antas (Almería), así como en el litoral de Granada.
En la cuenca
del Guadalete-Barbate se han identificado 43 áreas y en la del Tinto-Odiel-Piedras,
34. En estas demarcaciones, las principales zonas de riesgo se localizan
en torno al río Guadalete y Conil (Cádiz) y en las desembocaduras
de las cuencas onubenses.
La información
recopilada en este inventario de puntos de riesgo permitirá mejorar
la planificación de los ayuntamientos y de la propia Junta para
integrar los tramos fluviales urbanos, delimitar las zonas inundables,
modular los distintos niveles de riesgo y establecer restricciones de uso.
Los tres planes
contra inundaciones, que se coordinan con los hidrológicos aprobados
por el Consejo, han sido elaborados tras un proceso de consulta y participación
pública en el que se han presentado 312 alegaciones. De ellas, 172
fueron aceptadas e incorporadas a los documentos.
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