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20 de enero
de 2015
| NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA
EDUCATIVO inmoley.com
DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © |
INSPECCIÓN URBANÍSTICA
EN GALICIA
Convertir conocimiento en
valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística
y viviendas ilegales. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
(APLU) de la Xunta derribó en 2014, un total de 101 en Galicia y
con la provincia de A Coruña a la cabeza con 46 demoliciones, seguida
de Pontevedra con 43, Lugo con 8 y Ourense con 4. La comarca coruñesa,
el primer cinturón de municipios alrededor de la ciudad, contabilizó
también un buen número de casos, 12 en total, la mayoría
construcciones ejecutadas en rústico de protección forestal,
paisajística u ordinaria.
Herramienta práctica
> Guías
prácticas
El concello de Arteixo fue el que
contabilizó más demoliciones de construcciones a cargo de
la Axencia da Legalidade dentro del área metropolitana, con cinco
casos, seguido de Sada con cuatro, Oleiros con dos y Betanzos con uno.
Este año, además de las típicas viviendas-casetas,
también se demolieron otras construcciones más singulares
como un complejo hípico en la travesía de O Rañal
en Arteixo, declarado ilegal por la APLU en 2011 por levantase en suelo
rústico y demolido en enero de 2014.
En Sada se demolió el pasado
octubre una casa prefabricada con su piscina, pozo, barbacoa y alpendre
metálico, en la parroquia de Carnoedo, que ya registra varias demoliciones
de viviendas ilegales. Esta se ejecutó en suelo de protección
de patrimonio cultural y también de protección paisajística.
Otra eliminación singular fue la realizada el pasado julio en Betanzos,
una casa móvil prefabricada instalada sobre un soporte en una finca
en la parroquia de Requián, sobre suelo rústico de protección
ordinaria.
La APLU ofrece a los concellos adherirse
a la agencia (dependiente de la Consellería de Medio Ambiente) para
asumir el trabajo de velar "por la utilización racional del suelo"
conforme a las normas urbanísticas y de ordenación del territorio,
sobre todo en el medio rural y en zona de servidumbre de protección
de Costas. La agencia se encarga de inspeccionar, vigilar y reponer la
legalidad si son obras sin licencia en suelo rústico, en zonas verdes
o si los concellos no ejerzan sus competencias. También tiene capacidad
sancionadora, imponiendo sanciones por infracciones muy graves o graves.
La APLU entrega a los concellos
adheridos el 50% del importe de las multas coercitivas y las sanciones
impuestas a infractores de sus municipios. A los ayuntamientos no les cuesta
nada sumarse a la agencia, solo tienen que cooperar y aportar información,
e incluso reciben un dinero. Sin embargo, en la provincia coruñesa
solo hay 20 adheridos (el último, estos días, Cerceda) y
ninguno dentro del área metropolitana coruñesa. Hay que ir
al segundo cinturón: Carballo y Miño, a los que se suma ahora
Cerceda.
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