15 de enero
de 2015
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JORNADAS inmoley.com SOBRE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (RPA) EN LAS AUTOPISTAS
DE PEAJE.
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Guía práctica inmoley.com de la obra pública y guía
de expropiaciones urbanísticas. La responsabilidad patrimonial de
la Administración (RPA) en las autopistas de peaje afecta a los
supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago
de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria
en concurso.
Herramienta práctica
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prácticas
El sobrecoste de las expropiaciones,
la crisis y la existencia en muchas ocasiones de carreteras gratuitas que
cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias autopistas de peaje al concurso
de acreedores.
Es el caso de las cuatro autopistas
radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), del Eje Aeropuerto; de la AP41, que
conecta Madrid y Toledo; la AP36, que discurre entre Ocaña (Toledo)
y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
Fomento negocia desde hace tiempo
con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación
de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
Inicialmente, el valor residual
de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital
de la empresa, en tanto que el 80 % restante sería controlado por
la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
Los sobrecostes en las expropiaciones
y las compensaciones por la caída del tráfico suman 1.260
millones y si se imputa directamente al RPA afecta al déficit público,
ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a Bruselas.
La solución pasa por los
bancos acreedores ya que los accionistas de las empresas cedieron los derechos
de cobro a las entidades en garantía por los préstamos con
los que construyeron las carreteras.
El Ministerio de Fomento sigue sin
dar una solución al problema de las autopistas en quiebra y 2014
ha concluido sin acuerdo.
Estando el actual ministro de Justicia,
Rafael Catalá, en la secretaría de Estado de Infraestructuras
se planteó la quita del 50% sobre los casi 5.000 millones de euros
de deuda que arrastran las autopistas y negociar el tipo de interés
que debe fijarse para devolver la deuda en 30 años. El interés
que devengará esta deuda se sitúa entre el 1,1% que está
dispuesto a reconocer Fomento y el 2% que como mínimo reclaman los
bancos extranjeros.
El problema que tiene Fomento es
que, si dejan quebrar las autopistas, el Estado tendría que afrontar
la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA),
con lo que los 4.000 millones de euros se contabilizarían como deuda
pública.
Ferrovial, OHL y Abertis, tres de
las constructoras implicadas, se han mostrado totalmente en contra de la
liquidación, ya que consideran que sería una decisión
que aportaría una mala imagen para el sector. Máxime cuando
todas las empresas afectadas están presentes en el extranjero y
gestionan otras autopistas en Canadá, EEUU, Latinoamérica
y Europa donde, en ningún caso, se ha producido una situación
similar.
Ahora Fomento quiere unificar la
solución, pero ninguna de las autopistas tiene la misma deuda, tampoco
el mismo tráfico e incluso la financiación extranjera es
diferente.
El caso es que esta fórmula
permite unificar todos los concursos de acreedores de las ocho autopistas
de peaje en un solo juzgado de Madrid y al tener que votarse las propuestas
de convenio a la vez, es posible que los concursos de acreedores se retrasen
hasta 2016.
A finales de 2014, el Ministerio
de Fomento comunicó por escrito el rechazo a la última propuesta
realizada por la banca acreedora que, a cambio de aceptar una quita y de
reestructurar la deuda actual en bonos, pedía una remuneración
equivalente al bono español a 30 años, actualmente situada
por debajo del 3%. La oferta del Ministerio de Hacienda limitaba la rentabilidad
al 1%. Los bancos internacionales, entre los que figuran ING, BES o Credit
Agricole, se niegan a aceptar un descuento tan grande e igual para todos.
La principal garantía de estas entidades es la RPA en caso de que
el activo entre en liquidación.
Si no hay acuerdo, y se inicia una
liquidación ordenada de los activos, responsabilidad estatal podría
ascender 5.700 millones. Esta cantidad sale de la suma de las garantías
contractuales (Responsabilidad Patrimonial de la Administración)
y de sucesivas medidas de apoyo que el Gobierno aprobó por ley (préstamos
participativos y cuentas de compensación).
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