NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

LA REFORMA DEL LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA PARA AMNISTIAR LA RESPONSABILIDAD POR INSPECCIÓN URBANÍSTICA.
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística, viviendas ilegales, y guía del urbanismo de Andalucía. El Parlamento andaluz ha aprobado una modificación de la ley del suelo de Andalucía para regularizar viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable para las que ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad. Se trata de dar una solución a la existencia de un importante número de edificaciones construidas, en suelo no urbanizable, y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, y por las que ninguna administración o inspección urbanística se responsabiliza. Se modificará el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA)  lo que resulta insuficiente para resolver el problema generalizado de ausencia de suministro eléctrico en la viviendas. El origen del problema está en la dejación de la competencia de inspección urbanísima por la Junta de Andalucía con el urbanismo ilegal. Esta reforma afectará a 250.000 viviendas ilegales y  aisladas que hay en Andalucía en suelos no urbanizables, entre los que hay subparcelaciones ilegales para poder vender por parcelas. 
Herramienta práctica > Guías prácticas

Con esta amnistía se libera a la construcción ilegal en suelo rústico y en especial la subparcelación o reparcelación ilegal y bastará pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar. 

Los socialistas argumentan que el decreto aprobado hace dos años por la entonces Consejería de Obras Públicas y por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, ha carecido de "efectividad" en cuanto a la regularización de las viviendas aisladas prescritas ubicadas en suelo no urbanizables "para las que aún pueden adoptarse medidas de protección de la legalidad urbanística".

"El legislador no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años, y debe dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones parecidas", señalan.

Por otra parte, Ecologistas en Acción ha lamentado el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para la reforma del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico.

En una nota, la organización ecologista ha considerado "incongruente" que se justifique esta decisión porque "las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica".

En este punto, ha recordado que tal "limbo" lo ha creado la propia Junta de Andalucía con "su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística".

"El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido", señala Ecologistas en Acción.

Por esto, según explica, por lo que "los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una moratoria para las órdenes de demolición", porque, a su juicio, "la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará".

Con esta decisión, la organización apunta que "la Junta demuestra su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes" e indica que "los que la hacen tienen premio".

Según explica Ecologistas en Acción, ahora "la Junta pretende regularizar las viviendas construidas en auténticas urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y corrupción".

"Estamos hablando de subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano", ha subrayado.

Para IU, la razón de su oposición descansa en que no es una propuesta consensuada, de la que no tiene suficiente información y que contraviene su apuesta por un urbanismo sostenible. IU defiende la "legalidad" frente a la "realidad" de la que habla la presidenta Susana Díaz: la de miles de casas ya construidas. El asunto, de hecho, hubiera sido muchísimo más polémico hace 10 años cuando la sociedad andaluza estaba mucho más concienciada ante la proliferación de parcelaciones ilegales. 

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), abogó por "sopesar con cautela" la modificación de la ley. En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de iniciar su programa de rendición de cuentas a la ciudadanía, que se desarrollará con el lema Explicar, compartir, escuchar, Valderas se refirió al voto en contra de IU a esta propuesta durante el Debate sobre el estado de la Comunidad. Señaló que cuestionarle por el "no" de su formación es lo mismo que si él pregunta por qué "el PSOE ha votado en contra de cinco propuestas de IU". "Lo importante es lo que suman", indicó, y recordó que los socios de gobierno han coincidido "en más del 90 por ciento de las propuestas" de resolución presentadas en el debate. Valderas entiende que esta cuestión "tiene que tener una reflexión más que necesaria y seguro que el Gobierno la va a tener por su responsabilidad".