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LAS DEMOLICIONES JUDICIALES NO QUEDAN AFECTADAS POR LA AMNISTÍA URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística, viviendas ilegales y guía del urbanismo de Andalucía. La Audiencia Provincial de Sevilla mantiene la demolición de una vivienda ilegal en Alcalá de Guadaíra al considerar que el anteproyecto de ley de la Junta de Andalucía para regularizar viviendas ilegales no se debe aplicar a las parcelaciones que se encuentren incursas en un procedimiento judicial en tramitación. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en octubre la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para incorporar medidas urgentes para las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Se trata del proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas ilegales contará con un marco temporal de dos años. 
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En La sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial revoca el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 7 que condenó a seis meses de cárcel por construir una vivienda de 140 metros cuadrados en suelo no urbanizable del paraje de 'Los Gallineros' de Alcalá de Guadaíra pero no ordenó la demolición de lo construido.

"No podemos compartir la apreciación del juez de lo Penal para llegar al pronunciamiento de entender que no es procedente la demolición de las obras, con base a unos argumentos que esta Sala no comparte y que están en contra de la posición y criterio que ya, en otras muchas ocasiones, hemos reiterado al resolver supuestos similares en cuanto a la procedencia de la demolición de lo ilícitamente edificado", afirma.

El tribunal recuerda que, en este caso, la obra se llevó a cabo en suelo rústico de uso agropecuario, no urbanizable, "sabiendo el acusado que no se podía construir y por ello no pidió, siquiera, licencia para ejecutar las obras", por lo que "las consideraciones que se hacen por el juez para no acordar la demolición de las obras no son acogibles", ya que "se cimentan, esencialmente", en el decreto aprobado en 2012 por la Junta que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.
 

La demolición es "procedente" al suponer "una manifiesta vulneración de la ordenación territorial del suelo y su uso ni era autorizable en la fecha en la que se iniciaron las obras ni lo es ahora, sin que se justifique mantener esa obra ilegal ante una posible e incierta legalización".

Además, asevera que la demolición es aconsejable por "razones de política criminal", como es "disuadir de llevar a cabo edificaciones ilegales que atenten contra la legalidad urbanística en concreto y más concretamente contra el bien jurídico protegido --la utilización racional del suelo orientada a los intereses generales--.

Por último, la Audiencia dice que el argumento de que existen en la zona otras edificaciones que restan trascendencia a la obra ejecutada por el acusado "no puede ser acogido, pues además de poder producir un efecto llamada, multiplicándose las construcciones al saber que no se va a proceder a su derribo, no parece lógico que de un acto contrario a derecho pueda nacer un derecho para el infractor".

Y es que "la existencia de otras edificaciones no puede servir de excusa, pues una cosa es que en las parcelas de las inmediaciones también se hubiera construido de forma supuestamente ilegal y otra es que se desconozca e ignore dicha ilegalidad, aún cometida por múltiples sujetos". "No es dable pretender una impunidad amparándose o basándose en las actuaciones presuntamente ilegales de otros".

ANTECEDENTES

IULV-CA por el acuerdo alcanzado para la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), asegurando que ofrecerá una solución "definitiva y con garantías jurídicas" para regularizar las miles de viviendas ilegales en la Comunidad.

La asociación Ecologistas en Acción ha criticado que, dentro de la "carrera" entre los partidos políticos parlamentarios "a ver quién apoya más a las viviendas y urbanizaciones ilegales", sea ahora IU, "el único partido que se posicionó en el reciente debate del estado de la comunidad en contra de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para legalizar las urbanizaciones ilegales", el que se ha terminado "apuntando al carro del urbanismo ilegal, que no olvidemos es fruto de la especulación y de la corrupción urbanística".

En un comunicado, Ecologistas ha subrayado que "además de las cerca de 300.000 viviendas que se posibilitan legalizar con el decretazo de 2012, ahora se abren las puertas de la legalización a otras 25.000 que se quedaron sin poder legalizar, ya que no eran viviendas aisladas, sino auténticas urbanizaciones en suelo no urbanizable". "Todo un escándalo de consecuencias impredecibles, tanto por lo que supone de amnistía para no aplicar las leyes como por el efecto llamada que generará: el mensaje es claro, lo que se construye ilegalmente se termina por legalizar y a un coste menor que si se construye legalmente", ha agregado.

Para la formación 'verde', la condición que ha exigido IU, que sean de uso residencial, es "ridícula y perfectamente asumible por el PSOE, por el PP y por los constructores y propietarios de viviendas ilegales". "Ni siquiera que sean de primera residencia; es decir, que el tan manido argumento de que hay que dar una salida a las familias que viven en unas condiciones de precariedad legal es también falso, pues muchas son de segunda residencia y ahora también se legalizarán", lamentan.

Ecologistas en Acción ha criticado que "los que dicen defender el cumplimiento de la legalidad sean los adalides de su incumplimiento; que los que hablan de transparencia y participación hayan dado este golpe en negociaciones secretas a espalda de los ciudadanos y de los órganos consultivos de la propia Junta de Andalucía; que los que dicen defender otro modelo distinto al del ladrillo, se dediquen ahora a intentar amparar toda la especulación y la corrupción urbanística que se ha desarrollado durante la burbuja inmobiliaria".

Ecologistas en Acción señala que además de las cerca de 300.000 viviendas que se posibilitan legalizar con el decretazo de 2012, ahora se abren las puertas de la legalización a otras 25.000 que se quedaron sin poder legalizar ya que no eran viviendas aisladas, sino auténticas urbanizaciones en suelo no urbanizable. Todo un escándalo de consecuencias impredecibles, tanto por lo que supone de amnistía para no aplicar las leyes, como por el efecto llamada que generará. El mensaje es claro, lo que se construye ilegalmente se termina por legalizar, y a un coste menor que si se construye legalmente.

Ecologistas en Acción lamenta que los que dicen defender el cumplimiento de la legalidad, sean los adalides de su incumplimiento; que los que hablan de transparencia y participación hayan dado este golpe en negociaciones secretas a espalda de los ciudadanos y de los órganos consultivos de la propia Junta de Andalucía; que los que dicen defender otro modelo distinto al del ladrillo, se dediquen ahora a intentar amparar toda la especulación y la corrupción urbanística que se ha desarrollado durante la burbuja inmobiliaria.

Esta modificación de la LOUA no estaba en el programa de IU ni en el acuerdo de gobierno que firmaron con el PSOE. Muy al contrario, IU manifestó que lucharía contra la especulación y la corrupción urbanística. Ahora aprueba lo que dijo que combatiría, mientras que acuerdos incluidos en el programa de gobierno se incumplen manifiestamente.

En el “Acuerdo por Andalucía” firmado por PSOE e IU se incluían los siguientes compromisos:

-Nuestro modelo de desarrollo ha de distinguirse por incorporar plenamente la consideración de la calidad del territorio y el medio ambiente en las políticas y actividades económicas. Por ello, planteamos el principio de no regresión en los derechos y en las políticas de ordenación del territorio y de medio ambiente.

-Impulsaremos un modelo de ordenación del territorio ecológicamente sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado.

-Impulsaremos el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de forma prioritaria para hacer frente a la especulación, potenciar la intervención pública en suelo y vivienda.

-Promoveremos la participación de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de todos los instrumentos de Planificación y ordenación del territorio, de todos los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones para las decisiones a adoptar en cada Plan, incluyendo la información relativa a la participación pública.

-Defenderemos un modelo de ciudad compacta basado en la diversidad social y de usos que favorezca la calidad de vida y la compatibilidad de actividades productivas y residenciales, con unas adecuadas dotaciones de servicios públicos que apuesten por un modelo de movilidad sostenible sustentado en el transporte público y los medios no motorizados.

Este es el “Programa, programa, programa…” de IU. Que después no se extrañen del “desapego” de los ciudadanos ante unas formaciones políticas que prometen una cosa cuando están en la oposición y hacen lo contrario para mantenerse en el gobierno.