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1 de octubre
de 2013
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URBANISMO.
LAS EXPROPIACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RADIAL 3 Y UN TRAMO
DE LA CIRCUNVALACIÓN M-50
Convertir conocimiento en
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Guía práctica inmoley.com de las expropiaciones urbanísticas.
Las expropiaciones por la construcción de la Radial 3 y un tramo
de la circunvalación M-50
Herramienta práctica
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urbanismo.
La ministra de Fomento, Ana Pastor,
ha calificado de "problema gordo" la situación de las autopistas
españolas en concurso y las elevadas cuantías que la justicia
obliga a pagar a los propietarios de los terrenos expropiados para su construcción.
Durante una visita al Salón Náutico de Barcelona, Pastor
ha recordado que en las autopistas en concurso la ocupación que
se había previsto "no cubre ni el 25 % de lo esperado", lo que las
ha llevado a la actual situación de quiebra. A este problema se
suma el elevado precio que la Administración tiene que pagar por
las expropiaciones, ya que en muchos casos el precio final fijado por los
tribunales por un metro cuadrado en un secarral de Toledo, ha dicho la
ministra, "es como un metro cuadrado en la Castellana de Madrid" o una
de las principales vías de Barcelona. Por todo ello, Pastor, ha
reconocido que se trata de un "problema gordo y embalsado
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJC) ha notificado a las partes un auto de ejecución
de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Fomento a hacer frente
a las reclamaciones de los expropiados por la construcción de las
autopistas en concurso, como la madrileña Radial 3 y un tramo de
la circunvalación M-50 cercano a Vallecas. Los expropiados, según
el auto, deben cobrar en un plazo de dos meses desde la notificación,
con lo que la deuda quedaría saldada antes del cierre del ejercicio.
La ministra Pastor ha subrayado que el Gobierno va a cumplir "con los compromisos
de la Administración de Justicia", aunque también va a defender
sus intereses. Si todos los afectados reclamaran, la deuda de Fomento ascendería
a unos 2.000 millones de euros.
Los expropiados, según el
auto, deben cobrar en un plazo de dos meses desde la notificación,
con lo que la deuda quedaría saldada antes del cierre del ejercicio.
“No se concilia ni con el principio de legalidad, ni con el principio de
responsabilidad jurídica, abocar al propietario de la finca expropiada
y ocupada pero cuyo precio no se ha satisfecho a someterse a la incertidumbre
de un procedimiento concursal, ya que esto implicaría que la Administración
ha eludido con éxito su responsabilidad”, cita el auto en uno de
los fundamentos de derecho. La Sala ha tratado de evitar “las vicisitudes
e incertidumbres” de un concurso para los afectados, así como la
“eventual lesión al patrimonio del expropiado” en un nuevo proceso.
Esta ratificación de sentencia
está relacionada con demandas de expropiados por la autopista madrileña
Radial 3 y un tramo de la circunvalación M-50 cercano a Vallecas.
Pero el problema de los impagos de expropiaciones afecta a la mayoría
de las siete autopistas españolas en concurso (Radiales 3 y 5, Radial
2, Radial 4, Madrid-Toledo, etcétera). La deuda acumulada roza los
2.300 millones, según cálculos del sector, debido a que los
dueños del suelo pidieron justiprecios ante los tribunales que multiplicaron
por cinco el importe global inicialmente previsto. El resultado fue una
desviación de 1.800 millones sobre los presupuestos de licitación
que recaen sobre las concesionarias.
Al reconocerse insolventes los pagos
quedan en suspenso, y es ahí cuando la justicia entiende que debe
declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración como
propietaria del suelo.
“Hay expropiados que llevan años
esperando una resolución, algunos incluso han fallecido”, comenta
José Manuel Serrano Alberca, abogado experto en Derecho urbanístico
y expropiatorio, presente en distintos litigios con la Administración
en defensa de los propietarios del suelo. Bajo su punto de vista, “no tiene
sentido que se les pida que acudan al concurso y puedan perder, en la quita,
parte de un justiprecio que realmente es inviolable por Ley. Ahora queda
claro que es la Administración quien debe pagarles, con independencia
de los concursos de las concesionarias”.
RPA, una figura con 60 años
en las leyes españolas
La responsabilidad patrimonial de
la Administración (RPA) viene reflejada por primera vez en la Ley
de Expropiación Forzosa de 1954 (artículo 121). Además
de encontrar hueco en la Constitución, la RPA también se
recoge en la Ley 30/92, entre otras.
Para el TSJM “es claro” que la Administración,
como titular de la potestad expropiatoria, “es garante de que el procedimiento
termine con el pago del justiprecio en el plazo señalado”. El Reglamento
de Expropiación, en su artículo 5, adosa al beneficiario
de la expropiación (en este caso la concesionaria) la obligación
de pago. Pero eso no exime a la Administración de la RPA.
El auto que obliga a Fomento a
pagar por el suelo de la R-3 y parte de la M-50 también se refiere
a la Ley 25/1988 de Carreteras y la 8/1972 de Construcción, Conservación
y Explotación de Autopistas en Concesión, para citar que
los dominios que quedan afectados a una concesión de autopistas
se incorporan al Estado.
El suelo, el gran lastre de las
concesionarias quebradas
El precio que se fijó en
los tribunales para las expropiaciones es uno de los problemas más
graves que subyace en la crisis de las autopistas españolas. Se
tasaron terrenos, muchos de ellos rústicos, por sus expectativas
de desarrollo y su valor se multiplicó en algunos casos hasta por
30.
Solo en la decena de autopistas
en riesgo de quiebra, la mayoría de ellas ya en concurso de acreedores,
Fomento fijó un presupuesto de 425 millones para expropiaciones.
Una cifra que era digerible para las concesionarias hasta que las sentencias
fallaron a favor de los expropiados y la factura se disparó a más
de 2.000 millones.
La interposición de recursos
ha sido toda una patada adelante para un problema que, finalmente, recae
en la Administración ante la situación concursal de las concesionarias.
Fomento lleva meses preparando la
nacionalización de nueve autopistas. La nueva empresa nacional pediría
un crédito por 1.200 millones para pagar expropiaciones pendientes.
La ministra de Fomento, Ana Pastor,
ha calificado de "problema gordo" las resoluciones judiciales que
obligan al Ministerio de Fomento a pagar unos 2.000 millones de euros a
los afectados por las expropiaciones de las autopistas cuyas concesionarias
han ido a concurso. Según publica el diario Cinco Días,
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC) ha notificado esta semana
a las partes un auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo
que obligaba a Fomento a hacer frente a las reclamaciones de los expropiados
por la construcción de las autopistas en concurso, como la madrileña
Radial 3 y un tramo de la circunvalación M-50 cercano a Vallecas.
Los expropiados, según el auto al que hace referencia Cinco Días,
deben cobrar en un plazo de dos meses desde la notificación, con
lo que la deuda quedaría saldada antes del cierre del ejercicio.
Durante una visita al Salón Náutico de Barcelona, Pastor
ha reconocido que se trata de un "problema gordo y embalsado" y ha recordado
que en muchos casos el precio final fijado por los tribunales por un metro
cuadrado en un secarral de Toledo, por ejemplo, "es como un metro cuadrado
en la Castellana de Madrid" o una de las principales vías de Barcelona.
No obstante, ha subrayado que el Gobierno va a cumplir "con los compromisos
de la Administración de Justicia", aunque también va a defender
sus intereses.
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