19 de diciembre
de
2013
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URBANISMO.
ESTUDIO DE INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CONTAMINACIÓN, RUIDO Y AGUAS
SUBTERRÁNEAS) DEL ESTADIO DE LA PEINETA.
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de incidencia medioambiental (contaminación, ruido y aguas subterráneas)
del estadio de la Peineta.
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urbanismo.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) falló a favor del plan especial urbanístico
que permitirá construir el nuevo estadio de La Peineta. Los magistrados
desestiman el recurso interpuesto por la asociación Señales
de Humo, que denunciaba los problemas de tráfico y medioambientales
que podría conllevar la mudanza del Atlético de Madrid a
este campo de fútbol en junio de 2016, una vez concluyan las obras
en curso.
La sentencia, a la que tuvo acceso
EL PAÍS, rechaza las seis alegaciones presentadas por la asociación.
El tribunal valida el instrumento legal utilizado por el Ayuntamiento para
aprobar el cambio urbanístico, y desestima además por falta
de pruebas la “velada llamada” a que la operación fue planeada para
beneficiar al Atlético en detrimento del interés general
de los madrileños.
De igual forma, cree suficiente
el estudio de incidencia medioambiental (contaminación, ruido y
aguas subterráneas) aportado por el Ayuntamiento. La asociación
lo consideraba un documento “de parte interesada”, redactado de forma “genérica”
para “pasar el trámite”. El tribunal critica la falta de base jurídica
de esa acusación, y señala la falta de una prueba pericial
al respecto.
La sentencia se centra sin embargo
en los problemas de tráfico que el estadio podría provocar.
Señales de Humo denunciaba la falta de un plan de movilidad; aseguraba
que, en los días de partido, serían los barrios colindantes
los que sufrirían la falta de aparcamiento; y veía necesario
mejorar los accesos por carretera y transporte público para evitar
atascos.
Cambio legal para derribar el Calderón
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid considera que su sentencia de enero de 2012 —en la que anulaba
el plan urbanístico para levantar torres de pisos en los terrenos
del estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de cerveza
Mahou— no es un impedimento legal para las obras de La Peineta, pese a
que será esa operación junto al río Manzanares la
que sufrague la construcción del nuevo campo de fútbol.
Los magistrados fallaron en enero
2012 que los edificios proyectados sobre los terrenos del Manzanares, de
hasta 17 alturas, vulneraban la ley regional del suelo, que permite un
máximo de tres pisos más ático. Esa decisión
fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero, para remediar la inseguridad
jurídica que provocó, la Comunidad decidió el pasado
mes de abril modificar además la ley regional del suelo.
De esta forma, el tope de alturas
no afecta ya al suelo clasificado como urbano en el momento de entrar en
vigor la ley (2007), como es el caso del ámbito de la operación.
A falta del dictamen del Supremo, lo único que resta pues para derribar
el Calderón es tener acabado antes el estadio al que se mudará
el Atlético.
La operación se remonta a
diciembre de 2008, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio patrimonial
con el Atlético para que se mudara a La Peineta. Ese campo, inaugurado
en 1994, estaba infrautilizado y tan deteriorado que se tasó en
cero euros.
El Atlético se comprometió
a pagar 41,2 millones por la parcela, obligado eso sí a construir
un nuevo campo encima. Para pagarlo, firmó el derribo del Vicente
Calderón. En su lugar, Fomento de Construcción y Contratas
haría 2.000 viviendas y soterraría la M-30. Y con el dinero
de su venta, pagaría La Peineta.
Efectivamente, el propio Ayuntamiento
ha admitido “la necesidad de realizar determinadas infraestructuras con
el fin de garantizar la puesta en funcionamiento del estadio”; la Comunidad
ha señalado su “posible incidencia” en carreteras regionales; y
el Ministerio de Fomento ha observado “claras deficiencias en relación
con los accesos a la red estatal”.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera
que no se trata de dictámenes desfavorables sino de “observaciones
y propuestas”. El tribunal no entra a valorar esas “posibles deficiencias”,
y considera suficiente las directrices marcadas en el plan urbanístico
para que, antes de que el estadio entre en funcionamiento, se redacte un
plan de movilidad adecuado.
No considera tampoco necesario que
el plan urbanístico regule el aparcamiento en la zona; el estadio
conlleva la construcción de 4.515 plazas, por debajo del límite
(4.800) que el propio Ayuntamiento considera viable para evacuar la zona
en un plazo de una hora.
Señales de Humo afirmaba
que, sumadas las plazas del futuro centro acuático, ubicado junto
al estadio, se rebasaría el límite, pero el tribunal ha desestimado
su alegación. Como también ha descartado que el plan urbanístico
deba contemplar un incremento en la frecuencia y las líneas de autobuses
urbanos en la zona.
Señales de Humo, que estudia
ahora si recurre ante el Supremo, achaca el fallo a “la falta de información
municipal” sobre un proyecto “con grandes carencias e incertidumbres”.
El área municipal de Urbanismo, que dirige Paz González,
ha expresado en cambio su satisfacción por una sentencia que da
luz verde judicial a la construcción de La Peineta y la mudanza
al nuevo campo del Atlético de Madrid en junio de 2016.
Quedan en cualquier caso dos años
para que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) concluya las obras
para el Atlético, que costarán 218 millones de euros. El
dinero debe salir de la construcción y venta de 2.000 viviendas
en los terrenos que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón y la
fábrica de cervezas Mahou. Esa parte de la operación fue
frenada por el Tribunal Superior de Justicia en enero de 2012, pero el
veto fue recurrido ante el Supremo y soslayado al mismo tiempo mediante
un cambio legal.
La Peineta, entre tanto, sigue construyéndose.
Con autorizaciones provisionales y sin licencia, porque las obras carecen
aún del visto bueno precisamente de la Subdirección General
de Circulación, y de los bomberos municipales. Y el Atlético
sigue pagando al Ayuntamiento los terrenos sobre los que levanta su nuevo
estadio… con entradas para partidos. Ya lleva abonados en especie 6,1 de
los 41,2 millones que debe.
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