13 de diciembre
de
2013
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URBANISMO.
LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES EN ANDALUCÍA
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y viviendas ilegales, y urbanismo de Andalucía. La regularización
de viviendas ilegales en Andalucía
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urbanismo.
La consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano,
ha afirmado en el Parlamento andaluz que la reconducción a la legalidad
de las viviendas fuera de ordenación no "puede ser rentable para
el infractor ni puede generar costes a las Administraciones públicas".
Según Serrano, esta problemática es una "responsabilidad
de todos y no sólo una función administrativa", por lo cual
es preciso avanzar hacia una nueva cultura del territorio, en la que la
sostenibilidad se entienda como sinónimo de calidad y buen orden
territorial.
En opinión de la consejera,
"es preciso anteponer, ante todo el principio de legalidad está
por encima de cualquier consideración y, en particular, la eficacia
del planeamiento urbanístico, como garante del buen orden territorial".
Durante su intervención,
la titular de la consejería ha recordado que según las Leyes
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de
la Autonomía Local de Andalucía, la disciplina y protección
de la legalidad urbanística corresponde a los ayuntamientos, mientras
que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos
para la tutela de bienes o derechos de interés general. En este
sentido, la legislación delimita un ámbito de responsabilidad
compartida entre la Administración autonómica y la municipal
como es la inspección urbanística y, en general, las tareas
preventivas.
Junto a estas dos leyes, destaca
el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en Andalucía en suelo no urbanizable. Esta norma tiene
como objeto favorecer la incorporación de dichos asentamientos al
planeamiento urbanístico y clarificar las distintas situaciones
en las que se encuentran las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable,
estableciendo el régimen jurídico aplicable a cada una de
ellas.
De esta manera, el Decreto regula
los requisitos y procedimientos para integrar los asentamientos, de acuerdo
con el modelo territorial y urbanístico, en la ordenación
de los Planes Generales de Ordenación Urbana, como una vía
de reconducirlos a la legalidad. En este caso, la incorporación
se realiza mediante la clasificación como suelo urbano no consolidado
o como suelo urbanizable, siempre y cuando se trate de asentamientos contiguos
a núcleos ya existentes.
Otra forma que recoge esta normativa
para reconducir a la legalidad a estas edificaciones es la de Hábitat
Rural Diseminado, que contempla una incorporación en el PGOU en
suelo no urbanizable o incluso en suelo no urbanizable de especial protección,
siempre que la normativa que los regule sea compatible con la preservación
de los valores naturales.
Según Serrano, este Decreto
aborda también la solución de otras situaciones, como las
de las "edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación"
(AFO), conocidas también como 'alegales'. Estas obras son las que
se han realizado infringiendo la normativa urbanística y sobre las
que han transcurrido ya los plazos para poner en marcha medidas de protección
y restauración de la legalidad urbanística. Es decir, las
edificaciones realizadas de forma irregular y que esta irregularidad haya
prescrito.
En opinión de la consejera
la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación
no modifica el carácter ilegal de la misma, sino que garantiza la
habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentren en esa situación,
posibilitando el acceso a los suministros básicos (luz, agua,...).
Con ello se permite a la Administración imponer a los propietarios
medidas compensatorias que garanticen la seguridad de las edificaciones
y su entorno; y en cierta forma su acceso al registro de la Propiedad.
En definitiva, la declaración de AFO, una competencia exclusivamente
municipal, supone "un reconocimiento de uso digno de las viviendas o edificaciones,
siempre y cuando se haya seguido el procedimiento legalmente establecido,
además de garantizar la habitabilidad y seguridad de las mismas".
Durante su intervención Serrano
ha declarado que su departamento continuará desarrollando la labor
de inspección urbanística para evitar nuevas situaciones
irregulares y restaurar situaciones de ilegalidad en curso o ya existentes.
Para ello, Andalucía cuenta con un Plan General de Inspección
de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente para el periodo
2013-2016, el tercero que se pone en marcha en nuestra comunidad, para
asegurar el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística.
Por último, la titular de
la Consejería ha afirmado que la Junta reforzará la colaboración
con los Ayuntamientos y con el resto de instituciones implicadas, con el
fin de analizar y estudiar las situaciones concretas que existen en todo
el territorio andaluz. De esta manera, se pretende seguir avanzando en
la mejora de la normativa para dar respuestas y también prevenir
y controlar en la comunidad autónoma este complejo problema urbanístico.
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