28 de octubre
de 2013
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URBANISMO.
CADUCIDAD DE LICENCIA DE OBRA.
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comerciales y del urbanismo de Canarias. Caducidad de licencia de obra.
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urbanismo.
La licencia urbanística 28
/ 2003 otorgada por el pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida,
el 7 de junio de 2003, a las empresas concesionarias de la obra paralizada
del centro comercial del casco de la Villa, conocido como el mamotreto,
"no existe".
Así lo ha trasladado el alcalde
del municipio grancanario, Lucas Bravo de Laguna Cabrera (PP), a los grupos
de la oposición que esta semana le reclamaron una reunión
informativa para conocer la situación jurídica de una obra
aprobada hace diez años y abandonada hace cinco, por iniciativa
propia de la unión temporal de empresas (UTE) liderada por Fomento
(FCC) tras ver frustrado su intento de modificar el proyecto original de
multicines por un hipermercado.
Aunque el pleno del Consistorio
presidido hace diez años por Carmelo Vega (PP) concediera por medio
de este documento la licencia de obra o acuerdo municipal de aprobación
del proyecto urbanístico a la UTE Santa Brígida, el gobierno
local del mismo partido, presidido ahora por Lucas Bravo, no la reconoce
como tal, y esa será la principal baza en su anunciado recurso contra
la solicitud de caducidad de la licencia.
"Lo que se acordó en el pleno
del 7 de junio de 2003 fue autorizar a la concesionaria para la ejecución
del proyecto que se aprobó el 6 de junio del 2003. Por esa razón,
el actual grupo de gobierno municipal entiende que son de aplicación
los pliegos que regulan la concesión", ha afirmado.
La cuestión de fondo en torno
al mamotreto que afea y estorba en el centro mismo de la Villa satauteña
es una última sentencia del Juzgado de lo Contencioso número
5 de Las Palmas de Gran Canaria, que da la razón a un vecino del
municipio en su recurso contra el silencio de la administración
local ante su solicitud de declarar la caducidad de la licencia de obra.
La demanda que ha sido bendecida
por la juez Mercedes Martín Olivera, aunque solamente se limita
a anular el acto administrativo municipal de rechazar por silencio la solicitud
de 20 de abril de 2011 de declarar la caducidad de la licencia de obra
expresa 28 / 2003, tiene ahora en juego esa misma declaración que,
en rigor, anularía todos los derechos de la UTE a la hora de reclamar
al Ayuntamiento daños y perjuicios -como mantiene desde 2008- por
la obra.
Los recurrentes han reclamado, por
esto mismo, una aclaración de sentencia a la juez, ya que en la
demanda se solicitaba expresamente la caducidad de la licencia, hecho no
recogido de manera literal en el fallo fechado el 10 de septiembre de este
año, dentro del procedimiento 484 / 2011. En esa sentencia 360 /
2013 no se recoge la petición expresa del recurrente de dar por
extinguida la LU 28 / 2003, por haber sobrepasado con creces el plazo de
ejecución.
En juego estaría la opción
del Ayuntamiento de Santa Brígida de denunciar el incumplimiento
de contrato por los plazos, como le ha pedido parte de la oposición
desde 2010 y ahorrarse, o negociar de forma ventajosa en defensa del erario
público, la reclamación patrimonial de la UTE que ronda 14
millones de euros por el enredo urbanístico en el que entró
el Consistorio al aceptar un intento de modificación del proyecto
original, que preveía salas de multicines y se pretendió
trucar por un hipermercado sin cumplir con las Normas Subsidarias locales.
El alcalde Bravo de Laguna, sin
embargo, sostiene del documento de 2003, "que por error, se haya identificado
la iniciativa [acuerdo plenario con cuatro votos en contra y una abstención]
como LU [Licencia Urbanística], no significa que lo sea", y fue
el argumento de los servicios jurídicos satauteños contra
la demanda que la juez da por buena con su fallo de septiembre.
"Lo que aprobó el pleno [de
2003] fue autorizar a la concesionaria [UTE Santa Brígida liderada
por FCC] para la ejecución del proyecto previamente aprobado", recalca
el alcalde, que en la reunión con los grupos de la oposición
que han barajado solicitar un pleno monográfico sobre el centro
comercial aseguró que es la única estrategia válida
para que el Consistorio no entre en quiebra ante un reclamación
patrimonial, presuntamente perdida, ante la concesionaria.
Declarar el incumplimiento de contrato
Sin embargo, las tesis de los recurrentes
son bien diferentes. Se llame Licencia Urbanistica o acuerdo municipal
de aprobación de obra pública, ambas están sujetas
a la Ley que obliga a la fijación de un inicio, a partir del acta
de replanteo, que fue el 14 de julio de 2003, y un final de las obras,
que por contrato eran 20 meses, y en general, si no se especifica, 24 meses.
El recurso del Ayuntamiento anunciado
contra esta sentencia, que primero debo esperar a la aclaración
de la misma solicitada por los recurrentes, impide alcanzar el objetivo
de denuncia del contrato para rescatar la concesión y empezar de
cero para rediseñar un espacio muerto en el centro del pueblo, que
por otro lado, pretende legalizar el Ayuntamiento por medio de un Plan
General de Ordenación Urbana todavía en fase primaria y pendiente
de recorrido.
La demanda a la que se opone el
Ayuntamiento denuncia la actitud especulativa de la UTE, ya que primero
aceptó un proyecto original de centro comercial con salas de multicines
en 2003, al que no optaron otras empresas por considerarlas inviables,
pero después de haber ganado, en 2004, presentó una solicitud
de modificación de proyecto, cambiando los multicines por el hipermercado
y aumentando de 1.650 a 2.340 metros cuadrados la superficie comercial
aparte de querer legalizar la ocupación de vial público ejecutado
en parte de la obra de forma ilegal.
La UTE fue la que, después
de medidas cautelares ajenas a su intención entre 2003 y 2006 que
pararon la obra durante algunos meses, decidió paralizar definitivamente
la misma sin que el Ayuntamiento le instara a ello, y desde entonces, con
la interposición en enero de 2008 de la reclamación patrimonial
por daños y perjuicios que alcanza 14 millones de euros, el centro
de la Villa está ocupado por un mamotreto impresentable cual espejo
del urbanismo satauteño.
Y sobre la mesa queda, desde hace
ya demasiados años para un pueblo como Santa Brígida, si
realmente el Ayuntamiento quiere acabar con una situación de indefensión
urbanística, tal y como han denunciado esta misma semana varios
colectivos empresariales y sociales, o está en manos de los intereses
privados de la promotora que especula con esa parálisis de la obra
sin que los juzgados determinen su derribo definitivo o su remate final.
Es en la propia demanda a la que
se opone el Ayuntamiento donde se marcan las vías públicas
de interés general, a juicio de los recurrentes, para desenredar
el entuerto del mamotreto de Santa Brígida: de la declaración
de caducidad firme que se consiga judicialmente y a la que se opone el
propio Ayuntamiento derivará el hecho cierto de que el centro comercial
de la Villa es una obra sin licencia, y como toda obra ilegal deberá
ser objeto de expediente municipal sancionador que acabe en derribo y multa
al infractor: la UTE Santa Brígida liderada por FCC.
Cuestión aparte son las eternas
negociaciones entre FCC y el Ayuntamiento para dar salida de manra extrajudicial
a este bloqueo urbanístico. Y esta semana, el propio alcalde trasladó
a los grupos de la oposición la impotencia que sufre ante la actitud
ambigua de la constructora: hay veces que muestra su deseo de desentenderse
totalmente de la obra y otras que apuesta por un nuevo proyecto para ese
mamotreto que ha sepultado tanto el viejo campo de fútbol del pueblo
como la aspiración de muchos vecinos de contar con un parque urbano.
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