URBANISMO, CATALUÑA. LA LEY DEL SUELO CATALANA SE ADAPTARÁ A LAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN.
Valor añadido: urbanismo, Cataluña. La ley del suelo catalana se adaptará a las medidas anticorrupción. Guía práctica del urbanismo de Cataluña. El plan presentado  por Montserrat Tura, consellera de Justícia, ha sido elaborado en las últimas semanas junto a las conselleries de Economia i Finances y Cultura i Mitjans de Comunicación por orden expresa del president, José Montilla. Además de la fiscalización de cuentas municipales, el paquete de iniciativas hace énfasis en la transparencia en los procesos urbanísticos, lo que obligará a modificar la ley de urbanismo (Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo). Este cambio busca facilitar el acceso por internet a los convenios urbanísticos, así como que se dé cuenta en el Registro de la Propiedad y en el Mercantil de los cambios de titularidad de terrenos que impliquen alteraciones en los planes urbanísticos. El sistema se solapa con el Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Vivienda  que contiene información sobre el uso actual y posible del suelo, aunque no todas las localidades están recogidas. El plan de la Generalitat añade la publicación en internet de todos los convenios urbanísticos. Además, los ayuntamientos también tendrán que hacer públicas las modificaciones en la titularidad de los terrenos objeto de modificación. Se podrá consultar por Internet el contenido íntegro de los convenios urbanísticos; será obligado comunicar los cambios en la titularidad de terrenos recalificados; y toda modificación sobre el uso de los terrenos o el incremento del techo edificable deberá incluir una memoria económica sobre las plusvalías que genera. El Consell Executiu  ha aprobado una serie de medidas anticorrupción que afecta a las recalificaciones urbanísticas, que se podrán controlar por Internet.  Se divulgará por Internet el contenido íntegro de los convenios urbanísticos. En su publicación se dará cuenta de los cambios en la titularidad de los terrenos objeto de recalificación desde cinco años antes del inicio de la operación urbanística. Cuando haya un cambio de usos de un terreno, el ayuntamiento podrá quedarse con el 15% de los terrenos. Actualmente es el 10%. Cuando el cambio de planeamiento general suponga una plusvalía extraordinaria en relación con su entorno, el ayuntamiento podrá quedarse con el 20% del terreno para usos públicos. Otras medidas relacionadas con el control de cuentas: Cuando los entes locales no envíen a la Sindicatura de Cuentas sus balances anuales, el Gobierno catalán podrá anular todas las subvenciones dirigidas al ayuntamiento. Actualmente sólo se les castiga excluyéndolos del Plan Único de Obras y Servicios del Departamento de Gobernación. La Sindicatura de Cuentas publicará en su página web la relación de ayuntamientos que incumplan la obligación de presentar sus cifras. Actualmente, cerca del 40% de los municipios no entregan la documentación o lo hacen fuera de plazo. Se permitirá a la Sindicatura retirar el cobro de subvenciones procedentes del Govern a los municipios incumplidores. Esta nueva potestad de la Sindicatura quedará incluida más adelante en la futura ley de la sindicatura. El plan del Govern contra la corrupción municipal también prevé que la Sindicatura publique un listado con los municipios que han incumplido con su obligación de suministrarle información sobre la ejecución de sus cuentas. Además, la Generalitat cambiará la Ley de Finanzas Locales para incluir la obligación de someterse a una auditoría de cuentas externa. Será una exigencia para los municipios con más de 50.000 habitantes o un presupuesto de más de 50 millones de euros. Al margen de esta auditoría, todas las localidades, independientemente de los habitantes que tenga, tendrá que entregar sus cuentas a la Sindicatura para que las examine. No hacerlo conllevará una sanción. Cuando la nueva Ley de la Sindicatura entre en vigor, los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes, y que mueven un presupuesto superior a los 50 millones de euros, estarán obligados a presentar sus cuentas a la Sindicatura anualmente. La Sindicatura no sanciona De todas formas, el Ejecutivo catalán descarta dar capacidad sancionadora a la Sindicatura, en caso de que los Ayuntamientos se nieguen a presentar sus ejercicios o cometan irregularidades. La única vía que ha encontrado el Govern para que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones de fiscalización, es amenazar con la retirada de subvenciones si no se rinde cuentas a la Sindicatura anualmente. La reacción de la oposición no se hizo esperar. CiU mostró su indignación con una retahíla de medidas que regula de puertas para fuera, pero que deja en el tintero aumentar el control de la acción del Govern. El diputado de CiU Jordi Turull lamentó que el tripartito «no se aplique ni una sola medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia».Millet, sin Creu de Sant Jordi El ejecutivo catalán hizo  efectiva la revocación de la Creu de Sant Jordi que Félix Millet recibió en 1999. De esta manera, la Generalitat culmina el proceso de revocación que inició a finales de octubre a raíz de la implicación de Millet en varios delitos de malversación de fondos públicos. Aunque la Generalitat le ha retirado la condecoración, Millet podrá seguir conservando su cruz en casa. La conseller de Justicia, Montserrat Tura, precisó que el patrono musical sólo tendrá «un objeto metálico» sin valor ya que «le ha sido revocada la concesión».
 
 
 

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