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UN FONDO DE FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADO 
Valor añadido: un fondo de financiación público-privado. Guía práctica inmoley.com relacionada: financiación de infraestructuras y obra pública. El Ministerio de Fomento prepara un fondo de financiación público-privado que garantice una inversión sostenida en los próximos 10 ó 15 años. Seopan lleva años proponiendo la creación de un fondo público que se nutriera con un presupuesto equivalente al 0,6% del PIB. Ahora los bancos han elevado sus condiciones de financiación y reclaman muchas garantías, lo que afecta a la rentabilidad de los proyectos. El mensaje de Fomento a la patronal es que será muy selectivo y que comprenderá sólo aquellos proyectos público-privados que sean rentables y reciban el apoyo de las entidades financieras que, en ocasiones, financian hasta un 70 u 80% del coste de la infraestructura. El Ministerio de Fomento negocia con los bancos para hacer viables los planes de inversión a medio plazo. De momento los bancos son reacios, según fuentes cercanas. Otro paso que está dando Fomento es convencer a las Autonomías para que colaboren y ya hay algunos avances en Madrid y la Comunidad Valenciana a fin de que se paguen los justiprecios expropiatorios con fondos autonómicos. La banca pide mayor precisión en los Project finance y que se definan los proyectos sin desviaciones. Asimismo se reestructurará la deuda en partes de modo que una autovía se fracciones por tramos, lo que permitirá varios Project finance. A modo de ejemplo, el proyecto básico de la autopista A-3 entre Valencia y Utiel y la A-31 entre Alicante y Caudete han salido a licitación con un proyecto muy detallado en cuanto al trazado y a la evolución de costes. El motivo es ajustar el Project finance a los ratios de rentabilidad sostenibles en el tiempo. Los bancos no quieren que se repita lo sucedido con la  CV-50 entre Benaguasil y la A-3, que salió a concurso en 2007 por 213 millones de euros y se adjudicó a Dragados y Sedesa por 35 años, pero que tuvo que paralizarse cuando se comprobó que el coste real se disparaba. El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, cuyo principal objetivo es establecer un marco normativo que facilite la canalización de recursos privados hacia la generación de infraestructuras a través de los contratos de concesión de obra pública.Para conseguirlo, el futuro texto legal actuará esencialmente en dos direcciones. En primer lugar, mejora las garantías que puede prestar la Administración a los que resulten titulares de sus concesiones o contratos públicos. En este sentido, una de las principales novedades del Proyecto de Ley es la extensión de la posibilidad de obtener avales públicos a cualquier fórmula de endeudamiento con la que las empresas privadas quieran financiar una obra pública. Hasta ahora, esta disponibilidad estaba limitada únicamente a las emisiones de obligaciones. De este modo, se pretende facilitar a los adjudicatarios de contratos públicos la obtención de fondos en los mercados de capitales. Con la misma intención de facilitar el acceso a la financiación, se crea un régimen de silencio positivo en relación con la autorización administrativa que debe obtenerse para titulizar créditos o hipotecar la concesión. Además, la nueva norma eliminará obstáculos para la amortización anticipada de los créditos participativos. El segundo eje del Proyecto de Ley aprobado  es el fortalecimiento del compromiso de las empresas adjudicatarias con el contrato público o concesión obtenidos. En esta línea, se establecen nuevos requisitos de solvencia para las empresas que concurran a concursos públicos con el fin de conseguir una mayor implicación de éstas en la financiación de la obra con cargo a sus recursos propios y de proporcionar una mayor seguridad tanto a la Administración como a los acreedores de la sociedad adjudicataria. Así, se exigirá al adjudicatario que su volumen de recursos propios alcance, al menos, el 10 por 100 de las inversiones asociadas a la obra concedida. Del mismo modo, se limitará al 90 por 100 de la inversión total prevista el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse. La aprobación de este Proyecto de Ley da cumplimiento a la previsión recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, del 30 de octubre de 2007, en relación a regular la financiación privada de los concesionarios de obra pública.
 
 

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