ARRENDAMIENTOS URBANOS Y PROFESIONALES DE LA MOROSIDAD.
Valor añadido: Arrendamientos urbanos y profesionales de la morosidad. Guía práctica inmoley.com relacionada: arrendamientos urbanos. La Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios está bienintencionada pero se queda corta, muy corta, por la lentitud judicial. Imaginemos que se presenta una demanda de desahucio en el juzgado por impago de una renta mensual (antes eran dos). Lo normal es que no se empiece a tramitar en el juzgado hasta transcurridos dos o tres meses. Otro tanto para citar a las partes, a lo que matemáticamente el abogado de oficio del arrendatario responderá a fin de retrasarlas, incluso podría invocar que tiene otra vista el mismo día, y el juez acordará la suspensión como es preceptivo, con lo que se retrasa otros tres meses. Son las tácticas de los profesionales de la morosidad. Esta lentitud en la tramitación interna de los juzgados anula la principal novedad de la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (si la demanda de desahucio va acompañada de la petición de desalojo, el juez lo acordará en la sentencia, por tanto, el propietario no tendrá que esperar 20 días hábiles para pedir la ejecución de la sentencia, como ahora). En la situación actual se ha llegado a tardar un año en recibir sentencia de desahucio y luego hay que contar con la ejecución del mismo. En Barcelona se tarda hasta 6 meses en dictar una sentencia desde que se presenta la demanda hasta que se produce el desalojo. En Madrid, hasta 9 meses. Con la reforma, podría haber desalojo hasta en dos meses pero en la práctica es imposible ni en el mejor de los casos. Este dato es alarmante porque en Europa se está por debajo del mes. Lo que no cambia la ley es que el juez no tiene plazo para iniciar el proceso y señalar el juicio, aunque una vez que inicie el proceso la reforma obliga a resolver en 6 días. Y mientras que no se coordinen los plazos de inicio de procesos (muy difícil por la saturación judicial) no se puede agilizar más el desahucio. Y lo primero que habría que hacer para solucionar esto es mejorar la estadística del el Consejo General del Poder Judicial que no separa adecuadamente las causas de desahucio (arrendamiento o hipotecario) y resucitar la iniciativa de la anterior Ministra de Vivienda respecto a los juzgados especializados en desahucios.
 
 

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