23 de junio de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA,
REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA
Valor añadido:
urbanismo, Cantabria, reforma de la ley del suelo de Cantabria. El pleno
del Parlamento ha aprobado una modificación de la Ley del
Suelo que permitirá construir viviendas en suelo rústico
de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para
destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales
o de turismo rural. Se autoriza la construcción de viviendas en
suelo rústico con las limitaciones de la ley en cuanto a superficie
de la parcela, distancia con las edificaciones colindantes, entre otros.
Además, se permite la rehabilitación, para evitar el deterioro
de las construcciones; y se admiten también los cambios de actividad,
por ejemplo para transformar antiguas explotaciones en casas rurales, centros
de ocio o culturales. El Gobierno de Cantabria tendrá que enviar
en seis meses un modelo orientativo a los ayuntamientos, para agilizar
la aprobación de estos planes y del catálogo de edificaciones,
según otra enmienda. La regulación de la construcción
de viviendas en suelo rústico ordinario alejado de los núcleos
urbanos queda en manos del futuro Plan Regional de Ordenación del
Territorio. Enmienda que hará posible la construcción
de un polígono industrial en Cillorigo de Liébana, a través
de un PSIR.
Durante la votación, se ha
producido un incidente que ha impedido al PP pronunciarse sobre el contenido
de la proposición de ley de reforma promovida por regionalistas
y socialistas.
No obstante, la diputada del PP
María José Sáenz de Buruaga ha afirmado durante su
intervención que la proposición de ley equivale a "bloqueo
y parálisis" y que es un "engaño" a los ciudadanos.
Sin embargo, este grupo ha llegado
a un acuerdo con el PRC y el PSOE para introducir una enmienda que hará
posible la construcción de un polígono industrial en Cillorigo
de Liébana, a través de un PSIR.
Esta figura se podrá aplicar
para construir instalaciones industriales en los 29 municipios que no dispongan
de plan general o normas subsidiarias, hasta que se apruebe el Plan Regional
de Ordenación del Territorio.
La reforma de la Ley del Suelo aprobada
permite construir viviendas unifamiliares de una altura no superior a los
ocho metros en una parcela mínima de 2.000 m2, siempre que esté
situado cerca de núcleos urbanos.
Los ayuntamientos fijarán
en qué terrenos se puede construir a través de planes especiales,
que deberán ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo
y Ordenación del Territorio (CROTU).
Además, se podrán
reformar edificaciones ligadas a usos ganaderos que no estén fuera
de ordenación, para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades
de ocio, artesanales o de turismo rural.
Esta modificación obliga
a los ayuntamientos a elaborar un catálogo de edificaciones susceptibles
de ser rehabilitadas sobre el que la CROTU deberá emitir un informe
en un plazo de tres meses, de acuerdo con una enmienda aprobada durante
la tramitación parlamentaria.
El Gobierno de Cantabria tendrá
que enviar en seis meses un modelo orientativo a los ayuntamientos, para
agilizar la aprobación de estos planes y del catálogo de
edificaciones, según otra enmienda.
La regulación de la construcción
de viviendas en suelo rústico ordinario alejado de los núcleos
urbanos queda en manos del futuro Plan Regional de Ordenación del
Territorio.
El consejero de Urbanismo, José
María Mazón, ha asegurado que la solución recogida
en la proposición de ley es "la mejor y la más ágil"
y ha acusado a los populares de pretender convertirse en los grandes "adalides"
de la reforma.
EN DETALLE
El Pleno del Parlamento cántabro
aprobó la modificación de la Ley del Suelo que permitirá
autorizar la construcción de viviendas unifamiliares, la rehabilitación
y algunos cambios de uso en suelos rústicos, tanto en los de especial
protección como en los de protección ordinaria, siempre y
cuando se cumplan una serie de condiciones y requisitos, entre ellos, la
aprobación previa de planes especiales y catálogos de edificaciones
por parte de los ayuntamientos.
La propuesta, planteada por los
grupos que apoyan al Gobierno (PRC y PSOE) y que responde a una de las
propuestas de resolución aprobadas hace ahora un año en el
pasado debate sobre la orientación política del Gobierno,
salió adelante con el apoyo de socialistas y regionalistas en una
votación confusa que llevó incluso al PP a pedir un receso,
que fue rechazado por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel
Palacio, alegando que no se puede interrumpir el Pleno una vez iniciada
la votación.
Lo que quería el PP es que
la votación, en lugar de hacerse por artículos, se agrupara
por temas, porque su intención era oponerse a la exposición
de motivos y a lo relativo a los planes especiales que deberán aprobar
los ayuntamientos, y apoyar todo lo demás. Sin embargo, a raíz
de la confusión el PP sólo llegó a votar una nueva
disposición que incorpora en la modificación de la ley la
posibilidad de autorizar instalaciones industriales vía PSIR. En
el resto de apartados sólo se han contabilizado los 20 votos a favor
de PRC y PSOE, sin contar votos en contra ni abstenciones.
La modificación de la Ley
del Suelo aprobada pretende, en palabras del regionalista Rafael
de la Sierra, "encontrar el punto medio" entre la conservación del
paisaje y las necesidades de los ciudadanos, o como dijo el socialista
Martín Berriolope, es "la síntesis" entre dos "intereses":
la preservación del suelo rural como un "valor esencial" de la comunidad
autónoma y las demandas "legítimas" de los propietarios.
En cambio, para la 'popular' María
José Sáenz de Buruaga, la modificación es "pura ficción",
una "encerrona" y un "engaño" a los ciudadanos, con el que PSOE
y PRC pretenden "acabar con la presión política y el clamor
social, desplazando la responsabilidad a los ayuntamientos", sin desbloquear
"realmente" el problema, ya que no se podrá construir inmediatamente,
sino que habrá que esperar a que los municipios elaboren los planes
especiales.
CAMBIOS
La modificación plantea en
esencia tres novedades para responder a otras tantas "necesidades" plasmadas
por los ayuntamientos y los vecinos. Así, se autoriza la construcción
de viviendas en suelo rústico con las limitaciones de la ley en
cuanto a superficie de la parcela, distancia con las edificaciones colindantes,
entre otros. Además, se permite la rehabilitación, para evitar
el deterioro de las construcciones; y se admiten también los cambios
de actividad, por ejemplo para transformar antiguas explotaciones en casas
rurales, centros de ocio o culturales.
En esa tarea, parte de la responsabilidad
recaerá en los ayuntamientos, que deberán aprobar un plan
especial para poder impulsar esas actividades, así como un catálogo
de edificaciones que pueden ser objeto de rehabilitación, reestructuración
o cambio de actividad. El Gobierno se compromete a aprobar modelos para
ambos instrumentos en el plazo de seis meses.
En líneas generales, lo que
marca la modificación es que las construcciones que se autoricen
no podrán ser colectivas, la altura máxima se sitúa
en ocho metros, la parcela deberá tener al menos 2.000 ó
2.500 m2, según los casos, y la ocupación no podrá
exceder del diez por ciento de la superficie de la parcela.
PSIR PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES
A lo largo de su tramitación
parlamentaria se han incorporado igualmente otras novedades, la última
de ellas mismo, al pactar los tres partidos la posibilidad de autorizar
la implantación de instalaciones industriales a través de
la figura del proyecto singular de interés regional (PSIR) en los
29 ayuntamientos afectados por las Normas Urbanísticas Regionales
(NUR), es decir, los que no cuentan con ordenación propia (sin Plan
General o Normas Subsidiarias).
Ahora bien, esta posibilidad --que
nace a raíz de una demanda de empresarios de la comarca de Liébana,
algunos de ellos presentes en la sesión plenaria-- estará
limitada a suelos de especial protección incluidos en esa categoría
precisamente por la falta de regulación pero que, sin embargo, no
disponen de valores intrínsecos para estar sujetos a ninguna limitación
o prohibición derivada de la protección del dominio público.
Además, sólo podrá utilizarse hasta que se apruebe
el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
Los grupos que apoyan al Gobierno
y el propio Ejecutivo querrían haber logrado una enmienda "más
amplia", sin limitar esta posibilidad a los ayuntamientos afectados por
las NUR, pero aseguran haber cedido a la exigencia del PP para al menos
conseguir recogerlo en estos términos. Por ello, tanto los portavoces
parlamentarios como el consejero de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón,
reprocharon la "falta de generosidad" del Partido Popular.
"ANSIA DE PROTAGONISMO" DEL PP
Además, Rafael de la Sierra
lamentó el "ansia de protagonismo" del PP y su afán por "colgarse
medallas" presentándose como el impulsor de esta enmienda y, en
general, de la modificación de la Ley del Suelo. Frente a esa actitud,
"muy preocupada por la imagen", recalcó que la actitud del Gobierno
y los grupos que le apoyan es la de solucionar problemas.
En este sentido, consideró
que con esta modificación de la Ley del Suelo se da solución
a varios problemas y necesidades "de manera muy razonable", una idea que
refrendó el socialista Martín Berriolope, quien consideró
que el problema se resuelve "en la medida que se puede".
En cambio, desde las filas 'populares',
Sáenz de Buruaga, tras responsabilizar al Gobierno de la situación
de bloqueo en el suelo rústico por su política urbanística,
lamentó que se ha "perdido la oportunidad de desbloquear" la construcción
en suelo rústico porque la exigencia de los planes especiales de
los ayuntamientos hará que se tarden "años" en desbloquear
realmente el problema.
Por contra, defendió que
la propuesta alternativa planteada por el PP, de desbloqueo directo sin
planes especiales, desbloquearía la construcción en "meses"
y coincide con el proyecto de ley que remitió en su día el
Gobierno al Parlamento para la aprobación de la Ley del Suelo (cuando
el actual presidente Miguel Ángel Revilla era el responsable de
Urbanismo), sólo que entonces en el trámite parlamentario
se eliminó el desbloqueo directo. Según Sáez de Buruaga,
ese cambio "lo impuso" entonces el PSOE y se teme que ahora "ha vuelto
a ocurrir lo mismo".
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