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20 de agosto de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RÚSTICO.
Valor añadido:
urbanismo, Cantabria. Vivienda unifamiliar en suelo rústico. Guía
práctica inmoley.com relacionada: urbanismo de Cantabria. Tras la
Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la oposición
se mantiene muy crítica en temas sensibles urbanísticamente,
como el Plan Regional de Ordenación del Territorio, las Normas Urbanísticas
Regionales, los Planes Generales de Ordenación Urbana adaptados
a la Ley del Suelo y el POL, pero fundamentalmente denuncian la situación
de bloqueo de la vivienda unifamiliar en suelo rústico en Cantabria.
Antecedentes al trámite parlamentario de Ley 2/2009: El Grupo
Parlamentario Popular ha afirmado que el borrador de la propuesta del Gobierno
de Cantabria para la vivienda unifamiliar en suelo rústico no cumple
el mandato del Parlamento porque "no desbloquea" la construcción
de este tipo de vivienda, de modo que es "un fraude" a los cántabros.
Así se pronunció en rueda de prensa la diputada 'popular',
María José Sáenz de Buruaga, quien también
criticó la "ausencia de criterios objetivos" de la misma y el hecho
de que supondrá "el colapso" de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (CROTU) porque exige la aprobación de
102 planes especiales, uno por cada ayuntamiento. "Así es como socialistas
y regionalistas han saldado sus diferencias, con un texto que es mera apariencia
y que no desbloquea la construcción de la vivienda unifamiliar.
Esto son las verdaderas zancadillas, zancadillas a la vivienda unifamiliar",
remachó. La diputada criticó el "cinismo" del consejero de
Ordenación del Territorio, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo,
José María Mazón, a quien acusó de "intentar
patrimonializar" la iniciativa del PP para para desbloquear la construcción
de viviendas unifamiliares en suelo rústico que se tradujo en una
resolución unánime del Parlamento. "Se necesita un rostro
especial para urgir al PP cuando han sido los socialistas y regionalistas
los que han tardado seis años en darse cuenta de un retraso del
que su Gobierno es el único responsable", declaró.Sáenz
de Buruaga subrayó que el "quid de la cuestión" es precisamente
que la propuesta no cumple el mandato parlamentario porque no desbloquea
la construcción de viviendas unifamiliares, ya que para desbloquear,
autorizar y regular la construcción de este tipo de viviendas en
suelo rústico, la Ley del Suelo exige al Gobierno un Plan Regional
de Ordenación del Territorio (PROT) o varios Planes Especiales de
Desarrollo del Medio Rural, mientras que la propuesta de modificación
exige 102 planes especiales a los ayuntamientos.
Por su interés transcribimos
el artículo de opinión publicado en el Diario Montañés.
Vivienda unifamiliar en suelo rústico:
¿Y ahora qué?
20.08.2009 - M.ª José
Sáenz de Buruaga es portavoz del G. Popular de Urbanismo y Ordenación
del Territorio y secretaria autonómica del Partido Popular de Cantabria
Ha pasado algo más de un
mes desde que entrara en vigor la tan esperada modificación de la
Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria, que habría de poner fin a la
situación de bloqueo de las construcciones en suelo rústico
en nuestra Comunidad Autónoma en cumplimiento de la Resolución
del Parlamento de Cantabria de 26 de junio de 2008. Un buen momento, sin
duda, para reflexionar en voz alta sobre las expectativas generadas e intentar
dar respuesta a ese interrogante que nos vienen formulando tantos cántabros:
¿y ahora qué?
Pues bien, nada mejor para entender
el calado de esta modificación legal, que remontarnos a los orígenes
de una reforma que nace, precisamente, del fracaso de la política
urbanística de este Gobierno. De una política plagada de
incumplimientos que ha sembrado Cantabria de parálisis, inseguridad
jurídica y de no pocos conflictos y que durante años ha dado
la espalda a las verdaderas necesidades de los cántabros. Y de un
Gobierno que, incapaz en seis años de aprobar un Plan Regional de
Ordenación del Territorio, unas Normas Urbanísticas Regionales
o los Planes Generales de Ordenación Urbana adaptados a la Ley del
Suelo y al POL, ha sido y sigue siendo el único responsable, también,
de la situación de bloqueo de la vivienda unifamiliar en suelo rústico
en Cantabria.
Y es que, esa es la única
razón, por la que una prohibición temporal prevista como
cautela en la Ley del Suelo del año 2001, y que debió levantarse
hace años con la aprobación de instrumentos como el PROT
o como los Planes Especiales de Protección del Medio Rural previstos
en la misma, se haya prolongado todos estos años más allá
de lo política y socialmente razonable, y desde luego, mucho más
allá de lo jurídicamente exigible.
Nos ha costado años concienciar
y convencer al Gobierno y a los grupos parlamentarios que lo apoyan de
la función social de la vivienda unifamiliar en suelo rústico;
del valor añadido de la que representa, en muchas ocasiones, la
mejor vivienda social y de su contribución a fijar población
al medio rural. De la importancia de unas instalaciones de ocio y turismo
que han de ser una alternativa más a nuestro desarrollo rural; del
derecho de sus propietarios a disfrutar de un patrimonio familiar que impida
que el suelo rústico se convierta en un suelo muerto, sin utilidad
y sin conservación, o de la incidencia positiva de esta medida sobre
la actividad económica y el empleo, especialmente para pequeñas
empresas y autónomos. Y buena prueba de ello han sido los cuatro
años de oídos sordos y de rechazo sistemático a todas
las propuestas de desbloqueo impulsadas por el Partido Popular desde todas
las instituciones, incluido el Parlamento de Cantabria. Cuatro años
votando NO, y así, hasta el mes de junio de 2008. ¡Bienvenidos,
por fin, al sentido común!
Un año después, la
reforma que impulsamos salía adelante; si bien es cierto que lo
hizo, en ciertos extremos, como socialistas y regionalistas quisieron.
Es ahora cuando toca empezar a desfilar por los Ayuntamientos en busca
de una autorización para construir, por ejemplo, una vivienda unifamiliar
para un hijo y es ahora cuando comienza a surgir la incomprensión
y también la decepción.
Cuando el alcalde, da igual de qué
color político, tiene que explicarle al vecino que el desbloqueo
inmediato es sólo una farsa, pronunciando esa tan conocida frase
de 'vuelva usted mañana '. Un mañana, que en el mejor de
los casos, será dentro de dos o tres años... porque ahora,
toca esperar.
Primero, a que el Gobierno remita
al Ayuntamiento una guía orientativa de ese instrumento llamado
Plan Especial, para lo cual se ha marcado un plazo de seis meses; después
a que el Ayuntamiento contrate y redacte el instrumento en cuestión,
que lleva la misma tramitación que un PGOU a excepción del
avance y, finalmente, a conseguir su aprobación definitiva por parte
de la CROTU. La misma que ha conseguido aprobar 4 planes generales en seis
años, la misma que ha tardado cuatro años en aprobar un plan
especial o la misma que necesita más de dos años para aprobar
modificaciones puntuales de planeamiento para vivienda protegida, y que
ahora se verá colapsada con el aluvión de los Planes Especiales
de suelo rústico.
La conclusión parece evidente.
Hemos pasado de una Ley del Suelo que exigía al Gobierno uno o varios
Planes Especiales que durante seis años fue incapaz de aprobar,
a una reforma que exige 102 Planes Especiales o más, remitiendo
a ese instrumento interpuesto que siempre existió, difiriendo el
problema y complicando aún más su solución. Aunque
eso sí, la carga de una responsabilidad que era y es del Gobierno
de Cantabria, pesará ahora sobre los Ayuntamientos, los municipios
cántabros con los que no se ha contado para nada.
Desbloqueo inmediato y efectivo
sí o no. Plan Especial sí o no. Ahí estaba el verdadero
debate y ahí está la diferencia con el Partido Popular. No
en el régimen de la rehabilitación o de las ampliaciones,
no en el de los cambios de uso, donde imperó el consenso; sino en
nuestra oposición a un Plan Especial que frustra el mandato parlamentario
porque, lejos de habilitar de forma directa para la construcción
de nuevas edificaciones en suelo rústico, mantendrá la actual
situación de bloqueo.
Planes Especiales, que en esta ley,
son pura indefinición. Porque no se delimita objetivamente el ámbito
de actuación sobre estos suelos, porque se desconocen los criterios
técnicos y objetivos a los que han de someterse y porque darán
lugar a tantos regímenes diferentes para la construcción
en suelo rústico como Ayuntamientos y/o Planes existan en Cantabria.
La mayoría parlamentaria
dijo no al sistema de actuación directa que, sobre estos suelos
propuso el Partido Popular, para dar paso a la alternativa de la parálisis
y del fraude a los ciudadanos. Dijo no a un sistema basado y amparado en
la Ley que, bajo criterios técnicos, objetivos y de máximos,
autorizara y regulara estas construcciones en el área de los 500
metros desde el borde exterior de los suelos urbanos o los núcleos
tradicionales. Dijo no a una alternativa que hubiera ofrecido mayor seguridad
jurídica a todos los operadores, que hubiera eliminado la arbitrariedad
y los desigualdades a que los planes especiales van a dar lugar y que hubiera
permitido a los cántabros obtener autorización en dos meses
en lugar de dos años. A un sistema mucho más respetuoso con
la autonomía municipal, que los Ayuntamientos hubieran podido regular,
modular y limitar a través de sus propias ordenanzas y, también,
mucho más sostenible medioambientalmente y vinculado a la reforestación.
Dijeron no sin argumentos, llegando
al absurdo de desechar el mismo sistema que años antes, la Consejería
presidida por el Sr. Revilla había defendido en el proyecto de Ley
del Suelo presentado ante el Parlamento.
Muchas veces a lo largo de su tramitación
he tenido ocasión de preguntármelo y también de constatarlo:
el objetivo de socialistas y regionalistas nunca fue el verdadero desbloqueo
de estas construcciones en suelo rústico. Fue la imperiosa necesidad
de maquillar un fracaso perpetuado en el tiempo y acallar un clamor social,
fue la necesidad de quitarse de encima una pesada responsabilidad y a un
más pesado todavía Partido Popular. Y a todo ello respondieron
de la única manera que saben hacerlo: con operaciones estéticas,
gestos vacíos y más fuegos de artificio.
¿Los peor parados? Los de
siempre. Esos 29 municipios de la Cantabria Rural que tras años
de bloqueo, incapacidad e indiferencia de su Gobierno, carecen de PGOU
y funcionan angustiosamente con unas NUR anuladas; municipios asfixiados
y cuyas posibilidades de desarrollo se encuentran agotadas en nuestra
legislación urbanística. Ellos, más que nadie, necesitaban
de un desbloqueo directo e inmediato de estas construcciones y, ellos y
quienes quieren vivir en ellos, son los más perjudicados. Pero no
todo es negativo, porque a la frustración de una oportunidad perdida,
se une en este caso la satisfacción de haber liderado, propuesto
y sacado adelante a través de esta reforma, una solución
para dar luz verde a la implantación de actuaciones industriales
y parques empresariales en estos municipios, que desde el Partido Popular
esperamos ver muy pronto convertida en realidad en Cillorigo de Liébana.
¡Que así sea!
¿Ahora qué...? Ahora
toca seguir trabajando y exigiendo al Gobierno de Cantabria ese Plan Regional
de Ordenación del Territorio que nunca llega, la aprobación
de las nuevas Normas Urbanísticas Regionales, y la agilización
de las funciones que en materia urbanística corresponden a la CROTU,
evitando con ello, la absoluta ineficacia y la situación de actual
bloqueo en el proceso de elaboración y aprobación de los
Planes Generales de Ordenación Urbana de los distintos municipios
de Cantabria.
Así lo hemos venido haciendo,
así lo hicimos en el último debate sobre el Estado de la
Región con un no como respuesta y así, lo seguiremos haciendo.
Y es que mi sentido común me dice que algo no funciona en nuestra
ordenación del territorio, cuando es más fácil
y se ponen menos reparos a inundar Cantabria con 750 aerogeneradores que
a buscar una solución a las cientos de viviendas con sentencias
de derribo o a construir una vivienda unifamiliar en suelo rústico...
Ese algo, indudablemente, es su Gobierno.
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