12 de junio de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA,
REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA
Valor añadido:
Urbanismo Cantabria. Importante para seguimiento del curso del urbanismo
de Cantabria y efecto e cursos generales de urbanismo. La clave de la reforma
de la ley del suelo de Cantabria es el uso de terrenos en rústico
e industrial. Se quiere sustituir el plan especial por el proyecto singular
de interés regional (PSIR). El problema de fondo es que se resta
objetividad al procedimiento urbanístico y se dejan en manos del
gobierno cántabro la recalificación de suelos, lo que podría
primar a ciertos ayuntamientos. Los promotores cántabros entienden
que la reforma de la ley del suelo les permitirá construir viviendas
en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones
ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de
ocio, artesanales o de turismo rural.
La modificación de la Ley
del Suelo sigue sin encontrar todavía el consenso de los grupos
parlamentarios, a pesar de que en la Comisión de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo celebrada
hubo ya algunos acercamientos y se logró pactar algunos aspectos,
por ejemplo, sobre el plazo que tendrá la CROTU para dar el visto
bueno a los catálogos de viviendas susceptibles de rehabilitación
que deberán redactar los ayuntamientos.
En lo que no se pudo cerrar un acuerdo
fue en lo relativo a los usos industriales y empresariales, en concreto,
para poder autorizar este tipo de actividades en suelo rústico de
protección especial y atender así la demanda de los empresarios
de la comarca de Liébana. Pese a todo, los grupos parlamentarios
seguirán buscando el consenso en este asunto, para intentar cerrar
un acuerdo antes del Pleno en el que se aprobará la modificación,
previsiblemente el día 22.
La modificación de la Ley
del Suelo, que pretende desbloquear la construcción y rehabilitación
de viviendas en suelo rústico, llegó a la Comisión
con 16 enmiendas del PP sobre la mesa y otras seis de los grupos Socialista
y Regionalista, que son quienes registraron la proposición de ley
en la Cámara.
Tras defender sus respectivas posturas,
los tres partidos sólo lograron cerrar un par de acuerdos. El primero
se refiere al catálogo de viviendas que deben elaborar los ayuntamientos
para establecer las edificaciones que se podrán acoger a las actuaciones
de rehabilitación previstas con la modificación de la ley.
El texto original de PRC y PSOE
no marcaba plazos a la CROTU para aprobar esos catálogos, y el PP,
por su parte, pedía fijar un tiempo máximo de dos meses y,
una vez superado sin respuesta, considerar aprobados los catálogos
por silencio positivo. Al final, se aceptará la propuesta 'popular',
pero ampliando el plazo a tres meses.
Para elaborar esos catálogos
el Gobierno regional elaborará un 'catálogo tipo' a modo
de modelo para los ayuntamientos. Y es en este aspecto en el que los grupos
han logrado un segundo acuerdo, que supondrá cambiar la redacción
contenida en la proposición de ley. De esta forma, a petición
del PP, en lugar de hablar de un catálogo que sirva "de modelo",
se definirá como un catálogo "de carácter orientativo".
USOS INDUSTRIALES
Al margen de estas dos cuestiones
en la Comisión no hubo más avances y no prosperó el
consenso pretendido en relación a la autorización de usos
industriales. El PP demandaba con sus enmiendas una figura --un plan especial--
para poder autorizar esos usos, pero limitado a los 29 ayuntamientos que
se rigen por las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) --los que
no tienen desarrollada normativa urbanística propia-- y al uso industrial.
PSOE y PRC apoyan la autorización
de esos usos, pero creen que la mejor fórmula no es una plan especial
sino un proyecto singular de interés regional (PSIR), y así
lo plantearon en una enmienda transaccional.
Sin embargo, esa propuesta
no deja conformes a los 'populares' porque, a su juicio, debería
especificarse de forma expresa que sólo se aceptarán los
PSIR en este tipo de suelos cuando sean para uso industrial y en los ayuntamientos
NUR porque, si no se concreta en esos términos, sería "dar
una vuelta de tuerca más" a los PSIR para que sirvan "para todo
y para todo tipo de suelo". Y eso el PP "no lo va a consentir", según
recalcó la secretaria general del PP, María José Sáenz
de Buruaga.
Sin embargo, el portavoz regionalista,
Rafael de la Sierra, recalcó que "no hay ninguna intención
de desarrollar PSIR de dudosa procedencia" y consideró "lamentable"
que el PP siempre tenga que "poner la guinda" cuando por lo demás
podía haber acuerdo en este punto.
LOS DOS MODELOS
En el debate en Comisión
la diputada 'popular' insistió una vez más en que la modificación
de la Ley del Suelo planteada por los grupos que apoyan al Gobierno "no
desbloquea la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico,
sino que representa más parálisis y más bloqueo".
"Si se aprueba tal como está, va a generar más problemas
de los que sea capaz de resolver y va a sembrar a Cantabria de frustración
y desengaño", apostilló Sáenz de Buruaga.
A su juicio, la modificación
de regionalistas y socialistas sólo pretende "acallar la presión
política y el clamor popular, quitarse de encima a los ciudadanos"
y pasar el "marrón" a los ayuntamientos. Por contra, defendió
que las enmiendas del PP configuran un modelo alternativo con una respuesta
"inmediata, mucho más garantista, más cuidadosa" y que "elimina
la arbitrariedad".
Frente a ello, el socialista Martín
Berriolope opinó que el modelo del PP, en lugar de dar los "resultados
fulminantes" que sostiene la diputada 'popular', "sería un foco
de tensiones permanente y no resolvería para nada el problema".
En cambio, consideró que la propuesta de PRC y PSOE está
"en su punto" y es una ley "adecuada" para "ir solucionando parcialmente
algunas demandas que son claras" y dar "satisfacción al problema
central". Por su parte, el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra,
acusó al PP de "intentar ocultar con palabras gruesas y descalificaciones
su falta de argumentos" y lamentó que el Partido Popular está
"obsesionado por aparecer como el adalid y como la persona a la que se
debe cualquier tipo de modificación", pero en cambio la "obsesión"
de los grupos que apoyan al Gobierno es "solucionar las cosas".
EN DETALLE
Los grupos parlamentarios han cerrado
el debate de la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que posibilitará
la construcción de viviendas en suelo rústico, sin un acuerdo
sobre el contenido de la norma y sobre la manera de hacer posible la construcción
de un polígono industrial en Liébana.
Los grupos parlamentarios han cerrado
el debate de la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que posibilitará
la construcción de viviendas en suelo rústico, sin un acuerdo
sobre el contenido de la norma y sobre la manera de hacer posible la construcción
de un polígono industrial en Liébana.
La reforma, que previsiblemente
se aprobará este mes en el pleno, permitirá construir viviendas
en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones
ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de
ocio, artesanales o de turismo rural.
El grupo parlamentario popular ha
defendido en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo las 16 enmiendas que ha presentado a la proposición
de ley de reforma propuesta por el PRC y el PSOE, porque considera que,
tal y como esta planteada, no desbloquea nada, sino que supone "más
parálisis, y más bloqueo" y representa un "engaño"
a los ciudadanos.
La proposición de ley determina
que serán los ayuntamientos los que fijarán en qué
terrenos se puede construir a través de planes especiales, que deberán
ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación
del Territorio (CROTU), una regulación a la que el PP se opone porque
cree que demorará años la obtención de una licencia
de construcción, según ha afirmado en la Comisión
parlamentaria la diputada María José Sáenz de Buruaga.
Según esta parlamentaria,
la fórmula del plan especial es un instrumento "totalmente arbitrario",
que carece de criterios "ciertos y objetivos" y que dará lugar a
102 planes especiales distintos, "si es que algún día consiguen
aprobarse".
Las enmiendas del PP suponen, según
esta diputada, una "reforma de calado", con el único objetivo de
desbloquear "de manera real, inmediata y efectiva" la construcción
de viviendas en suelo rústico, al sustituir el plan especial por
un sistema de actuación directa, con unos criterios "técnicos
, objetivos y máximos" para todos los municipios.
En un momento de su intervención,
Sáenz de Buruaga ha dicho que el PRC y el PSOE no quieren esta reforma,
sino que han pretendido "acallar la presión política y el
clamor popular".
El portavoz del PRC, Rafael de la
Sierra, ha acusado al PP de estar obsesionado por aparecer como el adalid
de las modificaciones y ha afirmado que el planteamiento de su grupo es
otro: buscar soluciones.
Bajo su punto de vista, la oposición
oculta con "palabras gruesas y descalificaciones" su falta de argumentos.
De la Sierra ha opinado que, frente
a la propuesta del PP, la de socialistas y regionalistas da una solución
total y absoluta al problema que se plantea.
El socialista Martín Berriolope
ha opinado que el lenguaje convierte a la parlamentaria del PP en una persona
"incapaz de negociar y de llegar a acuerdos", por la descalificación
"tan brutal" que hace de la ley, y ha afirmado que el método que
propone a través de sus enmiendas sería "un foco de tensiones
permanentes y de conflictos" y no resolvería nada.
Berriolope ha dicho que la proposición
de ley de reforma presentada por socialistas y regionalistas satisface
la demanda de la mayoría de los ciudadanos, aunque "seguramente"
no resuelva la "amplitud" de las demandas.
El PP y los grupos que apoyan al
Gobierno han llegado a un acuerdo sobre el plazo de tramitación
por la CROTU del catálogo de edificaciones que deberá elaborar
cada ayuntamiento para determinar que viviendas pueden ser rehabilitadas
y cambiar de uso.
La oposición había
presentado una enmienda para obligar a la CROTU a emitir un informe en
dos meses, un plazo que, a petición de socialistas y regionalistas,
ha sido ampliado a tres.
La Comisión ha concluido
el debate previo al pleno sin un acuerdo sobre cómo hacer posible
la construcción de un polígono industrial en Liébana,
ya que el PP defiende un plan especial y el PRC y el PSOE un PSIR.
Los grupos que apoyan al Gobierno
no han recogido su propuesta de PSIR en una enmienda, lo que les obliga
a llegar a un acuerdo para redactar una transaccional con el PP, que, tras
la comisión, ha asegurado que mantendrá la oferta de diálogo
y consenso hasta el pleno.
El PP está dispuesto a aceptar
que se apruebe un PSIR, pero siempre que en el texto de la reforma quede
claro que se limita a una actividad industrial para los municipios afectados
por las NUR y hasta que se aprueben el Plan Regional de Ordenación
del Territorio.
CLAVES
La reforma de la Ley del Suelo llegará
al pleno del Parlamento sin el consenso de los grupos, que mantuvieron
el último debate en comisión. Un debate en el que se acercaron
algunas posturas, pero que dejo patente cuales son los dos principales
escollos.
Por un lado la necesidad de aprobar
102 planes especiales para permitir viviendas unifamiliares en suelo rústico,
algo que el Partido Popular considera que bloqueará aún más
la situación y que además carece de criterios técnicos
objetivos. PSOE y PRC no aceptaron las enmiendas del PP para eliminarlos
y mantienen que son la «vía más rápida que permite
la ley».
El otro punto de discusión
es la vía para permitir la construcción de polígonos
en espacios que no sean de especial protección, como es el caso
planteado en Liébana, para lo que el PP proponía la redacción
de planes especiales puntuales y PSOE y PRC su tramitación vía
Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Los populares aceptaron
que se hiciera vía PSIR siempre que se especifique de forma expresa
que es solo para proyectos industriales, a lo que están dispuestos
regionalistas y socialistas. Sin embargo, éstos no asumieron que
se limite a los 29 ayuntamientos que careces de planeamiento y que se regularán
por las NUR, como pide el PP, ya que quieren que sea también para
aquellos con ordenamientos urbanísticos antiguos. El PP no acepta
esto por entender que puede abrir la puerta a arbitrariedades.
Sí se llegó a un acuerdo
sobre el plazo, tres meses, que tendrá la Crotu para dar el visto
bueno a los catálogos de viviendas susceptibles de rehabilitación
que deben redactar los ayuntamientos y en dejar claro que el catálogo
que elabore el Gobierno tendrá un carácter sólo orientativo.
El resto del debate volvió
a pivotar sobre las críticas del PP a la política urbanistica
del Gobierno y el hecho de que lleve seis años para aprobar el Plan
Regional de Ordenación Territorial (PROT). El PP critica que la
reforma se haga a través de una proposición de ley y no con
un proyecto, lo que, a su juicio elude informes jurídicos y la participación
de los ayuntamientos. Para PSOE y PRC la proposición de ley «esta
en su punto» y es el instrumento adecuado.
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