12 de junio de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA
LEGALIZARÁ VIVIENDAS CON ORDEN DE DERRIBO
Valor añadido: Urbanismo
Cantabria. Legalización de obras con orden de derribo judicial.
Cumplimiento obligatorio de sentencias judiciales. Costes de planes de
subsanación, ejemplo dotaciones a pagar por la Comunidad Autónoma,
el ayuntamiento o entidades urbanísticas. El borrador del plan de
legalización parcial de edificaciones con orden judicial de derribo
contempla la situación de cada una de las urbanizaciones, las posibles
fórmulas para la legalización de las viviendas, los plazos
de todos y cada uno de los procedimientos y una estimación sobre
los costes económicos que la administración habrá
de asumir en aquellos casos en los que la legalización de las viviendas
sea más difícil, o imposible.
La Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria, ha concluido el plan de actuación en relación
con las sentencias de derribo, sólo a falta del visto bueno de los
servicios jurídicos, y se ha comprometido con los afectados a que
en un plazo máximo de 15 días, si es posible una semana,
el plan estará a disposición del Parlamento regional y se
entregará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Así lo ha informado
la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA),
que agrupa a los afectados por estas sentencias, tras reunirse con el director
general de Urbanismo, Pedro Gómez Portilla, que les ha informado
de las líneas generales de dicho plan. Al encuentro asistieron,
por parte de la asociación, su presidente, Antonio Vilela, entre
otros.
En un comunicado, AMA señaló
que aunque va a esperar a tener un conocimiento integro del texto para
hacer una valoración final sobre el mismo, valora "positivamente"
el trabajo de la Consejería, ya que ha desarrollado el plan con
aportaciones "tan importantes" como las medidas correctoras, los plazos
para las distintas soluciones de cada urbanización y el presupuesto
de las actuaciones a realizar.
Pidió también un "esfuerzo"
al consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y a la directora
general de Asuntos Jurídicos, Ana Sánchez Lamela, para que
"a la mayor brevedad posible" se ponga el plan a disposición de
todas las instituciones, por "la importancia" que tiene para todos los
ciudadanos de Cantabria.
Destacó asimismo que el plan
"está legitimado y apoyado" por los acuerdos de los parlamentos
de Cantabria y Europeo, así como por el informe del Defensor de
Pueblo. Por ello, confió en que "realmente sea el instrumento" que
necesita Cantabria para solucionar "el grave problema" de las sentencias
de derribo, dando respuesta a los ciudadanos y afectados, así como
que pueda ser un instrumento útil para la Administración
de Justicia.
EN DETALLE
El plan de legalización parcial
de edificaciones con orden judicial de derribo contempla la situación
de cada una de las urbanizaciones, las posibles fórmulas para la
legalización de las viviendas, los plazos de todos y cada uno de
los procedimientos y una estimación sobre los costes económicos
que la administración habrá de asumir en aquellos casos en
los que la legalización de las viviendas sea más difícil,
o imposible.
Además, el director general
de Urbanismo ha adelantado a los afectados los próximos pasos a
seguir para la definitiva entrada en vigor del plan. En primer lugar, el
documento será sometido al informe de la asesoría jurídica
del Gobierno de Cantabria. Ahí podría sufrir algunos retoques.
A continuación, la memoria
se registrará en el Parlamento de Cantabria y en el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC). De este modo, el plan elaborado por la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo podría convertirse en el 'instrumento' que
los jueces han venido reclamando con el fin de estudiar una moratoria en
la ejecución de las sentencias, a la espera de agotar todas las
vías de legalización.
El contenido del plan no ha trascendido,
a la espera de que, tras el informe de la asesoría jurídica,
adquiera su redacción definitiva. Sin embargo, hay algunos aspectos
que ya les han sido expuestos a los afectados.
El más importante es el que
hace referencia a la posible legalización de viviendas. Algunas
urbanizaciones con sentencia de derribo son susceptibles de ser legalizadas.
Otras, en cambio, no tienen solución, tal y como explica el documento.
En este caso podrían encontrarse,
al menos, los 102 apartamentos que se mantienen en pié en la Urbanización
El Encinar, de la Playa de La Arena (Arnuero). Los otros 42 fueron demolidos
el pasado 29 de abril, en lo que fue la primera ejecución de una
sentencia de derribo en Cantabria.
No obstante, el plan propone alternativas
de compensación para esos casos, mediante permutas de terreno o
figuras urbanísticas similares.
Otra de las grandes aportaciones
del documento es que, por primera vez, el documento se completa con plazos
y financiación. Cada una de las actuaciones tiene medido el tiempo
-el plazo en que podrían tramitarse las modificaciones de las normativas
que permitan regularizar las viviendas- y el presupuesto estimado de esas
modificaciones, en unos casos, o de los costes derivados de la ejecución
de la sentencia y la consiguiente indemnización a los afectados,
en otros.
La redacción definitiva del
plan se encuentra pendiente de un único fleco, que podría
resolverse esta misma semana. Antes de que concluya el mes de junio, el
documento será registrado tanto en el parlamento como en la sede
del TSJC, según las previsiones que maneja el Gobierno de Cantabria.
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