7 de junio
de 2012
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URBANISMO.
URBANISMO CANTABRIA. REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA.
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La modificación de la Ley
del Suelo para permitir la construcción de vivienda unifamiliar
en suelo rústico ha incorporado 10 nuevas enmiendas de los grupos
parlamentarios tras su paso por la Comisión de Medio Ambiente, último
trámite antes de la aprobación por el Pleno del Parlamento,
previsiblemente, el del próximo día 18.
Los cambios son fundamentalmente
técnicos y sin alterar el carácter "sustancial" del texto,
según han explicado a Europa Press los representantes de los tres
grupos en este órgano.
En este trámite, se han aprobado
seis enmiendas del PP, una del PSOE y tres transaccionales (planteadas
por otros grupos a las que se ha añadido algún matiz para
facilitar su aprobación).
Desde el PRC, el diputado y exconsejero
de Urbanismo José María Mazón, ha llamado la atención
sobre los problemas de seguridad jurídica que puede tener el texto,
que, ha recordado, está concebido de forma transitoria hasta la
aprobación de planes especiales.
Pero el PRC teme que acabe siendo
usado como "un plan general encubierto" por los ayuntamientos que no vaya
a tener planes, ya que a través de este sistema no hace falta evaluación
ambiental de los proyectos.
A lo que el diputado del PP José
Manuel Igual le ha replicado que en el texto sucede "todo lo contrario"
y que Mazón es "el menos indicado" para hacer esta objeción,
después de que en su etapa como consejero no se aprobaran planes
urbanísticos y no hubiera seguridad jurídica.
Esta situación, ha defendido,
ha cambiado porque ahora en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo existe "otra disposición" hacia la aprobación
de los planes generales, que "hace falta desbloquear".
El Partido Popular defiende un texto
que responde a una "demanda social" del medio rural, del que va a ser un
"motor", pero contando con "todas las cautelas ambientales" y procesos
informativos, que se marca el objetivo de fijar la población al
territorio.
El PSOE, en cambio, lo critica por
el modelo de crecimiento que propugna, que el diputado Miguel Ángel
Palacio describe como basado en conjuntos de viviendas aisladas levantadas
sobre parcelas amplias en suelo especial protegido, en un urbanismo "caro"
que "dispersa" la población.
Y que, en resumen, "rompe" el modelo
de crecimiento tradicional de los pueblos de Cantabria y en contra de todas
las recomendaciones medioambientales, ha advertido Miguel Ángel
Palacio.
La reforma de la Ley del Suelo,
que el Gobierno regional ha pactado con la Federación de Municipios
de Cantabria, no ha logrado mantener ese mismo consenso entre los tres
grupos con representación en la Cámara autonómica.
La comisión del Parlamento que esta ha debatido las modificaciones
ha concluido con solo cinco enmiendas parciales respaldadas por PP, PRC
y PSOE, y referidas a cuestiones menores. Un número menor, ya que
el número total de alegaciones presentadas por unos y otros ascendía
a 43.
El portavoz del PP en la comisión,
José Manuel Igual, cree que la ley promoverá la implantación
de familias y negocios en pueblos que ahora decaen, potenciará la
rehabilitación de edificaciones ya existentes, y aportará
medidas urbanísticas “transitorias” (permisos y licencias) para
hacer frente a estos años difíciles, sin menoscabo de que
cada municipio acabe desarrollando su urbanismo conforme a un plan general.
Pero mientras esos planeamientos se concretan y se aprueban, la Ley del
Suelo respalda cualquier iniciativa de los vecinos dentro de unos parámetros
determinados y “con todas las cautelas medioambientales”, ha dicho.
Socialistas y regionalistas discrepan.
El exconsejero de urbanismo, José María Mazón, ha
propuesto sin éxito una serie de ajustes en la norma para garantizar
que la última palabra administrativa siempre fuera del Gobierno
regional, y no de los ayuntamientos: “Tenemos que mantener siempre las
riendas desde la comunidad autónoma. Los ayuntamientos en algunos
casos son diligentes, pero en otros quizá nunca se preocupen por
mantener bien sus términos municipales”, ha opinado sobre los riesgos
de expansiones desordenadas en algunos pueblos.
El diputado del PSOE Miguel Ángel
Palacio se ha mostrado más beligerante con la reforma, y ha contrapuesto
un modelo alternativo al diseñado por el PP: crecimientos residenciales
en parcelas más pequeñas (500 m2, frente a los 2.000 permitidos),
con hasta tres viviendas en una misma parcela, y servicios compartidos
(agua, luz, accesos), que proporcionaría la administración.
También ha solicitado mayor protección a las explotaciones
ganaderas frente a los usos residenciales, y ha advertido de que le ley
degenerará en un culebrón legal de recursos ciudadanos, al
contradecir otras normas de ámbito autonómico y estatal.
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