URBANISMO. URBANISMO CANTABRIA. REFORMA DE LA LEY DEL SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SUELO RÚSTICO
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El Parlamento de Cantabria ha aprobado la modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
 
La principal modificación afecta a los artículos 108 a 116, que hacen referencia a la protección y usos permitidos en suelo rústico, ya sea de especial protección o de protección ordinaria.

La modificación también responde a los objetivos de generar empleo entre el sector de autónomos y pequeñas empresas del sector en las zonas, e, igualmente, fijar la población rural al municipio, por lo que suma un propósito de conservación del medio.
El texto recoge la necesidad que se fija de que cada proyecto vaya acompañado de un estudio de adaptación al entorno, con medidas correctoras o que minimicen el impacto, y que garanticen que no están en zonas de riesgo ni que afecten a patrimonio natural o cultural.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado con los votos a favor de PP y PRC, y en contra del PSOE, la modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.

El cambio permitirá que se realicen mil actuaciones de rehabilitación, construcción o instalaciones de ocio y turismo rural, según el PP, mientras que los dos partidos de la oposición han alertado de que vulnera la legislación estatal y de que su desarrollo puede producir "conflictos futuros".

Y mientras el diputado del PP José Manuel Igual ha defendido que el texto permitirá la dinamización de la actividad económica en los municipios del medio rural, el socialista Miguel Ángel Palacio ha denunciado que obedece a una "idea trasnochada y fracasada" de la liberalización del suelo, en la misma línea que la emprendida por los gobiernos de José María Aznar que, en lugar de bajar los precios, los "multiplicaron" y llevaron a la 'burbuja' inmobiliaria.

"Se permite liberalizar todo el suelo rústico y que se desarrolle sin planificación urbanística", ha manifestado Palacio, mientras que el regionalista José María Mazón ha advertido de que se corre el riesgo de que "nuestros hijos" vean una Cantabria marcada por el "desastre urbanístico" en su paisaje que caracteriza a otras comunidades.

El 'popular' José Manuel Igual ha censurado el "baile de máscaras" del PRC, que "sabe que no ha funcionado su urbanismo", y ha manifestado que los regionalistas son "los campeones de la inconstitucionalidad" en sus sucesivas regulaciones urbanísticas.

APOYO DE LOS 102 AYUNTAMIENTOS

El diputado del PP José Manuel Igual ha defendido que esta modificación supondrá un "motor para el empleo" que dinamizará la actividad de empresas del sector y asociadas en un medio rural al que se contribuirá a fijar la población.

Pero ha precisado que es algo que no se hará "a cambio de cualquier cosa", pues el motor tendrá una "potencia autolimitada" que se traduce en determinadas "cautelas", remarcando además su carácter "transitorio".

Porque será, ha dicho, una actuación "complementaria" a la propia aprobación de los Planes Generales, que ha pronosticado que multiplicarán a los aprobados en los últimos 10 ó 12 años, y ha añadido que ahora existe "otra disposición" al respecto. "Veo a los alcaldes ilusionados", ha afirmado Igual.

"Confío en que nuestros alcaldes hagan un buen uso de este herramienta, sean prudentes, no renuncien a aplicar otros instrumentos y sepan oponerse en su desarrollo a los intereses personales a cambio de un puñado de votos", ha afirmado Mazón, a lo que Igual ha replicado insistiendo en que con esta ley están de acuerdo "los 102 ayuntamientos de Cantabria" y, en consecuencia, sus vecinos.

CONTRA EL MODELO TRADICIONAL

Desde el PSOE, Miguel Ángel Palacio ha criticado que la modificación legal responde a un modelo "contrario" al tradicional de Cantabria, que se cambia así por uno de viviendas "grandes, aisladas y caras" en las que resultará más costoso la prestación de servicios como la educación o los servicios sociales.

Además, ha avisado de sus implicaciones legales, por su "colisión" con la legislación estatal, que puede conducir a pleitos y conflictos, y ha afirmado que existen informes del propio Gobierno (Consejería de Ganadería y de los servicios jurídicos) que recomendaban otras posibilidades.

Y ha criticado que se vaya a acometer una modificación del urbanismo, actuando "justo" en los suelos rústicos, que son los que se "preservaban" de la actividad de construcción.

El regionalista José María Mazón, exconsejero de Urbanismo, ha hecho hincapié en las "graves carencias" de un texto cuyo "espíritu general" se comparte, aunque ha precisado que el modelo que se propugna es más adecuado para un suelo urbano de baja densidad que para uno rústico.

Mazón ha cargado contra su sucesor en el Gobierno, el consejero Javier Fernández (Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo), del que ha dicho que su "verborrea" e "incumplimientos" empiezan a ser "proverbiales", tachando de "pura falacia" la oferta de unanimidad que hizo al principio del proceso.

LEY DEL SUELO

La principal modificación afecta a los artículos 108 a 116, que hacen referencia a la protección y usos permitidos en suelo rústico, ya sea de especial protección o de protección ordinaria.

La modificación también responde a los objetivos de generar empleo entre el sector de autónomos y pequeñas empresas del sector en las zonas, e, igualmente, fijar la población rural al municipio, por lo que suma un propósito de conservación del medio.

El texto recoge la necesidad que se fija de que cada proyecto vaya acompañado de un estudio de adaptación al entorno, con medidas correctoras o que minimicen el impacto, y que garanticen que no están en zonas de riesgo ni que afecten a patrimonio natural o cultural.

ANTECEDENTES

   Respecto a la aprobación de la reforma de la Ley del Suelo --garantizada puesto que el PP cuenta con mayoría absoluta--, el proyecto de ley subraya que este cambio obedece a una necesidad de atender una demanda social, que consiste en dar al suelo rústico una serie de usos que, respetando la necesaria protección, permitan su puesta en valor.

   El fin último es dotarlas de un destino que ayude al desarrollo sostenible y a la dinamización de los núcleos rurales. "La auténtica defensa del medio rural consiste en ofrecer a éste una alternativa real de futuro, que necesariamente pasa por otorgar al suelo rústico un catálogo de usos que haga atractiva su protección, su cuidado y su desarrollo", señala el texto del anteproyecto.

   Así, se establece la posibilidad de obtener las autorizaciones y licencias necesarias para construir viviendas unifamiliares aisladas, instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, respetando los límites legales.

    Tras la aprobación de la reforma de la Ley del Suelo, el Pleno debatirá sendas mociones del PRC (subsiguientes a las interpelaciones de esta semana) instando al Gobierno, por un lado, a garantizar el funcionamiento operativo de los seis parques de emergencia y a no privatizar el SEMCA, y por otro, a desechar la instalación de dependencias del Gobierno en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) y dedicarlo únicamente a empresas de I+D+i.

   La primera iniciativa, suscrita por la diputada Rosa Valdés, plantea no sólo garantías para evitar la reducción de los servicios de emergencias, sino que también exige al Ejecutivo que no privatice la empresa pública SEMCA y reincorpore "de manera inmediata" a los tres trabajadores despedidos a instancias de la consejera de Presidencia, Leticia Díaz.

   Además, Valdés propone formalizar una reforma legal con el objetivo de devolver al SEMCA el carácter de entidad pública empresarial con personalidad y régimen jurídico público, conforme al acuerdo unánime aprobado por el Pleno el 28 de marzo de 2011.

   Sobre el futuro del PCTCAN, Rafael Pérez Tezanos pedirá al Ejecutivo del PP que deseche la posible instalación de consejerías o dependencias administrativas dentro de este espacio industrial. El PRC pretende limitar la ocupación de los terrenos exclusivamente a empresas cuyo fin único y principal sea la producción en base a las nuevas tecnologías ligadas a la aplicación de la I+D+i, "sin contemplar dentro de estos conceptos otro tipo de instalaciones centradas en la enseñanza o la administración".

   A continuación se debatirá una proposición no de ley del PSOE que reclama la reapertura del registro de pre-asignación de biomasa, competencia del Gobierno central; y otra del PRC que exige el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya en el momento de cerrar la fábrica y la presentación en el plazo máximo de tres meses de un plan que garantice la recolocación de la totalidad de la plantilla que a día de hoy continúa en paro. También urge al Gobierno a aprobar los trámites necesarios para el plan de autoempleo propuesto a la plantilla y proceder al pago inmediato de las ayudas prometidas a cinco trabajadores.

   En la anterior proposición, los socialistas pedirán que el Parlamento inste al Gobierno regional a que, a su vez, pida al Ejecutivo central que abra en tres meses el registro de pre-asignación de energía eólica para puestas en funcionamiento a partir de 2014 y en nueve meses para energía termosolar. También reclaman la puesta en marcha en seis meses de la normativa que posibilite el autoconsumo de energía fotovoltaica producida en cubierta para familias y pequeñas empresas.

   Por su parte, el PP defenderá una iniciativa del mismo rango que insta al Gobierno a agilizar los trámites para culminar la declaración de La Viesca (Torrelavega-Cartes), el Pozo Tremeo (Polanco) y el Pendo y Peñajorao (Camargo) como áreas naturales de especial interés (ANEI).

   El objetivo es que se instrumenten todas las previsiones legales que esta figura proporciona a estas áreas para asegurar la conservación de su riqueza biológica y paisajística, de forma compatible con el uso público.

   Por otro lado, el PSOE interpelará al Gobierno sobre la aplicación y despliegue de la Ley de Dependencia, y el PRC sobre el proyecto general de saneamiento de las Marismas de Santoña, que "sigue sin funcionar y las obras están aún sin terminar a pesar de la ingente cantidad de dinero invertida en este proyecto", tal y como reza en la interpelación.

   Asimismo, los socialistas preguntarán al Ejecutivo por las iniciativas tomadas a la vista de los vertidos contaminantes registrados en la ría de San Martín de la Arena a la altura de Hinojedo (Suances). El PSOE preguntará también al Gobierno si piensa externalizar y/o privatizar la gestión del Palacio de Festivales y si está en sus planes proceder a nuevo recorte de plantilla en esta empresa pública.

   El Pleno concluirá con una pregunta del PRC relativa a la documentación remitida por el Gobierno sobre el programa de atención y acogimiento a las víctimas de violencia sobre mujeres y menores.