OBRA PÚBLICA. CONCURSO DE ACREEDORES CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA MADRID-TOLEDO (AP-41) 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de crisis inmobiliaria, concurso de acreedores de constructoras. Gestionada por Isolux, Comsa, Azvi y Sando, la AP-41 ha formalizado el concurso de acreedores ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete. Claves: 1) 380 millones de euros de deuda bancaria y 250 de expropiaciones pendientes de pago. 2) Situación del crédito con la Banca (project finance).
Herramienta práctica > Guías prácticas: Ingeniería de la edificación. EBooks de Ingeniería de la edificación. 

Isolux, Comsa, Azvi y Sando, accionistas de la autopista Madrid-Toledo (AP-41), no han soportado más la carga de una infraestructura sin tráfico y van a protagonizar la primera suspensión de pagos de un sector en estado crítico. La concesionaria ha pedido concurso con una losa de 530 millones: 380 millones en deuda bancaria y 150 millones en expropiaciones por pagar.

La concesionaria tiene como accionistas a constructoras de relumbrón: Isolux, Comsa, Sando y Azvi, además de Banco Espírito Santo. La deuda que arrastra asciende a 380 millones, mientras mantiene una dura pugna en los tribunales con un millar de propietarios de terrenos, en su día expropiados para la construcción de la infraestructura. La cuenta por pagar en suelo es de 150 millones.

En el caso del crédito, se firmó a 31 años con un consorcio liderado por Banco Espírito Santo y en el que, según fuentes financieras, figuran entidades como Santander, Banesto, Sabadell y La Caixa. La modalidad de la financiación es de project finance, en el que las acciones de la propia concesionaria sirven de prenda. La factura que paga la AP-41 por los intereses asciende a unos 20 millones anuales, lo que supera los propios ingresos.

La concesionaria tiene un juicio ganado en el Supremo al Ministerio de Fomento. Este debe compensar a la empresa por haber cortado de raíz sus expectativas de ingresos. Fue por la decisión de no autorizar la prolongación de la carretera de peaje -previo dictamen del Ministerio de Medio Ambiente- hacia Ciudad Real y Córdoba, abortando el Corredor Sur. El proyecto incluía esa extensión que evitaba el paso por el puerto de Despeñaperros, lo que convertía a la AP-41 en una opción atractiva -se ahorraban 70 kilómetros y el propio puerto- para enlazar el centro del país con Andalucía. El fallo del Alto Tribunal, en el que se instaba a ambas partes a negociar un reequilibrio, está fechado el 16 de mayo de 2011. La propia concesionaria calculó que el impacto de este parón era de 100 millones de euros. Una decisión que ha supuesto un impacto de 320 millones, según la compañía, pero que no fue reconocido por el Supremo.

La responsabilidad patrimonial de la Administración, en caso de insolvencia, es de 350 millones: 295 millones cubren las obras y otros 55 millones las expropiaciones.

CLAVES

La concesionaria, adjudicataria de la construcción y explotación de la autopista en régimen de peaje por un periodo de 36 años, está participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo.

La autopista, ya en servicio, cuenta con 71,5 kilómetros de longitud y dispone de nueve enlaces y de un área de servicio entre Madrid y Toledo.
Se trata de la primera autopista que solicita concurso de las diez que actualmente están en riesgo de quiebra por la caída de los tráficos y los sobrecostes de expropiación que registraron en su construcción.

El Ministerio de Fomento ha manifestado en distintas ocasiones que confía en tener lista en este mes de mayo la batería de medidas en que actualmente trabaja para ayudar a estas vías.

Los presupuestos del Ministerio para 2012 incluyen una partida de 289 millones de euros para otorgar préstamos participativos a estas autopistas, y además amplían hasta 2021 la posibilidad de que recurran a cuentas de compensación.

Además de estas dos medidas, Fomento también contempla la ampliación del plazo de concesión y gestión de las autopistas, y la promoción de fusiones entre concesionarias.
Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión. El eventual rescate se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de este Departamento.

Además de la Madrid- Toledo, entre la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.