INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN (ITE). CASTILLA LEÓN. BURGOS
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La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Burgos remitirá al Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Administradores de Fincas, entre otros colectivos, el borrador de la Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Construcciones. Se busca alcanzar el consenso con los colectivos con los que se inició el proceso de poner en marcha la inspección que ya se recogía en la Ley de Urbanismo de Castilla y León del año 1999. Los profesionales implicados directamente en el proceso dispondrán de 15 días para realizar aportaciones. El documento final  se remitirá a la Comisión Informativa para que pueda aprobarse de forma inicial en el pleno del mes de junio. La ordenanza podría aprobarse de forma definitiva para finales de este verano. 

«La maquinaria ya está rodando. En el Ayuntamiento ya se están presentando informes pero es un pequeño goteo, el problema de gestión vendrá cuando llegue el volumen íntegro de inspecciones y ver si hay que realizar requerimientos para subsanar los defectos encontrados», apuntó la concejal de Obras, Dolores Calleja. Para ello se adquirirá un sistema informático que permita facilitar el trabajo de gestión de las ITC de más de 5.000 edificios que se prevé tramitar en un año. Un sistema como el que el Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL) ha aplicado en los ayuntamientos de León, Valladolid, Salamanca y Segovia. El programa «permite optimizar el proceso  de gestión con un ahorro de contratación de personal y ofrecer una gestión eficiente de la tramitación», apunta su gerente José María Enseñat. 

Los edificios construidos hace más de 40 años están obligados a que un técnico capacitado realice una inspección de las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, habitabilidad según destino y accesibilidad. Si el edificio pasa la inspección, deberá someterse a ella de nuevo dentro de diez años. Si no la pasa los propietarios deberán acometer las reformas estipuladas. Si hay deficiencias será el Ayuntamiento el que emita un requerimiento para realizar esos trabajos y el propietario tendrá que acreditar su ejecución. «De hacer caso omiso impondremos sanciones antes de realizar una ejecución subsidiaria que habría que valorarla caso por caso», aclaró Calleja. 

Al mismo tiempo que se pone en marcha el aparato legal del proceso, el Ayuntamiento busca iniciar una campaña de concienciación a los propietarios, los que tienen la obligación de acometer la reforma según la norma estatal. «El propietario debe ser consciente de sus obligaciones para el mantenimiento de su vivienda pero realizaremos comparecencias y reuniones con Consejos de Barrio, asociaciones y administradores de fincas para darlo a conocer». 

Los alcaldes de los municipios del Alfoz de Burgos en los que se ha de realizar la Inspección Técnica de Construcciones (ITC) están en «desacuerdo» con ciertas obligaciones que el borrador de Reglamento que ha elaborado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente  de la Junta de Castilla y León les atribuye. Así lo expresaba el alcalde de Alfoz de Quintanadueñas, Gerardo Bilbao, quien aseguró que los municipios van a presentar «alegaciones a la normativa» porque entiende que a estos ayuntamientos «se nos dan unas competencias, pero no tiene aparejada una cantidad económica» para llevarlas a cabo. El documento se encuentra en fase de exposición pública y, tras una reunión que mantuvieron el pasado martes en Valladolid, la mayor parte de ediles de los municipios que participaron en la sesión, tras recibir la correspondiente información, acordaron realizar las alegaciones.

Bilbao apuntó ayer que alguna de las competencias que les confiere el Reglamento de  Castilla y León se basa en «la subsidiariedad». Así, en el caso de que un técnico no dé de paso una construcción y obligue a los propietarios a realizar una obra, si estos se niegan, «será el propio Ayuntamiento el que obligue» al dueño a realizar la actuación que corresponda. Y es algo que no aceptan los alcaldes. Para el gerente del ICCL se trata de una tramitación y trabajo «imposible de asumir por ayuntamientos pequeños» con lo que «ya avanzamos a la Federación Regional de Municipios que estas inspecciones, cuya aplicación es progresiva pero se generalizará a todos los municipios, podrían gestionarse como un servicio más de las Diputaciones Provinciales».