3 de abril
de 2012
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La empresa pública Gesvicán,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas, anunció
la enajenación directa con publicidad de dos parcelas situadas en
la finca del Asilo, de Torrelavega. El contrato incluye el proyecto básico
y de ejecución para la construcción de dos edificios: uno
para 90 alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables
y otro destinado a centro de día y talleres ocupacionales. El valor
de la enajenación es de 4,2 millones de euros y entre los requisitos
que deberá cumplir el contratista está el de ser una entidad
sin ánimo de lucro. Los interesados disponen de un plazo de 30 días
para presentar sus propuestas.
La Corporación de Torrelavega
aprobó instar al Ejecutivo cántabro a que continúe
con las gestiones que se está llevando a cabo, a través de
Gesvicán, para que la Fundación Asilo, promotora de la residencia
para discapacitados, pueda ser propietaria de los citados terrenos «a
la mayor brevedad posible y en las mejores condiciones legalmente posibles»
para dicha institución benéfica. También acordó
instar al Gobierno a que Gesvicán «no repercuta gasto de gestión,
beneficio industrial o coste alguno en la ciudad de Torrelavega por la
construcción en dicha finca de los sistemas generales, por ser una
obra de interés social y con gran demanda entre las familias con
personas discapacitadas».
En la exposición de motivos
de su moción, los regionalistas recordaron que el Ayuntamiento de
Torrelavega cedió la finca la pasada legislatura al Ejecutivo cántabro
para destinarla a construir equipamientos asistenciales o de naturaleza
similar. Como consecuencia de ello, en mayo de 2011 se licitaron las obras
de urbanización de los terrenos. El paso siguiente es la «construcción
y explotación» de los referidos equipamientos.
El Grupo Socialista votó
en contra. Según su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante,
la moción dejó de tener sentido al hacer pública Gesvicán
la enajenación del terreno a través del Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). Gómez Morante recordó que tiene como
destinatario una entidad sin ánimo de lucro y dijo que no había
«razón legal» para aprobar la moción: «Se
quiere hacer a dedo, cuando hay otras ONG con el mismo derecho».
María Luisa Peón, portavoz del PP, reconoció haber
pactado el texto del acuerdo con los regionalistas y dijo que éste
tiene como objetivo respaldar el proyecto y es compatible con el anuncio
de enajenación de las parcelas. Para Pedro García Carmona,
portavoz del PRC, se trata de un pronunciamiento político que tiene
como objetivo «reforzar la necesidad del acuerdo con la Fundación
Asilo». Esther García, de ACPT, dijo que era una gran necesidad
social, pero se abstuvo porque se opone a «la cesión de suelo
público para una gestión privada».
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