INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. REDES INTELIGENTES TIC EN LA EDIFICACIÓN Y EN EL URBANISMO
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El Plan de Rehabilitación Energética de los Edificios que inicialmente afectaría a 500.000 inmuebles anualmente, para que en el plazo de 20 años se haya actuado sobre todo el parque de edificios de este país, y que en una gran parte se financiaría con los ahorros en energía y generaría más de 150.000 nuevos empleos en el primer año, que se incrementarían según avanza el programa. Esta propuesta debe enmarcarse en la obligación que tiene España con la Unión Europea de iniciar la transposición este año de la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de Edificios y en la que se contempla la obligación de que todos los estados miembros presentarán en 2012 un Plan Nacional de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo a través de la integración de las renovables y del autoconsumo, tanto en la nueva edificación como en la rehabilitación de la existente, con objetivos intermedios en 2015, para que en 2020 toda la edificación cumpla con ese criterio. Esta iniciativa requiere otro Código Técnico de la Edificación y que España cumpla con la anterior directiva y la nueva, estableciendo la obligación de una certificación de la eficiencia energética de los edificios para que no se pueda comprar, vender o alquilar ningún edificio que no tenga calificación energética.

La Fundación lamenta que, además de aprobar una nefasta moratoria para las energías renovables, el Gobierno no se preocupe por el Ahorro y la Eficiencia de Energía ignorando que actualmente la economía española necesita consumir un 20 por ciento más de energía para producir sus bienes y servicios que la media de la Unión Europea, lo que supone una pérdida de competitividad creciente, al rivalizar con economías mucho más eficientes. El potencial de desarrollo tecnológico, de eficiencia, de competitividad, de desarrollo de nuestras exportaciones, de progreso regional, de creación de empleo y de impulso a una nueva base industrial para la economía es gigantesco.

            Ese potencial de un sistema complementario basado en las tecnologías de ahorro de energía y en todas las fuentes renovables tiene un escenario prioritario: las ciudades, donde se concentra la mayoría de los habitantes; el 60% de la población vive en el 10% del territorio. Es  prioritario, por criterios de eficiencia, afrontar los usos de la energía en los sectores de mayor consumo, como son la edificación y el transporte y por tanto se  debe incentivar y promover el ahorro y la eficiencia energética en el sector doméstico y en la edificación, imponiendo la consideración del factor energía en todos los desarrollos urbanos y de infraestructuras. Asimismo, la Fundación Renovables reclama una reordenación de todo el sector del transporte para ir limitando el uso del vehículo privado, elevando la cuota del transporte público y por ferrocarril.

El enfoque en materia de Ahorro y Eficiencia Energética debe acometerse desde una doble vertiente:

- Optimizando el proceso transitorio desde la realidad actual hasta alcanzar los objetivos que se planteen, fundamentalmente en los procesos de transformación de energía primaria a energía final y en la cobertura de la demanda.

-  Adecuando la demanda de energía en función de las características de las fuentes de energía disponibles, atendiendo a la necesidad de sustitución de fuentes de energía no renovables, tanto por cuestiones medioambientales y de seguridad de suministro como por idoneidad económica, en un horizonte temporal amplio, por energías renovables.

La Fundación Renovables considera que en las actuales circunstancias la actuación sobre la edificación debe ser prioritaria, ya que el parque actual de más de 24 millones de edificios requiere de un marco de actuación decidida, tanto por el potencial existente como por los objetivos fijados en las distintas Directivas. En esta línea la Fundación considera que es preciso actuar en línea con las propuestas planteadas en su documento El camino hacia la sostenibilidad energética:
 

•         Planes para que toda la nueva edificación y rehabilitación de la existente se realice  con el criterio de edificios de saldo energético  nulo.
•         Sistemas de certificación de eficiencia energética de edificios y de inspección de instalaciones.
•         Establecer la obligatoriedad de que todas las licencias, autorizaciones de obras, equipamientos e infraestructuras tengan un informe de impacto energético.
•         Ampliación del marco de actuación con especificaciones de renovación urbana sostenible.
•         Establecer en la Ley de Propiedad Horizontal y en las ordenanzas municipales la obligatoriedad de una regulación energética y uso eficiente de las temperaturas de las calefacciones y sistemas de refrigeración, ascensores y ACS.
•         Extensión de la regulación de la eficiencia energética en todos los edificios a las demandas de equipamientos, cargas de proceso e iluminación. Modificación del Código Técnico de la Edificación para aumentar las exigencias de aislamiento en los edificios.

El punto central de esta actuación debe ser el desarrollo de un Plan Nacional de Rehabilitación Energética de Edificios creciente, del 2% el primer año (500.000 edificios), y con un horizonte de rehabilitación total en 20 años. Se deberá implantar un programa de incentivos fiscales en función de la certificación energética y con instrumentos financieros, garantizados por el porcentaje de reducción de la factura energética, de acuerdo al concepto de óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética que establece la nueva directiva de edificios y que debe constituir la base de actuación de las empresas de servicios energéticos. La rehabilitación de los edificios públicos será inicialmente del 3% cada año para su rehabilitación total en 15 años.

Por otra parte la Fundación reclama un Plan de energías renovables de aplicación térmica en la industria. En la edificación, la regulación debe promover la integración óptima de la generación renovable distribuida con el intercambio con la red de electricidad 100% renovable así como la puesta en marcha de un plan global de etiquetado con niveles de eficiencia mínimos obligatorios y desarrollo de incentivos/penalizaciones como consecuencia del mismo, que acoja a los siguientes equipamientos: vehículos, electrodomésticos y equipamientos, motores y edificios.

Para hacer realidad estas propuestas es necesario el establecimiento de un marco de apoyo específico para la incorporación de instrumentos financieros y administrativos que ayuden a la puesta en marcha de las distintas iniciativas de eficiencia energética, con el fin de romper las reticencias existentes por parte del consumidor a invertir en programas de ahorro, situación que se debe alcanzar por educación, información, medidas obligatorias y señal de precio suficiente.

Este marco debe incluir el fomento de las Empresas de Servicios Energéticos o agregadores de demanda como instrumentos para conseguir los objetivos de ahorro energético y gestión de la demanda en instalaciones de los consumidores; la introducción con carácter obligatorio de la figura del gestor energético como un apoyo necesario para poner en marcha, monitorizar y hacer un seguimiento de los objetivos de ahorro en instituciones y empresas; y la creación de entidades independientes para verificación de ahorros como complemento a las ESE y los gestores energéticos.

Por último, la eficiencia energética reclama la aceleración de la implantación de las redes inteligentes con la obligación de incorporar TIC en la edificación y en el urbanismo, considerando al consumidor como elemento principal del sistema y adaptando las infraestructuras existentes a modelos de gestión tipo Smart Grid (redes inteligentes). Esto responde a la necesidad de acercar la generación al consumo y la reducción del tamaño de cada generador, lo que requiere disponer de un sistema de gestión y medida de gran capacidad y flexibilidad, zonificando el marco de actuación en estructuras de redes inteligentes.