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28 de marzo de 2012
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. OBRA PÚBLICA. VII ENCUENTRO DEL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Libro inmoley.com de financiación de infraestructuras y libro de la obra pública. Resumen de Jornadas VII encuentro del sector de las infraestructuras organizado por Deloitte, OHL, Alstom y ABC. Fomento estudia la participación público-privada en infraestructuras con financiación del Estado de hasta un 50 por ciento. Los cambios en el modelo concesional van a reactivar la colaboración público-privada, a generar más inversión en obra pública y a ayudar a reactivar el sector de obra civil en España.
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado  que el Gobierno estudia proyectos de participación público-privada en el ámbito de las infraestructuras en los que el Estado financie una parte que podría llegar hasta el 50 por ciento. “Se trata de establecer cofinanciación en el modelo de colaboración pública”, ha subrayado la ministra, quien ha apostado de esta manera por una colaboración pública-privada más atractiva, equilibrada y viable.

Durante su intervención en el VII encuentro del sector de infraestructuras, Ana Pastor ha asegurado que el Ministerio seguirá utilizando el instrumento de colaboración público-privada y analizando con el sector grandes proyectos en ferrocarril y carreteras.

En la misma línea de conseguir que la participación público-privada pueda ser un instrumento atractivo, la ministra ha asegurado que Fomento está analizando también el reparto de riesgos entre concedentes y concesionarios que afectará a tres ámbitos: a la revisión de los plazos máximos de concesión, del riesgo de las expropiaciones y del riesgo de tráficos.

“Estos cambios en el modelo concesional van a reactivar la colaboración público-privada, a generar más inversión en obra pública, y a ayudar a reactivar el sector de obra civil en España”, ha subrayado.

Además, la ministra se ha referido a las concesiones de las autopistas de peaje, destacando primero que el Gobierno sigue confiando en el sistema concesional español como forma esencial de financiación extrapresupuestaria de infraestructuras.

Tras señalar que el Ejecutivo es consciente de los problemas que atraviesa el sector, ha asegurado que el Ministerio de Fomento está trabajando en buscar soluciones.

Ha pedido la colaboración, para abordar este problema, de concesionarios, constructores y entidades financieras y ha anunciado que el Gobierno ya ha analizado un informe elaborado por Fomento sobre este asunto para darle una solución definitiva.

En este sentido, ha señalado que el Ministerio está analizando las ayudas financieras a las sociedades a través de las cuentas de compensación y los préstamos participativos u otras líneas como son la ampliación de los plazos de las concesiones o las posibles fusiones, todo ello acordado entre las partes. “Y espero que no tengamos que acudir a la medida de rescate que prevén los pliegos de las concesiones, pero para eso tenemos que adoptar medidas”, ha advertido.

La ministra se ha referido durante su intervención a los objetivos del Ministerio en el ámbito de las infraestructuras. Tras destacar que este departamento es el principal inversor del Estado, ha expresado la necesidad de invertir bien y de forma eficiente, con rentabilidad social y económica.

Por último, ha manifestado que Fomento va a realizar una planificación en materia de infraestructuras que será previsible, rigurosa, eficiente y vertebradora.

EN DETALLE

En un momento del VII encuentro del sector de las infraestructuras —organizado por Deloitte, OHL, Alstom y ABC— uno de los ponentes recurrió a una frase del padre del capitalismo, Adam Smith. «No sería razonable construir una carretera excelente, de primera clase, a través de una región desértica, donde apenas florece el comercio, tan solo porque lleva a la ciudad del intendente de la provincia».

No se puede decir que España haya aprendido la lección al pie de la letra. La ministra Ana Pastor, que ofreció el discurso inaugural, hizo un llamamiento a la evolución de las infraestructuras de manera rigurosa y vertebradora.

La responsable de la cartera de Fomento avanzó que el Gobierno estudia la «cofinanciación en el modelo de colaboración pública» con una participación de hasta un 50% en los nuevos proyectos.

El elevado endeudamiento del grupo, fruto de los excesos de legislaturas pasadas, y los objetivos de consolidación fiscal no permiten recurrir a los canales habituales de financiación. «El apalancamiento financiero (de Fomento) hace casi inviable que podamos pedir ni un euro a una entidad financiera. Estamos colapsados», avisó la ministra.

RIESGOS COMPARTIDOS

Pastor dio también algunas pistas sobre el nuevo modelo concesional que tendrá como fin «generar más inversión en obra pública y ayudar a reactivar el sector de la obra civil» en nuestro país: se sustentará en la revisión de los plazos máximos de concesión y el reparto de riesgos entre concedentes y concesionarios por las expropiaciones y las caídas de tráfico . Este nuevo marco incluirá una reflexión más profunda, que atañe a la propia planificación territorial de las inversiones. «No entiendo esos debates sobre el "qué hay de lo mío". Debemos hablar de qué hay de lo nuestro. En esto sí que hace falta un cambio de cultura, por ello propongo un pacto de Estado. Nos queda un camino largo»

Las entidades financieras expusieron la transformación y los rigores a los que obligan las turbulencias en los mercados y las nuevas exigencias regulatorias. «Hemos tenido una industria financiera muy potente, pero se está acabando —señaló Mariano Olmeda, subdirector general de Santander—. Las entidades no podemos soportar ahora la financiación de infraestructuras a largo plazo». El plazo idóneo de concesión se cifró entre los cinco y 10 años.

Como alternativa, Carlos Fernández, director de financiación de Infraestructuras de BBVA, recordó a las sociedades que es posible acudir al mercado de capitales para refinanciarse, en el caso de los activos en explotación, o a la emisión de bonos, para los que se encuentran en construcción. Sin embargo, este recurso no es la panacea: «Los bonistas son muy exigentes y la flexibilidad que ofrecen es menor a la de un préstamo».

Otra vía para equilibrar las cuentas, reclamada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), es la del establecimiento del cobro de tasas o peajes por circular en la red de carreteras. Una propuesta que ya ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Oficina Económica de Moncloa y el Ministerio de Fomento. «Todo el peso de los recortes está cayendo sobre la inversión», denunció Juan Lazcano, presidente de la organización. Y advirtió de que el estado de parálisis en que se encuentra el sector —con una licitación en obra pública que terminó 2011 en 13.754,59 millones, la menor cuantía de los últimos quince años— «está poniendo en cuestión la supervivencia de un sector clave».

Durante el foro, los asistentes incluso sugirieron fórmulas para reforzar la normativa, como la creación de un órgano independiente que aplique las leyes y garantice la seguridad jurídica. «Si tan solo se cumpliera lo previsto en la legislación, avanzaríamos», zanjó Juan Osuna, consejero delegado de OHL Concesiones.

ÉTICA DE FUNCIONARIOS

Rigor en los presupuestos, transparencia en los procesos de licitación y máxima pulcritud en la relación con las empresas. Son los tres puntos en que se basará el código ético de Fomento, donde se plantea desaconsejar a los funcionarios que coman con constructores o mantener reuniones fuera de despachos oficiales.
 
Fomento no quiere que sus funcionarios coman con constructores Si hay una idea en la que insiste la ministra Ana Pastor desde que tomó posesión en Fomento esa es que debe imperar el juego limpio en el negocio de la obra pública. En este sentido, encargó en febrero la elaboración de un código ético del que las constructoras han comenzado a conocer de primera mano varios puntos que generan polémica.

Los funcionarios de Fomento deberán eludir en lo posible las comidas con los contratistas, principalmente con personal de constructoras e ingenierías; las reuniones con las empresas deberán celebrarse en despachos oficiales y, a poder ser, siempre tendrá que haber más de un funcionario presente en esos encuentros. Estas iniciativas han comenzado a correr como la pólvora por el ministerio, si bien no existe un texto cerrado aún.

Distintas fuentes conocedoras de estas intenciones tachan de absurdo un código de conducta que pone en entredicho a todo el sector. "Muchos de los funcionarios de Fomento trabajan a pie de obra y es bastante poco operativo que se les obligue a tanta asepsia", comenta un alto directivo de la construcción. Son muchos los que piensan que un documento de esas características pone en duda la honorabilidad de los funcionarios.
En la práctica, es la Inspección General de Fomento, que dirige Pilar Fabregat y que depende del subsecretario Mario Garcés, la que vela por la corrección en los trámites del ministerio.

Fabregat es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Previamente ha trabajado en el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigió el gabinete de la presidencia de Paradores de Turismo. Su relación con Pastor se remonta a cuando Fabregat fue directora de Consumo y Atención al Ciudadano en el Ministerio de Sanidad, donde también se encargó del gabinete de la ministra.

El revolucionario código de Fomento debería ver la luz en unos meses, al igual que el plan de infraestructuras Pitvi. Al respecto, la ministra Pastor volvió a referirse , en un foro de infraestructuras organizado por Deloitte, a la necesidad de mayor claridad en los pliegos, más transparencia en los procesos de licitación, e insinuó que son necesarias normas de buen gobierno en el propio ministerio. La mandataria no fue más allá en las explicaciones.

En el mismo escenario y ante los responsables de constructoras como Dragados, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC y Acciona, Ana Pastor adelantó que el Estado sufragará el 50% de la inversión en los proyectos que salgan a concurso bajo el modelo de colaboración público-privada. Por el momento, se está tratando de involucrar a ICO y BEI, y se mantienen contactos con la banca comercial en busca de asegurar respaldo al citado Pitvi, con obras y conservación de infraestructuras por 225.000 millones.
Pastor reiteró  su preocupación por el estado de salud del sector concesional y avanzó que ya ha remitido una propuesta a la Comisión delegada para Asuntos Económicos con medidas de compensación. Su informe incluye créditos participativos para pagar los sobrecostes en expropiaciones, que han puesto en jaque a concesionarias como las autopistas radiales de Madrid, y la ampliación de las cuentas de compensación para asegurar ingresos en las autopistas ante la caída de tráfico.

Por último, la ministra mostró preocupación por la escasa penetración del ferrocarril en el tráfico de mercancías. "En unos años deberíamos doblar el actual 4% de cuota". Y dejó sobre la mesa una decisión inamovible: "Completaremos la red ferroviaria en todo el país con ancho internacional". La propuesta sembró dudas en el foro por inconcreta.
La construcción espera dos años de recortes

LOS DISTINTOS PONENTES EN EL VII ENCUENTRO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS RECONOCIERON QUE ESPERAN SEVEROS RECORTES EN LOS PRESUPUESTOS DE FOMENTO PARA 2012 Y 2013.

-Pedro Martínez, presidente de Acciona Infraestructuras, pidió un esfuerzo al Gobierno para involucrar al BEI en los proyectos de colaboración público-privada. Con ello se reduce la deuda subordinada y mejora el rating de los mismos.

-El consejero delegado de Ferrovial Agroman, Alejandro de la Joya, demandó a las Administraciones el cumplimiento de la Ley de Morosidad una vez que se hayan puesto al corriente gracias al real decreto de pago a proveedores.

-José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción, reclamó inversión en obra civil para sostener el PIB, además de que se involucre en su financiación a fondos y bonistas.

-El presidente de Sacyr, Javier Gayo, defiende las cuentas de compensación a 20 años para las autopistas en crisis.
 
 


 

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