22 de marzo
de 2012
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OBRA PÚBLICA A DEBATE.
NACIONALIZAR AUTOPISTAS: UN PRECEDENTE GRAVÍSIMO
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de la obra pública. Nacionalizar autopistas: un precedente gravísimo
y de dudosa legalidad. Hay dos casos seguramente serán nacionalizados,
es decir que el estado a través de una sociedad pública asumirá
las pérdidas. En uno de los casos hay un grave incumplimiento
estatal por no ampliar el trazado conforme al pliego inicial, pero en el
otro caso es simplemente un fracaso empresarial, por lo que se creará
un precedente gravísimo.
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El plan que prepara Fomento para
salvar a las autopistas de la quiebra incluye la entrada de la firma pública
Seittsa en el capital de las más perjudicadas por la crisis o por
decisiones de la Administración. El ministerio ve prácticamente
ineludible el rescate de la Madrid-Toledo (AP-41) y la Eje Aeropuerto (M-12).
La ministra de Fomento, Ana Pastor,
dijo ante lo más granado del sector de las infraestructuras
que no es serio poner fecha a las grandes obras. "El AVE iba a llegar a
Vigo en 2012, pero hasta el momento solo se han invertido 400 millones
de un total de 8.000", criticó durante su intervención en
el Foro Nueva Economía.
Sin embargo, Pastor no eludió
fijarse un plazo para atajar el grave problema del desequilibrio económico
de una decena de autopistas gestionadas por Abertis, Sacyr, Ferrovial,
OHL, ACS, Globalvía, etcétera. Quiere hacerlo en seis meses
y la solución pasa por sacar a concurso las concesiones rentables
ya maduras y elevar el plazo de las cuentas de compensación, articuladas
por el anterior Gobierno para compensar las caídas de tráfico
durante tres ejercicios. El negocio del peaje está muy por debajo
de las estimaciones y apenas da para atender los intereses de una deuda
que, en el conjunto de las autopistas en crisis, supera los 4.000 millones.
La solución del anterior Ejecutivo ha evitado quiebras inminentes,
pero resulta insuficiente a la vista de los problemas que están
teniendo autopistas como la Cartagena-Vera o la Radial 4 de Madrid para
refinanciar deuda a largo plazo. Y es que la banca pide estabilidad y mayor
previsión en los ingresos.
Con los nuevos concursos se atendería
la demanda de las concesionarias de un mayor plazo de explotación
y, además, el Estado haría caja. En cuanto a las cuentas
de compensación, Fomento negocia ya con Hacienda para ampliar la
cobertura de tres años a un mínimo de diez. Desde el sector
concesional se demandan hasta 20 años para dotar de ingresos estables
a las concesiones, entre ellas las radiales de Madrid.
Pero la auténtica novedad
será la restauración de una empresa estatal de autopistas,
como lo fue ENA, que se haga con el capital de las concesiones quebradas
que no respondan al estímulo de las cuentas de compensación
o de una ampliación del plazo de explotación. Pastor especificó
que el instrumento dedicado al rescate será la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
Según varios medios del grupo
PRISA, la opción de nacionalizar autopistas es un último
recurso pensado para dos concesiones en concreto: la Madrid-Toledo (AP-41),
que operan Isolux, Comsa, Sando y Azvi; y la Eje Aeropuerto (M-12), en
manos de OHL. Ambas se han visto lastradas por la construcción de
vías paralelas gratuitas que han dado al traste con los planes de
negocio. En el caso de la AP-41, las constructoras que participan en la
concesionaria, y que han comprometido 525 millones de inversión,
llevaron al Estado hasta el Tribunal Supremo reclamando 420 millones. De
esta cifra, el anterior equipo de Fomento reconoció un perjuicio
valorado en 100 millones por la decisión de no prolongar la autopista
de pago hasta Córdoba. El proyecto evitaba el paso de Despeñaperros
y ahorraba 70 kilómetros en los desplazamientos entre Andalucía
y Madrid, lo que suponía un acicate comercial para la autopista.
Los 320 millones restantes que demandan las empresas están relacionados
con la puesta en servicio de la carretera madrileña M-407, paralela
de la AP-41 promovida por la Comunidad de Madrid exenta de peaje. El hecho
es que la Madrid-Toledo opera a un 10% de sus estimaciones de tráfico.
Además, se ampliarán
los plazos de concesión; se facilitará la entrada de fondos
de inversión y de pensiones en el capital de las concesiones, y
se limitarán los riesgos de sobrecoste por expropiaciones y demanda
que actualmente afrontan las concesionarias. La intervención por
parte de Seittsa responderá a la responsabilidad patrimonial de
la Administración prevista en los contratos concesionales para atajar
casos de insolvencia. Seittsa es una sociedad mercantil estatal promotora
de infraestructuras terrestres. Nació en 2005 y, además de
ser uno de los motores inversores de Fomento, en los últimos años
se le ha encargado el desarrollo de un marco de colaboración público-privada
para financiar proyectos del ministerio.
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